LA TRADICION JURIDICA DE SAN LUIS GILBERTO...








LA TRADICION JURIDICA

DE SAN LUIS


GILBERTO SOSA LOYOLA

(Año 1944)







































INDICE

ESTUDIO PRELIMINAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PREFACIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
INTRODUCCION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
LA TRADICION JURIDICA DE SAN LUIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ORIGENES Y CENTENARIO DEL PODER JUDICIAL DE SAN
LUIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
LA CONSTITUCION ALBERDIANA DE SAN LUIS DEL AÑO 1855
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
UNA EPOCA MEMORABLE EN LA VIDA JURIDICA DE SAN
LUIS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
PRIMEROS PASOS DE LA JUSTICIA NACIONAL EN LA
PROVINCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
EL CODIGO PROCESAL UNICO DE 1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LA EPOCA DE LOS CODIGOS ORGANICOS. . . . . . . . . . . . . . . 54
LAS APROXIMACIONES HISTORICAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
LOS DOS LLERENA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
UN VIGOROSO REFORMADOR DE INSTITUCIONES: EL
DOCTOR TOMAS JOFRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
EL PODER JUDICIAL DE SAN LUIS Y SU REFORMA. . . . . . . . 99
APÉNDICE DOCUMENTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107



ESTUDIO PRELIMINAR

SEGUNDA EDICIÓN


Es de agradecer que el Fondo Editorial Sanluiseño reedite esta obra
fundamental del distinguido jurista e intelectual puntano Gilberto Sosa Loyola.
Y agradecimiento, además, por dos motivos: primero, por la importancia del
repositorio incluido y la magnitud y especialidad del esfuerzo editorial, que hace
accesible y permite difundir libros fundamentales de la cultura de San Luis. En
segundo lugar, señalar la oportunidad de esta reedición, al filo del siglo, que se
enriqueció con algunos trabajos realmente valiosos de los hijos de esta provincia, que
integrarán sin duda alguna el acervo más calificado del repertorio de obras
esenciales.
Gilberto Sosa Loyola es un precursor de la investigación jurídica provincial,
especialmente para los que vivimos inmersos en la civilización moderna, pues,
aunque el autor naciera en la última década del siglo XIX, vivió y actuó en nuestro
siglo, precursor de las actuales formas de vida. Esto nos permite entrar en su mundo
con toda facilidad, comprendiendo sus luchas, hal azgos e inquietudes y las etapas
que avizorara en sus años plenos.
Como dice con acierto Alberto Godoy Colombo en el Prefacio, escrito en
Buenos Aires en diciembre de 1943, “Gilberto Sosa Loyola con ese amor a la tierra
provinciana, con la admiración del que sabe por los maestros de verdad, con ese estilo
fluido y elegante que l eva con interés sobre sus páginas, nos ha dado La tradición
jurídica de San Luis. Con él andamos a través del tiempo puntano, como romeros que
remontamos la Historia y que aprehendemos, en cada recodo de nuestro itinerario, la
fuerza de la tier a, el jugo nutricio que se ha incorporado a la Patria y que ha
florecido en Instituciones perdurables, básicas de la civilización Argentina”.
El origen de La tradición Jurídica de San Luis lo ha destacado el autor con
noble y fino espíritu, en la Introducción de la obra. “El contenido de este libro –dice-
no es una Historia institucional propiamente dicha, con el método condigno, ni con el
ajuste cronológico estricto. Es como se echa de ver con una ojeada al índice, apenas
un conjunto de monografías sueltas, algunas conferencias aisladas y un proyecto
presentado como convencional durante la última reforma de la Constitución de la
Provincia, que reunidos abrazan una época equivalente a una centuria. Hay sin
embargo en todo una unidad de propósito”.
Y seguidamente, especificando el concepto, amplía la justificación. “La vida
pública, la evolución de las instituciones de un pueblo, no marcha exactamente con
Cronos, el viejo adusto de la ampol eta. Marcha lentamente, otras a saltos; alguna vez
a salto de mata… Creemos sin embargo que hay cierta unidad en estos trabajos y la
trabazón lógica que le imprime la homogeneidad del propio asunto, para hacernos la
ilusión que ofrecemos a los lectores, un libro casi orgánico de Historia”.
La obra para el autor es, como dice en la Introducción, “que hay cierta unidad
en estos trabajos y la trabazón lógica que le imprime la homogeneidad del propio
asunto”. El o pues configura el contenido principal del libro y desarrol a temas que
van forzosamente implicados y que son objeto específico de otros estudios.
El libro se integra con un Prefacio y trece capítulos, uno de el os de
Introducción. Comienza con “La tradición jurídica de San Luis”, donde muestra su
amplia visión de la realidad histórica de la provincia, desde sus orígenes, iniciando el
estudio con una contundencia: “en la formación de la conciencia legalitaria de un
pueblo, hay una lenta y trabajosa elaboración”. De eso se trata precisamente.

“Alcanzar ese estado de conciencia, es la meta a que se aspira por parte de los
gobernantes o de los rectores de la marcha de un país”. El capítulo rico en
referencias que estimamos fundamentales, concluye, con dos conceptos definitorios
del pensamiento del autor. “Expresión del liberalismo político, lo hemos dicho, fue la
Constitución puntana de 1905, una de las más adelantadas y completas del país en
ese momento, no transformada en su esencia por las últimas reformas”.
“Fruto de ese clima de progreso y liberalismo institucional que caracteriza el
gobierno del Dr. B. Rodríguez Jurado, fue en fin el Código de Procedimiento
Criminal que redactó el Dr. Tomás Jofré (1907) imbuido de las conocidas teorías
reformistas de su autor, código bril ante y el más avanzado en su hora, no sólo en el
país sino también en América meridional como se destaca en un capítulo de este
libro”. Los otros estudios que se incluyen se relacionan con los orígenes del Poder
Judicial de San Luis, aportando y señalando la documentación y el mérito de los
primeros órganos judiciales puntanos. La Constitución alberdiana de San Luis de
1856, que marca un momento esencial en la vida histórica de la provincia. Una época
memorable en la vida jurídica de San Luis, por la gravitación del jurista mendocino
Dr. Manuel A. Saez y su influencia real en los primeros años de la organización
institucional. Los primeros pasos de la justicia federal en la Provincia y las cuestiones
que la jurisdicción debió considerar y la relación de sus principales actores1. El
Código Procesal único de 1878 y los comienzos del derecho formal en nuestra
legislación. La época de los códigos orgánicos y la labor desarrol ada por los juristas
de nuestros comienzos. Las aproximaciones históricas: Vélez Sarsfield en San Luis y
sus conexiones políticas orientadoras. Los dos Llerena, Juan y Baldomero, que
caracterizan dos épocas y dos momentos de la evolución jurídica provincial. Un
vigoroso reformador de instituciones: el Dr. Tomás Jofré. La comprensión más aguda
y calificada acerca del ilustre penalista y procesalista puntano, que tanto gravitara en
su tiempo. El Poder Judicial de San Luis y su reforma, que caracteriza la brega
incesante del Dr. Sosa Loyola, con rara y singular tenacidad, como agudo
convencional constituyente y crítico político.
Gilberto Sosa Loyola nació en Luján –Provincia de San Luis- el 9 de
noviembre de 1894. Concluye sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de
San Luis y efectúa sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, egresando en 1919 con el
Título de Abogado y la tesis La facultad de indultar.
Militante de la Unión Cívica Radical, se radicó en San Luis dedicándose a la
actividad profesional y política en el radicalismo provincial y regional.
Lector agudo y conversador inteligente, comparte las horas de trabajo y
algunas funciones públicas con la acción política militante y la investigación
histórica y Jurídica.
Fruto de esa labor constante y sostenida 2 son sus estudios y trabajos:
“alrededor del Cincuentenario del Código Civil” (1919); “La facultad de indultar”
(1919); “Urquiza, una visión personal del vencedor de Caseros” (1921); “Las
estatuas (apuntes para un diálogo insustancial)” y “Martín Lucero” (1933) 3; “Un

1Los cuatro siglos de San Luis (1594-25 de agosto-1994), T. II, Junta de Historia de San Luis,
Fondo Editorial Sanluiseño. San Luis, 1996, que incluye un estudio sobre “Establecimiento de
la justicia federal en San Luis (1863-1883)” del prof. Dr. Abelardo Levaggi.

2Follari, Rodolfo S.- “Gilberto Sosa Loyola- 1894-1948”, publicado por la Dirección de
Publicaciones del H. Senado de la Nación en 1989.
3Periódico “Croquis” (mensuario cultural fundado y dirigido por el autor y secundado por J.
Miguel Otero Alric. números del 1º de junio y 1º de agosto de 1933. (Archivo de J. Miguel Otero
Alric).

esbozo novelesco que ha quedado trunco” (1935); “San Luis del pasado” (1936),
ambos firmados bajo el nombre de Eugenio de Pantojas.
Participa como secretario de la mesa directiva del Primer Congreso de
Escritores y Artistas Cuyanos, efectuado en la ciudad de San Luis en junio de 1937,
auspiciado por el Ateneo de la Juventud Dr. Juan C. Lafinur, que fundara y
presidiera Víctor Saá.
Más adelante publica “Sarmiento y San Luis” (1938); “Víctor Hugo versus el
civilista Troplong” (1939), trabajo que ha permanecido sin publicar.
Durante el año 1939 presidió el Rotary Club de San Luis y le cupo una muy
importante y destacada gestión en los orígenes en la alta casa de estudios que ese año
que ese año se fundara en Mendoza como Universidad Nacional de Cuyo.4
La década del cuarenta es la última y la más rica en la labor intelectual del
Dr. Sosa Loyola. Ese año da a luz “La Revolución Unitaria de 1840 en San Luis”,
con motivo del centenario de aquel hecho de la vida política puntana de noviembre de
1840. En 1940 participó como representante de la minoría de la U.C.R. en la
Convención Constituyente Reformadora de la Constitución Provincial, con un
original y calificado proyecto sobre la Organización del Poder Judicial, que fue
finalmente retirado al rechazarlo la mayoría Demócrata. Ese proyecto fue incluido
por el autor como capítulo XII del presente libro.
En 1943 publica “El Constituyente Llerena por San Luis”, trabajo que
presentara en el Congreso de Historia Constitucional que se celebrara en la ciudad de
Santa Fe, al cumplirse en mayo de ese año el noventa aniversario de la Constitución
nacional.
Desde el año anterior el laborioso jurisconsulto madura la idea de organizar
una institución representativa de los abogados de San Luis. En efecto y como
señalara entonces5 “con fecha 27 de marzo de 1944 un grupo de colegas nos
reunimos disponiendo la constitución o creación del Colegio de Abogados de la
ciudad de San Luis, resolviendo en dicha sesión designar una comisión para la
redacción del Estatuto del Colegio futuro…”. El flamante Colegio de Abogados
dispuso también integrar otra comisión para que se expidiera con relación al
Secretario de la Intervención Federal 1.115 G del 16 de marzo de 1944 que decidía la
reforma del Código de Procedimientos en lo Criminal de la Provincia, vigente desde
1909. La comisión que integrara el presidente del Colegio propició prontamente una
declaración del cuerpo, que redactó totalmente Sosa Loyola y que l eva como título
“Las Intervenciones Federales no pueden legislar ni reformar códigos”, fechada el
31 de marzo de 1944. La misma tuvo amplio auspicio en la prensa provincial y en casi
toda la república. 6Y hasta una significativa repercusión política.
La declaración del Colegio de Abogados, luego de un riguroso y
fundamentado análisis doctrinario y jurisprudencial, concluía de la siguiente forma:
“A mérito de los expuestos fundamentos, el Colegio declara: 1) Que no considera
oportuno ni necesario, por ahora, la reforma del Código de Procedimientos en lo
Criminal de la Provincia; 2) Que los Interventores Federales carecen de facultades
para reformar los códigos”.
Al frente del Colegio, el Dr. Sosa Loyola continuaba jerarquizando su labor
social con su trabajo constante, su ejemplo y su brío intelectual. 7

4Fourcade, Hugo A.- Los comienzos de la vida universitaria en San Luis y el papel del Rotary
Club local. San Luis, 1980.
5Colegio de Abogados de San Luis. Memorias del Año 1945/46.
6Idem-Memorias citada.- Follari, Rodolfo S.,ob.cit.
7 Follari, Rodolfo.- Sosa Loyola y los estudios históricos en San Luis- Revista Investigaciones y
Ensayos, de la Academia Nacional de la Historia, Nº 39. Buenos Aires, 1989, p. 451 y
siguientes.

En febrero de ese año se había publicado en Buenos Aires, con el auspicio de
la Institución Joaquín V. González el libro “La Tradición jurídica de San Luis”, que
ahora el Fondo Editorial Sanluiseño reedita en segunda edición. Por cierto de
inmediato fue difundido y acogido por la crítica provincial y del país. El libro l enó el
vacío en los estudios jurídicos e históricos de nuestro derecho y abrió una brecha muy
rica para futuras investigaciones.
Poco mas tarde se edita un breve estudio “Un código a través de treinta años
de jurisprudencia”, a propósito del Código de Procedimientos Penales de la Provincia
de Buenos Aires, del comprovinciano Dr. Jorge García Quiroga, con referencia al
código vigente de 1915, del que fuera autor el jurista puntano Dr. Tomás Jofré.
En 1944 participa también con los historiadores Nicolás Jofré y Juan Carlos
Saá en el Libro “La fundación de San Luis”, que recoge el informe que elaboraran
por pedido del gobierno local. Este importante y fundamental estudio es una pieza
concluyente “acerca de la fundación de nuestra ciudad y de su ilustre fundador,
fundamentado en la documentación existente en nuestro archivo y en otros
repositorios conexos, que pone punto final, hasta nuevas probanzas, sobre el tema de
la fundación de nuestra ciudad”.8
Igualmente aparece en este año su relato novelado “Insula Criol a”, bajo el
nombre de Narciso Cobas. Evocación aguda de los tiempos de la crisis de 1890 en
San Luis, que epilogaron en la Revolución Radical del 29 de julio de 1893, dirigida
por el Dr. Teófilo Saá.
Escribe también este año “Amistad de colegas”, para el colegio de Abogados
que preside, con cálidas y emotivas expresiones de la vida profesional realizada en el
medio social puntano.
En diciembre de ese año disertó sobre el tema Abogacía y judicatura, estudio
que incluyera luego en su libro que l eva el mismo título, que no alcanzó a publicar.
A comienzos de 1945 las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo
designan al Dr. Sosa Loyola como Director del Instituto Pedagógico de San Luis y
profesor de la cátedra de sociología, labor que desempeñará por algunos meses.
La convención nacional de la U.C.R. Junta Renovadora elige en enero de
1945 al Dr. Sosa Loyola como Secretario, juntamente con el Dr. Nicasio Sánchez
Toranzo. Luego de las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946 resulta elegido
Senador Nacional por la provincia de San Luis, para el período 1946-1952. A partir
de entonces la labor parlamentaria absorbe toda su actividad.
En sus viajes a San Luis, participa en 1946 en un homenaje efectuado por el
Superior Tribunal de Justicia, al civilista Dr. Baldomero Llerena. Disertación que
luego incluirá en su libro “Abogacía y Judicatura”, que no fue publicado.
Dos estudios debemos consignar en esta enumeración de sus trabajos. En
1947, publica “Pringles – retazos de vida y tiempo”, evocación del héroe que conserva
inédita en su archivo.9 El otro trabajo, madurado hacía años, versaba sobre el juicio
oral en la reforma de la constitución de San Luis. El espíritu y la letra de ese estudio
fue recogido después en la Ley 1940, que estableció el juicio oral obligatorio en las
causas por delitos cuya pena máxima exceda de seis años de prisión o reclusión,
reformando así varios artículos del Código de Procedimientos Criminales e
implantando el juicio oral (marzo- abril de 1947).
En su vida militante, se desenvolvió con inteligencia y noble independencia y
señorío, advirtiéndose, desde los años juveniles, los elementos constitutivos que luego

8 La Fundación de San Luis – de Nicolás Jofré, Gilberto Sosa Loyola y otros. Fondo Editorial
Sanluiseño- Colección Documental- 22-4.
9Véanse las palabras explicativas del autor, datadas el 31 de mayo de 1947. De este clásico
estudio, hay una reedición dispuesta por decreto provincial del 3 de febrero de 1981, en que se
declaró “Año del Sesquicentenario de la muerte del coronel Juan P. Pringles”. La gestión fue
concretada merced a la tesonera y excelente labor realizada al frente de la Dirección Provincial
de Cultura por el prof. Mario C. Quiroga Luco.

formarían su personalidad integral. Supo seguir caminos en las dificultades y
encontrar finalmente el rumbo para sus largas inquietudes vitales. Había advertido a
través de su formación jurídica, el valor y el sentido de la historia, el sustrato moral
de la heredad, la presencia del espíritu como eje capital del accionar humano.
En la historia local encontró el germen o la semil a del árbol cultural. De tal
manera la búsqueda del material histórico presentido, va fijando un tono creciente en
la evolución de las ideas y los trabajos de sus mejores años.10
En los estudios y trabajos mencionados, indaga con preferencia la historia y lo
jurídico, no como simple cadena de hechos, sino en función de las causas sutiles que
los teje y vincula recíprocamente, otorgándoles razón y justificación. Como de una
medal a analiza y se interesa por el reverso de la trama social y política, visión que le
permite la comprensión significativa del proceso histórico y socio- jurídico de San
Luis. Luego de una breve e intensa actividad parlamentaria, falece en Buenos Aires
el 19 de octubre de 1948.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 1997.



Rodolfo S. Fol ari































10Trabajo citado en la nota (2).






PREFACIO

Primera Edición
Por
Alberto Godoy Colombo


LOS hombres pasan. Los pueblos se convierten en nombres. El Tiempo se
devora a sus obras. En el camino se pierden nobles ambiciones y quedan, entre los
zarzales –banderines al viento-, los lirios inmaculados de las esperanzas destrozadas,
teñidos con el dolor sangrado de muchos esfuerzos a quienes aplastaron las fieras de
Ahrimán: La intuición hecha mito. O la verdad hecha parábola.

Frente a la sucesión de vanidades, al continuo destruir y crear en que la porfía

lucha con una fuerza siempre renovada, se diría que el pesimismo del Eclesiastés es
la única y exacta interpretación del hombre, y su consecuencia epicúrea la norma
más conveniente para la vida.

Sin embargo, cuando se mide la distancia, no por el camino recorrido, ni por

los restos materiales que marcan el sendero, sino por la aproximación de la luz, que
nos atrae, al á, en la lejanía, hacia donde marchamos, o por el sutil Aliento que pasa
entre las malezas, se levanta de entre las garras de los monstruos del mal, se hace
palabra preñada de sentido y se escapa a la Estrel a, para volver con el fuego
revelador de algún secreto, que ayudará la marcha de la peregrinación interminable
de los que vienen detrás, el pensamiento se hace fuerte y se dice que existe el
Progreso y que la vida tiene el sentido que hace florecer el dolor, sonreír frente al
sacrificio y arrancar, de la fibra tensa de la voluntad, la nota sonora y segura que ha
de unirse a la armonía de los mundos.

Es el triunfo del Espíritu. El que vence al espacio y que está liberado del

tiempo. Átomo imponderable para los aparatos registradores de cantidades o para la
basta substancia sensible de la tierra. Pero, también, motor capaz de infinitas
posibilidades, que justifica el afán de los idealistas y de los que viven dignificando al
hombre. Así entre los pueblos, el hombre, y dirigiendo al hombre, el Espíritu.

En el orden social, la Justicia ha asegurado la Libertad y, con el a, el Espíritu

del hombre se ha acercado, como nunca, a la luz que le l ama.

Sin aquél a, la comunidad de hombres libres no podría existir, y sin esta, la

Justicia sería un ideal, cada vez más alejado, de una colectividad de seres hipócritas,
desgraciados a quienes se les ha negado el primero de los derechos, que es la Libertad
misma. Y la cultura de los pueblos está en relación con la ordenación jurídica que han
alcanzado y con la estructura política, organizada para la realización de su misión de
hacer a los hombres justos y libres.


Estudiar la evolución jurídica de un pueblo es seguir la línea del sendero
recorrido por este pueblo, para afirmar esa convivencia “armónica, permanente y
absoluta” que permitirá la realización de los fines del Estado.

Desde que se empieza a concebir un esquema jurídico regulador de la

sociedad, ya empieza a recor erse el camino, que nos aproxima al Ideal de la Justicia.
Y, a través de la práctica, de la rectificación constante, del retroceso inevitable y de la
conquista audaz que sorprende o intimida a los rutinarios, se sigue el ritmo del
progreso histórico, el continuo reverdecer de una comunidad determinada.

Gilberto Sosa Loyola, con ese amor a la tierra provinciana, con la admiración

del que sabe por los maestros de verdad, con ese estilo fluido y elegante que l eva con
interés sobre sus páginas, nos ha dado La Tradición jurídica de San Luis.

Con él andamos, a través del tiempo puntano, como romeros que remontamos

la Historia y que aprehendemos, en cada recodo de nuestro itinerario, la fuerza de la
tierra, el jugo nutricio que se ha incorporado a la Patria y que ha florecido en
Institución perdurable, básicas de la civilización argentina.
Sus palabras liminares nos dicen de su intención y de la medida de su obra.
Intención generosa de los estudiosos imparciales y trabajo sin pretensiones, pero
jugoso por lo que vale en realidad, pues, con él se enriquece la Historia local por el
aporte de hechos y de referencias concretos, no siempre conocidos, y la Historia
argentina por el análisis de causas que se proyectan y se encadenan a episodios
nacionales.

Joaquín V. Gonzáles nos ha dado un concepto claro de la Historia, al

decirnos: “Hoy la Historia no puede ser sólo relato animado y ardiente de los
tumultos y las batal as que la libertad y el heroísmo producen, ni las minuciosas
referencias de las intrigas, pasiones, rencores o disturbios que la pequeña ambición o
el afán del bien público encienden entre los hombres. El a es algo más grande, más
fecundo, más útil; estudia las leyes generales y locales, las influencias del medio
ambiente e intelectual, pesa las ideas y sentimientos dominantes en la época, sobre la
sociedad, la multitud y los hombres directivos, para deducir con exactitud y claridad,
lo que el pasado encier a de enseñanza para el porvenir”.

De acuerdo con el o, el libro de Gilberto Sosa Loyola será recibido con

verdadero interés por los historiadores y juristas del país.



Alberto Godoy Colombo,
Miembro del Instituto Cultural Joaquín V. González.

Buenos Aires; diciembre de 1943













I
INTRODUCCION


En los intermedios, por así decirlo, de la vida profesional. Dura como la
del espadero, hemos escrito esta suerte de Historia institucional de los últimos
100 años de la vida regular de San Luis, movidos por un afán de curiosidad de
nuestro pasado, a la vez que amor por nuestras Instituciones locales y también
¿por qué no confesarlo? Para evitar que nuestra historia las escriban los
“otros”, los de fuera, so pretexto de la inercia de las plumas comprovincianas.
Tenemos nuestros motivos para querer evitarlo y séanos perdonada la
intención.
El contenido de este libro, no es una Historia institucional propiamente
dicha, con el método condigno, ni con el ajuste cronológico estricto.
Es como se echa de ver con una ojeada al índice, apenas un conjunto
de monografías sueltas, algunas conferencias aisladas y un proyecto
presentado como convencional durante la última reforma de la Constitución de
la Provincia, que reunidos abrazan una época equivalente a una centuria. Hay
sin embargo en todo esto una unidad de propósito
No creemos en lo estrictamente cronológico. La vida pública, la
evolución de las Instituciones de un pueblo, no marcha exactamente con
Cronos, el viejo adusto de la ampol eta. Marcha lentamente, otras a saltos;
alguna vez a salto de mata… Creemos sin embargo que hay cierta unidad en
estos trabajos de la trabazón lógica que le imprime la homogeneidad del propio
asunto, para hacernos la ilusión que ofrecemos a los lectores, un libro casi
orgánico de Historia.
En cuanto al miraje con que se debe encarar a nuestro juicio esta clase
de estudios, a más de no ceñirse estrictamente a lo cronológico, debe tenerse
presente la enseñanza de FUSTEL DE COULANGES quien en un estudio
especial dijo “que la Historia del derecho no puede limitarse a ser Historia de la
legislación, porque ésta no resume en sí toda, ni aun la mejor parte de la vida
de aquél; la Historia del derecho supone el conocimiento de todo el medio
social en que se produce”.
Por otra parte, seguir el desenvolvimiento de las Instituciones puntanas,
no es puro escarceo de historiador en ocios, es que la materia prima se brinda
espontánea, como para asirla con la mano. San Luis desde muy atrás parece
ostentar una tendencia o proclividad hacia lo que ha dado en lamarse la
juridicidad; una clara aspiración por la formación de su conciencia legalitaria
propia por la perfección de sus leyes y un alto respeto por los hombres de ley.
Es una acusada tendencia de su espíritu histórico, apuntada sin capricho
después de la compulsa de los hechos.
El conocimiento del origen de las leyes y las magistraturas de un pueblo,
por otra parte, equivale al descubrimiento de su hora de madurez y de cordura.
Cabe al doctor Albel CHÁNETON el honor de haber despertado en el
país el interés por la Historia jurídica, esbozando los contornos de un programa
de su estudio* y sobre todo practicándolo en su magistral Historia de Vélez
Sarsfield cuyo método y cuya tonalidad de exposición hemos tenido siempre
presente al escribir el conjunto de trabajos que componen este libro, aunque lo

reconocemos, a penas alcanzando en el afán aprendiz, el ademán zurdo del
monaguil o que trata de imitar la mímica de la liturgia mayor…
En cuanto a la materia a que venimos refiriéndonos, no hay autoridad
más alta en España que ALTAMIRA quien expresó hace años que en dicho
país, la Historia del derecho español tiene más de historia externa que de la
interna, es decir, más de la aparición y circunstancias externas de las fuentes,
que de su contenido sustancial y su influencia sobre la evolución de sus
Instituciones. Redúcese además casi en absoluto, agrega, el estudio de las
fuentes legales y de los jurisconsultos célebres en cada época: sin pasar a
penas de éstos, de su biografía.*
Confesamos que esto mismo hemos hecho nosotros esta vez, sin lograr
el más al á.
Finalmente y para abandonar la temática del método y la orientación de
los actuales estudios de la Historia del derecho, sírvanos de respaldo y de
advocación la reciente opinión del eminente DEL VECCHIO, quien ha dicho a
este respecto, saliendo en defensa de estos estudios, considerados hasta hace
poco como meros devaneos: “En el ámbito del Derecho toda institución positiva
deberá estudiarse atendiendo a sus antecedentes; y cuanto más dentro
penetramos en la exploración de los mismos, obtendremos una noción tanto
más exacta y completa de la institución examinada. La comparación entre los
varios momentos de su vida, entre las diversas configuraciones por el a
adoptadas cor elativamente a la mudanza de las condiciones circunstanciales y
determinantes, es necesaria para descubrir rectamente el significado de la fase
de hoy y comprenderla en su naturalidad”.* *
Con estas reflexiones previas, entregamos el fruto de estas
investigaciones a nuestros lectores, plenamente concientes de que a penas
hemos abierto una brecha, en la masa de los sucesos desconocidos y
olvidados de nuestro pasado institucional con la firme convicción de que pronto
seremos superados por nuestros investigadores y más amplias perspectivas
históricas.
Siempre tenemos presente lo que dijo H. POINCARÉ con humilde
escepticismo al publicar uno de sus eminentes libros: “DESCARTES sentía
lástima por los jónicos: DESCARTES a su vez nos hace sonreír; sin duda
nuestros descendientes se reirán de nosotros algún día”.
Dispénseseme la ir everencia de la asociación de ideas y de nombres, al
hacer la transcripción!



G. S. L.
San Luis, 21 de enero de 1943









* La Nación: 29 de noviembre de 1921.
** R. ALTAMIRA: La Enseñanza de la Historia; pág. 454.
*** Giorgio DEL VECCHIO: Hechos y Doctrinas, Madrid, 1942; pág. 68.



II
LA TRADICION JURIDICA DE SAN LUIS


En la formación de la conciencia legalitaria de un pueblo, hay una lenta y
trabajosa elaboración. Alcanzar ese estado de conciencia, es la meta a que se
aspira por parte de los gobernantes o de los rectores de la marcha de un país.
Es necesario creer IHERING en la obra de la lucha por el Derecho, -sobre todo
en los países en formación- más que en la silenciosa y lentísima evolución
creadora de BERGSON con su solo “impulso íntimo y vital”. “El Derecho, dice
el incomparable filósofo, es el trabajo sin descanso, y no solamente el trabajo
de los Poderes públicos, sino también el de todo el pueblo…El Estado no
puede lograr mantener el orden legal, más que luchando continuamente contra
la anarquía que le ataca”.
Hemos de ver desfilar en este libro, la masa de hechos de la Historia
puntana, que abonan aquella vieja concepción del escritor alemán. El
gobernador doctor José Santos ORTIZ en 1820, v, gr., intenta crear por decreto
un poder judicial que aborta el medio de las invasiones de los CARRERAS y
demás malandanzas de la guerra civil en ese período. Primer ademán de
lucha. En 1832, un cuerpo constituyente orientado por unos candorosos
presbíteros, dicta aquel bárbaro estatuto constitucional para nuestra Provincia,
llamado Reglamento provisorio en que se alude accidentalmente a “jueces
ordinarios” y se conviene claramente en la necesidad de castigar con pena de
ochenta azotes, “el pernicioso vicio del robo”, aplicándose igual pena de azotes
(art. 3º) “a los malos jueces que disimulen esta clase de delincuentes”.
¡Sublime lucha jurídica la de constreñir a los Jueces inertes a que hagan
justicia contra el robo!
No menos lucha hay en el hondo afán de castigar en 1832, la fuga de los
Alcaldes de 1ª y 2ª instancia de la Ciudad por temor a una invasión anárquica,
“enorme y escandaloso atentado” – (como dicen comunicaciones coetáneas)-
en cuyo propósito punitivo rivalizan el Gobernador interino GÓMEZ y la h. Junta
de representantes de la Provincia, como se verá en el capítulo respectivo.
¿Abandonar la vara de la justicia, donde no había justiciables? ¿Enorme
atentado? Los hechos destilan grueso sarcasmo…
Pugna encomiable es la del Gobernador don Pablo LUCERO, al fundar
la Judicatura provincial en 1844, nombrando la primera Cámara de justicia, en
momentos en que la noción de justicia era un mito y el sentimiento jurídico algo
totalmente ausente.
Loable actitud combatiente por la legalidad, es la del Gobernador don
Justo DARACT más tarde, cuando a poco de sancionadas las Constituciones
nacional del 53 y provincial del 55 respectivamente, surgen en la oscura
entraña de la montonera aún latente, sendos y serios amagos de
levantamiento, como actos de resistencia y protesta contra la sanción de
ambos códigos políticos y que dicho gobernante ahoga con mano enérgica.
No menos vigor combativo hay en este gobernante –que pudiera
llamarse el gobernante de la legalidad-, cuando en 1858 se propone crear un
ambiente jurídico en San Luis, repechando áspera pendiente de ignorancia y
desértico indiferentismo por la ley, trayendo de fuera abogados y juristas a la
aldea remota, prohijando el primer Reglamento orgánico de justicia y pugnando

en toda forma por despertar el interés público por las cosas judiciales. Y
avanzando quizá muy a saltos, lucha enconada y sorda por el esclarecimiento
de la jurisdicción y delimitación de facultades entre la Nación y la Provincia, hay
en los ruidosos choques que se producen entre los Jueces federales OLMEDO
y ARREDONDO, desde el 64 al 76, y nuestros Gobernadores celosos de la
soberanía local hasta la vereda de enfrente! Y pugna colectiva y trabajosa hay
en fin, en que participan gobernantes, proyectistas, jueces y curiales por hacer
asimilar al medio, aquellos adelantadísimos y doctrinarios Códigos procesales
de 1883-1884 que como es sabido redactaron del CAMPILLO, DARACT y
RODRÍGUEZ en medio de la ignorancia jurídica de nuestro pueblo y
colectividad.





Echemos ahora una mirada de conjunto sobre la fisonomía general que
ofrece la historia de los últimos cien años de la evolución jurídica de San Luis.
Cuatro o cinco tendencias generales podemos esbozar.
Influencia clara y neta de Chile en nuestras prácticas y hábitos judiciales
desde el Coloniaje hasta la Organización nacional, período éste que inicia la
verdadera cohesión y unidad jurídica argentina con la irradiación de Paraná,
Buenos Aires y Córdoba. Recuérdase en efecto que Cuyo formó parte de la
Intendencia general de Chile hasta 1776; y tengamos presente que en Chile
iniciaron o completaron su preparación jurídica, los hombres que l egaron a
influir en nuestro ambiente local.
ALBERDI, residía en Chile y escribió en Valparaíso el Proyecto de
constitución que adoptaron las Provincias de Cuyo; Manuel A. SAEZ, el jurista
mendocino que proyectó el primer Reglamento de justicia para San Luis
comenzó sus estudios en Chile: Juan LLERENA, el constituyente ilustre del 53,
también hizo estudios jurídicos en Chile; y Carlos Juan RODRÏGUEZ, el
práctico sagaz de nuestros primeros Tribunales, estudió durante el destier o en
la República trasandina.
San Luis apunta una viva tradición jurídica, mejor dicho, un visible apego
por lo que se ha dado en llamar juridicidad. Es ésta como dijimos, proclividad
de su espíritu histórico, traducida en una neta aspiración por su formación
legalitaria, propia, por el afán de perfeccionar sus leyes y por el respeto de sus
hombres de ley.
San Luis ostenta en su Historia tres Constituciones y dos reformas
parciales en menos de ochenta años; cuatro Códigos procesales (distintamente
en lo civil y criminal) también en menos de ochenta años, cuando dos maestros
de Derecho de nuestros días, los doctores Henoch AGUIAR y Humberto H.
CABRAL de Córdoba, han dicho que “cincuenta años no son nada en la vida de
un Código”. San Luis se ha dictado en fin siete leyes de Imprenta en menos de
setenta años.(1)
Y en cuanto a sus representaciones en las altas asambleas de la patria o
en las magnas y delicadas tareas que le depararon los avatares de su Historia,
sólo pensó en las mejores personalidades jurídicas, tanto propias como
extrañas, de que pudo echar mano cada ocasión. En 1812 designa nuestra
Provincia como su delegado a la Junta de observación de Buenos Aires, al
eminente sacerdote y jurisconsulto doctor Antonio SAENZ, el célebre enemigo
del obispo LUE, rector de la Universidad de Buenos Aires, más tarde y Autor
del celebrado libro en su época Instituciones del Derecho natural y de

Gentes.(2) En 1824 nombraba al doctor Dalmacio VELEZ SARSFIELD como su
diputado al célebre congreso que iba a dar al país la ilustre Constitución
unitaria de 1826, que luego fué rechazada por los caudil os. En 1855, la
primera Convención constituyente reunida en la Provincia, se inspira en
ALBERDI para calcar de su Proyecto de estatuto provincial para Mendoza, su
primera Constitución local, bajo el gobierno de don Justo DARACT. Hombre de
alto criterio jurídico atrae a la Provincia este gobernante desde 1858, como un
raro pero ilustrísimo jurista que ha estudiado en Alemania y Chile y le encarga
redactar nuestra primera Ley de organización de la justicia como ya lo hemos
recordado. Y no olvidemos que el doctor Juan LLERENA jurisconsulto y
geógrafo puntano, es nuestro delegado a la Constituyente del 53 reunida en
Santa Fe. Son consejeros y abogados de nuestros gobernantes durante
luengos años jurisconsultos de la tal a de los doctores ELIZALDE, Ángel J.
CARRANZA, Onésimo LEGUIZAMÓN, etc., como consta en nuestros archivos
administrativos.
Un día de 1880, surge un intrincado y delicadísimo litigio de límites con
la Provincia de Córdoba que se prolonga durante años y que resuelve
definitivamente el laudo presidencial del general ROCA. La Provincia echó
mano de sus más ponderados valores locales y al á fueron, a terciar en el
arduo debate desde el joven jurisconsulto doctor Mauricio P. DARACT hasta el
doctor Juan LLERENA, sin contar la colaboración ulterior del doctor
LEGUIZAMÓN que actuó en la segunda parte del litigio, abogado extraño a
nuestra Provincia como es sabido.
Cuando en 1884, la necesidad de la época reclamó Códigos procesales
orgánicos y modernos para nuestros tribunales, el Gobernador CONCHA con
encomiable celo localista recordó que había en la Provincia hombres
capacitados para elaborarlos y sin reparo de colores políticos u opiniones,
recabó su colaboración. Como hemos de verlo en el capítulo respectivo, los
dos Códigos que redactó la Comisión Campil o-Daract-Rodríguez, fueron un
alto exponente de acierto e ilustración, sin necesidad de haberse recur ido al
consabido encargo foráneo…
Y si la viva tradición jurídica que ostenta nuestra Provincia, y que
caracteriza una faz de su individualidad histórica –como lo llevamos dicho-
fuera uno de los tantos Idola fori que llamara BACON, replegados en mi
espíritu, al í está para desmentirlo, procerosa galería de hombres de ley, que se
inicia con el nombre de los dos LLERENA, constituyente del 53 el viejo,
comentarista de la primera hora del Código de VÉLEZ, el sobrino, doctor
Baldomero LLERENA; el doctor Juan M. GARRO, el abogado-estadista de las
horas trascendentales y Ministro del presidente Roque SÁENZ PEÑA; el doctor
Eleodoro LOBOS, el abogado-financiero de los tiempos difíciles, dos veces
Ministro de las finanzas de la patria; el doctor Mauricio DARACT, el gran Juez
de la Corte; el doctor Carlos Juan RODRÍGUEZ, el experto agudo de nuestros
primeros pretorios provincianos; el doctor Tomas JOFRÉ, el vigoroso
reformador de las leyes del país, “nuestro último libertador en el orden jurídico”;
y en el fin, omitiendo otros más, cer emos la lista preclara con el nombre del
doctor Valentín LUCO el otro gran Juez de la Nación de probidad y agudeza
jurídica celebrada.
Otra tendencia de nuestro espíritu provincial, ha sido el constante afán
de perfeccionamiento y reforma de nuestras leyes, -noble inquietud que
recuerda al mito del Apolodoro…
Tres constituciones distintas y dos reformas parciales; cuatro Códigos
procesales en materia civil, siete leyes de Imprenta sucesivamente
promulgadas –todo en menos de ochenta años-, hablan a las claras de la

tendencia que apuntamos. Y terminamos con esta reseña de rasgos señeros
de un pueblo, poniendo de manifiesto el entrañable raudal espiritual de los
puntanos por el liberalismo institucional, político y hasta en materia confesional
si se quiere. El juicio oral (1884), la fácil y pronta libertad provisoria del reo, la
seguridad de la defensa, las máximas garantías individuales han sido
ostensible y laudable preocupación de las leyes locales desde el Reglamento
de justicia de 1858, Códigos procesales de 1883-84 hasta la gran Constitución
provincial de 1905, alto exponente de sabiduría y equilibrio institucional, a cuya
elaboración concur ieron de todas partes, como a toque de somatén intelectual,
lo más granado de sus hijos de San Luis. Dicho liberalismo institucional y hasta
en el campo profesional se perfila desde 1854, cuando el ministro don Carlos
Juan RODRÍGUEZ durante el gobierno de don Pablo LUCERO plantea ruidosa
cuestión de patronato ante el Obispado de Cuyo, entredicho constitucional
religioso que resuena en todo el país, inacostumbrado a estas lides
doctrinarias, planteadas precisamente desde Provincias.
Exponente de liberalismo institucional es también nuestro Código de
procedimiento criminal de 1884 (juicio oral, libertad bajo fianza, hábeas corpus,
semi-publicidad del sumario, amplias garantías de la defensa, etc.). Apreciación
errónea es desde luego, la del historiador mendocino doctor Carlos J. PONCE,
cuando en su reciente Historia del derecho procesal mendocino, dice
refiriéndose al Código de procedimiento criminal proyectado por el doctor Ángel
D. ROJAS en 1898 par Mendoza: “se trata del mejor Código sancionado en la
República hasta 1908, año en que la provincia de San Luis promulgó el
redactado por el doctor Tomás JOFRÉ”.(3) En efecto, el Código del doctor
ROJAS, con sumario inquisitivo y con plenario de tendencias al sistema
acusatorio, era un Código retrógrado, no digamos en frente del liberalísimo y
moderno de JOFRÉ, sino en comparación al nuestro de 1884 como acabamos
de verlo.
Revolucionaria afirmación del liberalismo institucional y hasta el ideismo
confesional, es el libro del abogado puntano doctor Víctor S. GUIÑAZU, que
aparece en esos momentos (1889): Separación de la Iglesia del Estado, que
causa sensación en nuestro medio en que campeaban aún las ideas
avancistas en materia legislativa del doctor DARACT y de don Carlos Juan
RODRÍGUEZ.
Otra ruidosa cuestión del patronato se promueve durante el gobierno de
don Adeodato BERRONDO, pocos años después.
Habiendo el vicario Meyer nombrado cura de San Luis al presbítero
Bajac en reemplazo del presbítero Gayoso, el Gobierno provincial se opuso a
que Bajac se hiciera cargo de la curia, alegando derecho al ejercicio del vice-
patronato. Producido el conflicto el gobernador ordenó la prisión de ambos
presbíteros.
El Presidente de la Nación, doctor J. Evaristo URIBURU. Habiendo
recibido quejas del Bajac, previo dictamen del Procurador general de la Nación
doctor Sabiniano KIER, resolvió declarando que los gobernadores de Provincia
no pueden pretender ni en parte el ejercicio del patronato que corresponde en
totalidad al Presidente de la República, ordenando la libertad a ambos
sacerdotes(4).
Expresión del liberalismo político, lo hemos dicho, fue la constitución
puntana de 1905, una de las más adelantadas y completas del país en ese
momento, no transformada en su esencia por las últimas reformas.
Fruto de ese clima de progreso y liberalismo institucional que caracteriza
el gobierno del doctor B. RODRÍGUEZ JURADO, fue en fin el Código de
procedimiento criminal que redactó el doctor Tomás JOFRÉ (1907) imbuido de

las conocidas teorías reformistas de su Autor, Código bril ante y el más
avanzado en su hora, no solo en el país sino también en América meridional
como se destaca en un capítulo de este libro.
Como se ve, gozar de leyes las más adelantadas y liberales fué
inquietud característica de nuestros comprovincianos.
La Provincia cuenta, pues, en su haber con cien años de práctica legal;
centuria de vida judicial también que va a cumplirse en marzo de 1944 lo que
nos permite una apreciación de conjunto de la fisonomía jurídica de San Luis,
que bien o mal dejamos reseñada.
Lento y fatigoso ha sido el camino recorrido por nuestras Instituciones
hasta llegar a la meta ansiada.
Cuando hemos ojeado viejos procesos de la época colonial de nuestro
Archivo público, inventarios, reclamo de tier as, causas por injurias y calumnias
sobre todo, numerosísimas, sólo encontramos multitud de chismes lugareños,
en esas épocas en que el puntil o de la honra castel ana era desmesurado
como una sierra. ¡Ni un adarme de Derecho!
En 1858 arriba a San Luis procedente de Mendoza el licenciado don
Damián HUDSON, el culto historiador que escribió los conocidísimos
Recuerdos históricos de Cuyo. Viene a promover un juicio posesorio ante
nuestros Tribunales por unas tierras linderas con el río Desaguadero.(5) Hemos
leído el expediente. La demanda casi sin fundamento de Derecho; la prueba
casi nula, el procedimiento manco. El Juez de lo civil señor RODRÍGUEZ no le
resuelve el pleito; posiblemente nuestro viaje y nuevas instancias y diligencias
y el Juez entonces doctor SAEZ, hace lugar al interdicto. Si HUDSON y SAEZ
no eran comprovincianos, eran conocidos o amigos evidentemente; ambos
eran varones de alta ilustración en Cuyo.
Nos parece que el ejercicio de las acciones judiciales, se fundaba en
aquella época más que todo en la dialéctica y la persuasión personal.
Los derechos no eran seguros; el proceso se respaldaba en la influencia.
Lo invadía todo la “selva romántica de la equidad aldeana”, dijera EXNER.
Largo camino andado.
Para apreciar la magnitud de lo recorrido, bueno es hacer historia de la
vida institucional de un pueblo.
No hagamos pues como los alegres venecianos del siglo XVIII –
recordados por AUNÓS el evocador de ciudades ilustres- que olvidaban
sonrientes en medio de su dicha presente, a aquellos precursores que echaron
las estacadas y pilotes en fango oscuro de los primitivos canales, para que
sobre esos cimientos pudiera elevarse la ciudad de mármol del Adriático.
La lucha por la conquista de las Instituciones en el pasado, es lucha en
el fango oscuro de la barbarie e ignorancia y fruto de ella es el palacio
marmóreo de la ley triunfante; la conquista del mundo de la seguridad legal…




Notas:
(1) Las fechas de promulgación de dichas leyes, son las siguientes: 15 de diciembre
de 1877, 22 de septiembre de 1882, 21 de noviembre de 1891, 8 de noviembre de
1898, 11 de julio de 1905, 15 de septiembre de 1923 y 14 de agosto de 1933.
(2) Ricardo SMITH: Historia del Derecho en Argentina; Córdoba, 1942, p. 189.
(3) Carlos J. PONCE: Historia del Derecho procesal de Mendoza; 1943; t. I, p.
413.
(4) Ministerio de gobierno de San Luis: Archivo, Decreto y notas; 1898.
(5) Archivo general: Expedientes Nº 19 y 42; Año 1858; Let. H.



III
ORIGENES Y CENTENARIO DEL PODER
JUDICIAL DE SAN LUIS
1844 MARZO 1944


No menos admiración por la elevación de las suntuosas columnas y la
edificación de los magníficos palacios de la nueva ciudad, -que se levantaba
para la hermosa cuan infortunada reina DIDO-, causó en Enéas según el libro I
del inmortal poema virgiliano, el espectáculo solemne pero maravilloso de la
creación de las leyes y el establecimiento de las magistraturas y el Senado que
iban a regir los destinos de la naciente Nación.
Es ciertamente loable y atrayente, sabe cuándo y en qué circunstancias,
nacieron las leyes y las magistraturas de un pueblo, exponente de su
verdadera cordura histórica y madurez de su civilización.
En doctor Abel CHÁNETON que ha enriquecido la literatura histórica
nacional con su magnífica Historia de Vélez Sarsfield, encarece la necesidad
de estudiar la Historia jurídica argentina o sea las transformaciones de su
Derecho privado, pues el fenómeno del desar ol o jurídico nacional, tiene
caracteres propios y singulares. Arrastrados un poco por la sugestión del
vigoroso historiador y nuestra propia curiosidad, hemos pretendido averiguar en
la Historia de San Luis, algunos antecedentes sobre los orígenes y la creación
de su Judicatura, cuando más no sea que en su aspecto meramente externo.
Sobre todo nos interesaba, desde cuándo databa el establecimiento
permanente y orgánico del Poder Judicial en la Provincia. Sabido es que
durante el Coloniaje, los Alcaldes de primero y segundo voto ejercían la
administración de la justicia de menor cuantía. Los vemos actuar en efecto en
numerosas causas que llena nuestro Archivo general.
Imposible ha sido formarnos una idea de las funciones de los Alcaldes
de barrio, como así también del Juez de policía, funcionarios al parecer con
actividades de policía judiciaria, -diríamos hoy- y cuya existencia notamos en
numerosas causas desde mucha anterioridad al año 1810. He dicho que nos
interesaba fijar la fecha de origen y creación de nuestro Poder judicial. Si
recurrimos a la Historia de GEZ, nuestra única obra de cronología de hechos
históricos de cuya autenticidad heurística aún de los más conocidos, no existe
en la actualidad documentación fehaciente, por desmantelamiento muy anterior
y aún reciente de nuestros repositorios públicos, -si recurrimos a GEZ,
decíamos, encontramos dos referencias con respecto al importante
acontecimiento que nos preocupa.
En marzo de 1820 se hace cargo del gobierno de la Provincia don José
Santos ORTIZ, licenciado en Derecho en Córdoba, lo que significaba una
circunstancia especial y señalada.
“Desde luego dictó una serie de medidas –dice el referido historiador-,
tendientes a regularizar la percepción de las rentas, organizó la policía de
campaña y constituyo el poder judicial, ínter el Cabildo funcionaba como
Legislatura. Así pues quedaban constituidos los tres poderes, dictándose reglas
de conducta hasta deslindar y fijar sus respectivas atribuciones”. [GEZ: Historia
de San Luis; t.I; o. 251].

La otra referencia a que aludíamos es la creación de la Cámara de
justicia, en marzo de 1844 bajo el gobierno del coronel don Pablo LUCERO,
sobre cuyo acontecimiento volveremos con más extensión. Sobre ambas
fechas debemos discriminar cuál es la que cor esponde a la verdadera
creación de nuestro Poder o Magistratura judicial.
Desde luego que las vagas y remotas pragmáticas del Gobernador
ORTIZ de 1820, no pueden servir de punto de partida de nuestro régimen
judicial más o menos orgánico y duradero.
En efecto, a poco de dictadas –y nada hemos podido encontrar al
respecto en el Archivo sobre su naturaleza-, ocurre una serie de
acontecimientos a cuáles más perturbadores para la estabilidad de las
Instituciones, así como para la organización judicial de un Estado; la invasión
de CARRERAS por dos veces en San Luis durante ese año de 1820,
provocando la fuga del Gobernador y de las demás autoridades de la Provincia;
luego las conocidas proporciones de la disgregación anárquica de las
Provincias, el anublamiento de la conciencia de la nacionalidad, etc. Un poco
más, y el rechazo de la Constitución de 1826 en la mayoría de las Provincias;
en seguida guerra con el Brasil y finalmente, terminación de la función
gubernativa de nuestro togado Gobernador ORTIZ.
Sería forjarnos ilusiones por demás ingenuas, creer en la supervivencia
del artificioso Poder judicial, de creación orticista, años más tarde. Con decir
que en el año 1821 no tenía Poder judicial ni la Provincia de Buenos Aires. En
efecto, dice el doctor CHÁNETON en la magnífica historia del codificador
argentino ya citada: “En el mensaje remitido a la Legislatura de Buenos Aires
por el Gobierno (RODRÍGUEZ- RIVADAVIA) el 24 de noviembre de 1821
proponiendo la supresión de los Cabildos, se habla de una organización de la
Magistratura… capaz de reparar la falta de Códigos. [T. II; p 15].
No podemos considerar pues el vago Poder judicial creado por decreto
del gobernador ORTIZ, como la primera fundación de la Judicatura puntana.
En efecto y para corroborarlo, recordemos el sesudo juicio que formula
sobre una vasta época de la vida pública de las Provincias, con anterioridad al
53, el doctor Juan P. RAMOS, uno de los primeros estudiosos del Derecho
público provincial argentino: “…todo en una palabra se conjuraba; dice; para
que la administración de justicia en las Provincias no revistiera los caracteres
de un verdadero Poder público, base de la adecuada organización del
Estado… La justicia no era el poder moderador de los abusos del fuerte, del
gobernador, de su grupo político; no revestía los caracteres trascendentales de
un verdadero Poder del Estado; no era un Tribunal que pudiera forzar a todos a
los pequeños y a los grandes, al respecto de la ley y de la Constitución”. [J. P,
RAMOS: El Derecho Público de las Provincias argentinas; t.I, p. 136].
Antes de ocuparnos en la creación de la Cámara de justicia de 1844 por
el Gobernador LUCERO, hagamos escala en este itinerario cronológico, -en
ese tosco y casi bárbaro Estatuto constitucional de 1832, dijérase una tal a
hecha en retamo nativo, a golpe de cuchillo gauchesco-, o sea el Reglamento
provisorio para el Régimen del gobierno de San Luis que hemos comentado en
otro lugar, quien al hablar de la Magistratura judicial sólo se refiere
escuetamente a “jueces ordinarios” y defensores de “pobres y menores”,
mandando suprimir la existencia de un “juez de policía” (Arts.13 y 14). Dicho
Reglamento no podía tener concepto de lo que era el Poder y la Magistratura
judiciales y eso que fuera redactado o proyectado por una comisión en que
había mayoría de presbíteros, cuando en su artículo 30 habla del “pernicioso
vicio del robo” que pena desde ochenta azotes, aplicándose igual pena de
azotes a “los malos jueces que disimulen esta clase de delincuentes”. El citado

artículo que aparea en la penalidad de los ladrones y a los Jueces, más
pareciera algún apólogo sarcástico de VOLTAIRE, sino denotara la barbarie e
ignorancia de una época.
Este mismo desconcepto sobre la Magistratura y funciones judiciales lo
da en 1832 la fuga escandalosa de los Alcaldes de primera y segunda
instancia, episodio que da cuenta la comunicación de fecha 3 de abril del citado
año, pasada por el Gobernador don Mateo GÓMEZ a la h. Representación de
la Provincia, y que, como dice la comunicación, “son motivos que obligan
imperiosamente al gobierno a poner en conocimiento de la H. R. de la Provincia
un hecho tan escandaloso como digno de la mayor consideración, mucho más
atendido las peligrosas circunstancias en las que se halla el país, para que
penetrándose de la magnitud de ese acontecimiento, provea su remedio, tanto
en la administración de justicia del que al presente carece [?], como en dictar la
pena que corresponde, pues la impunidad de este delito sería abrir puerta a
hechos de igual naturaleza”.[Archivo histórico: carpeta Nº 51, esp. 14, año
1832].
La Sala de representantes de la Provincia, en la misma fecha contesta al
Gobernador su comunicación anterior, que ha nombrado sustitutos con carácter
interino de los dos Alcaldes fugados, recayendo las designaciones en los
señores Leandro CORTEZ y Jerónimo ORTIZ.
Con respecto a la penalidad para los Alcaldes fugados la honorable
Sala, procediendo con “evangélica” mansedumbre y prudencia se excusa
pasando la pelota al señor Gobernador. “La honorable Sala ha resuelto así
mismo, -dice la comunicación de respuesta-, que la pena por tan enorme
atentado corresponde a los expresados Jueces de primera y segunda
instancia, es de la competencia del Poder ejecutivo, aplicárselas así por ser
jueces ordinarios sujetos al Poder ejecutivo [?] como por la tendencia que hace
su fuga en tiempo de guerra, que S. E. como Capitán general de la Provincia,
hace en defensa de ella, a la que convoca y debe concurrir todo vecino estante
y habitante, sin excepción de persona.
“El presidente que subscribe se honra en felicitar [!] a Su Excelencia a
quien se dirige con el aprecio y respeto que se le debe”.
Subscriben esta comunicación en que campean la lógica arqueada y la
zalamería irónica de las sacristías, los presbíteros Benigno LUCERO como
presidente y Francisco GAYOSO como secretario. Y ¡oh! contradicción
humana, se trata de los mismos presbíteros de la comisión redactadora y que
firman el célebre reglamento provisorio de gobierno de ese año, más ar iba
recordado, y que pena con azotes a los Jueces remisos en castigar a los
delincuentes…
En verdad, la causa de la fuga de los susodichos Alcaldes, obedecía a
que el gobierno de GÓMEZ se veía seriamente amenazado por las invasiones
de los coroneles Prudencio GUIÑAZÚ que amenazaba desde la campaña y
Pablo VIDELA del Sur, con propósitos de deponerle.
Pese no obstante, al mismo Reglamento de gobierno y a la doctrina de
los presbíteros al sostener la dependencia de los Jueces del P.e. con motivo de
la fuga de los Alcaldes “de Polvorosa”, en 1834, encontramos un acta de la
Sala de R.R. en la que consta “que es de su soberanía”, el nombramiento del
Juez de primera instancia en lo criminal, recayendo la designación de don
Rufino POBLET. ¿Era una buena reacción? ¿Era regreso al buen camino?
[Archivo histórico: carp. 64, Legajo Nº1; año 1834].
Los susodichos Alcaldes no cultivaban el sprit fort. Ha dicho con
elocuencia el doctor Octavio R. AMADEO, “que en países de organización
volcánica donde todavía los cráteres humean, es más fácil hal ar guer eros…La

aparición de los Jueces es un fenómeno de cultura ulterior…”. Sin pretender
que hubiéramos l egado a un período de decantación de pasiones, ni mucho
menos a un estado de cultura adecuada, durante el gobierno rosista de don
Pablo LUCERO, 1844, “en enero de ese año, -dice GEZ-, la honorable
Representación soberana de la Provincia habiendo concluido sus tareas
relativas a hacer frente a las necesidades que demandan la defensa de las
fronteras y las invasiones aisladas dirigidas por BAIGORRIA y otros unitarios
refugiados en el sur, resolvió dar por terminada su misión y al disolverse dejaba
instalada la Sala legislativa permanente, compuesta de cinco miembros y tres
suplentes.
“Instalóse, también por esa época la Cámara de apelaciones, siendo
electos para integrarla los señores don Juan Vivier, Tomás Prieto, Juan
Sarmiento, Pío Solano Jofré y Pedro Her era”. [GEZ: Historia de San Luis, t. II,
p.44]. Desde la fecha, marzo de 1844, en que se instala la Cámara de
apelaciones y se designan sus cinco miembros debemos contar como punto de
partida el nacimiento de la Judicatura y Poder judicial de la Provincia,
coexistiendo con una Sala de representantes y el Poder ejecutivo,
personalizado en don Pablo LUCERO Gobernador en un período de la historia
local, caracterizado por la tranquilidad y la forzosa paz de los habitantes.
Se trataba de una creación de la honorable Sala de representantes,
fuente de las leyes, como veremos, y no de un decreto del P. e. como el del
Gobernador ORTIZ en 1820.
Además, téngase en cuenta que subsistía en vigencia el Reglamento
Provisorio de gobierno de 1832, estatuto constitucional que admitía los tres
Poderes.
Había resurgido al fin casi espontáneamente en la ínsula rosista del
Gobernador LUCERO, ese magnífico artilugio político de la separación de los
tres Poderes que tu inventaste, “hombre de la puntiaguda faz de avechucho
¡oh! sombra togada de Carlos Luis Secondat, Barón de la Brède y
Montesquieu”,dijera Eugenio d’ORS¡
Si bien no hemos podido dar en nuestro archivo, ni en el de la
Legislatura con el documento auténtico de aquel a creación y designación de
Magistrados, debemos estar a la afirmación de nuestro único historiador, quien
seguramente lo compulsó. A un grado tal de conformidad, en hechos históricos,
debemos llegar, pues como he dicho, nuestros repositorios públicos se tornan a
medida que pasan los años, cada vez más desmantelados. Sin embargo
hemos encontrado documentos que corroboran la realidad histórica del
acontecimiento a que nos venimos refiriendo. Lo dice el siguiente documento:

¡Viva la Confederación Argentina¡
Gob. San Luis, Marzo 28 de 1844. a la Honorable Sala de R.R. de la Provincia.
Es pues llegado el tiempo en que el gobierno exija a V.H. la recepción de la Cámara
de justicia que se haya nombrado por la Soberanía, para que los individuos que la
componen entren a funcionar en el destino que la Honorable Representación les ha
conferido. Dios guarde a V. Hms. As.- Pablo LUCERO.- José Manuel FIGUEROA.

Como se deduce de los términos de esta comunicación, se echa de ver
que la Cámara de apelaciones fue nombrada por la Sala de representantes, lo
que significa indudablemente muestra de cordura institucional.
Un anhelo de cimentar y procurar el regular funcionamiento de los
Tribunales de justicia mediante el reglamento correspondiente, es la ocupación
loable del gobierno en ese momento, como se infiere de esta otra
comunicación a la Legislatura.


¡Viva la Confederación Argentina!
San Luis, Marzo 28 de 1844. Año 35 de la libertad, 29 de independencia y 15
de la Confederación Argentina.- A la Honorable Sala de R.R. de la Provincia. No
encontrándose los cor espondientes reglamentos que deben regir a los empleados
públicos como se deja ver en los Jueces de primera y segunda instancia y demás
dependientes del ramo de justicia, después del caso que emanando tanto estos como
el nuevo tribunal nombrado de la soberanía que enviste V. H., de allí debe recabarse
las respectivas atribuciones de cada empleado. Dios guarde a V. H. Pablo LUCERO.-
José Manuel FIGUEROA.

Y para que no quede duda, sobre el persistente afán del gobierno, del
señor LUCERO, de que la Justicia en la Provincia fuera una realidad y una
institución en marcha, meses después se dirige nuevamente a la Sala
legislativa pidiéndole una obra de codificación que no obstante la impropiedad
con que se emplea el vocablo, debe entenderse como la reclamación de algún
Reglamento de justicia o Ley orgánica, nada más. Dice la nota del Poder
ejecutivo de fecha 15 de junio de 1844;

A la honorable Sala de R. R. Deseando el gobierno arribar cuanto antes al
mayor orden que debe regir en la Provincia, se hace el deber de exigir de V. H. el
código de las leyes que la Provincia tiene dictadas [?] para su ejecución y de este
modo salvar toda equivocación en que puede inferirse y a la vez causar enormes
males a nuestra naciente y pobre patria. [Archivo histórico; 374, Fl. 10 y 13].

No ha llegado a nuestro conocimiento el Código de Leyes dictado, a que
alude la nota precedente; pero sin rayar de optimistas podemos asegurar que
se trataría a lo sumo de algún exiguo Reglamento o leyes sueltas.
Debemos pues, concluir en que el establecimiento de un verdadero
Poder judicial data desde marzo de 1844, en que comienza a funcionar regular
y permanentemente la máquina judicial como se infiere el examen de
numerosas causas y expedientes que obran en el archivo general de la
Provincia. Podemos tener por seguro que además de la Cámara de justicia
compuesta de cinco miembros, los demás “empleados concejiles” [sic] se
proveían por designación de la Sala de R. R. de la Provincia, y que eran los
siguientes según un acta que tenemos a la vista: un Juez primero en lo civil, un
Juez del crimen, un Defensor de menores, un Defensor de pobres, un
Depositario de vara del Juzgado de lo civil (suplente) y un Depositario de vara
del Juzgado del crimen.
De una nota del año 1844, que hemos tenido a la vista, don Melchor de
ZALAZAR, que se dirige desde Cerros Blancos y que se intitula Juez de minas,
se dirige al Gobernador delegado don José Manuel FIGUEROA, pidiéndole
remisión del Reglamento por el que debe regirse. Quiere decirse que existía
también en ese momento un Juez de minas.
En marzo de 1944 en consecuencia, hará cien años de la creación del
Poder Judicial de la Provincia, acontecimiento digno de ser recordado por lo
que significa como exteriorización del grado de civilización, de orden y de
cultura alcanzados por un pueblo.
Para terminar con el ciclo histórico que finaliza con la sanción de la
primera Constitución local (1855), debemos añadir que el mismo cuadro de la
Magistratura judicial que existía en 1844 subsiste sin modificación el 1853, con
la diferencia de que a esa fecha se ha aumentado el elenco magistratural con
el nombramiento de un Juez de comercio.
En efecto, según un acta que tengo a vista, el 5 de enero de 1953
reunidos en la Casa Departamental de gobierno, todos los ciudadanos
pertenecientes al gremio de comercio, en virtud de orden de convocatoria

expedida por el Exm. Señor Gobernador y presidida dicha reunión por el
encargado del Ministerio de gobierno, don Buenaventura SARMIENTO, a
efecto de proceder al nombramiento de un Juez de comercio de la Provincia
para que éste resuelva y defina los asuntos concernientes a este ramo; como
igualmente al de los vocales que deben asociársele. Resultaron electos para
dichos cargos los ciudadanos: Bernardo BAZÁN, Raimundo BARROSO y Juan
MENDOZA, que pertenecen al gremio de comercio de la ciudad.
Firman el acta doce ciudadanos comerciantes. [Archivo histórico: Tm. Nº
364, Fl 1].
















































IV
LA CONSTITUCION ALBERDIANA DE SAN
LUIS DEL AÑO 1855


Orígenes de la Constitución puntana de 1855. Alberdi y su Proyecto de
constitución para Mendoza.  El libro Elementos de derecho público provincial y
su difusión en Cuyo.  Terminación del periodo gubernamental del general
Pablo Lucero y advenimiento de don Justo Daract al poder. Una circular del
Ministro Derqui. Nuestra H. Corporación constituyente discute y sanciona la
Constitución de 1855.  Observaciones y aprobación de la Constitución por el
Congreso nacional. Promulgación y jura de la misma en la Provincia. Surgen
algunos enemigos de la Constitución jurada.  Efímera intangibilidad de dicho
estatuto histórico.

La Constitución puntana de 1855, es el más ilustre de sus estatutos por
ser el primero de nuestra era constitucional y porque proviene de directo y
auténtico cuño alberdiano por así decirlo.
Las primeras Constituciones de las tres Provincias de cuyo después del
53, como se sabe, provienen de aquel patrón clásico que elaboró ALBERDI
como proyecto de encargo para servir de Constitución de la Provincia de
Mendoza. Están pues ennoblecidas por el soplo inmortal del gran teórico del
constitucionalismo argentino.
Por ello es bueno recordar a la juventud, la historia de nuestras viejas
leyes para que reflexione ante la memorable circunstancia de que ciertas
Instituciones que nos rigen, -tienen semejanza de las antiguas normas
mosaicas- orígenes superiores, como nacidas en cumbre de monte sagrado,
donde ardieron zarzas de hondos afanes republicanos, en fuego de largas y
sufridas pasiones.
Gran significado histórico tiene pues, la primera Constitución provincial
que se dió San Luis, después del comienzo de la era constitucional en todo el
país, a partir del 25 de mayo de 1853, en que fue promulgada por URQUIZA
nuestra Carta fundamental.
Con anterioridad a esta última fecha, las Provincias habían vivido en lo
que llamaríamos, no con entera propiedad ante la comparación: el sistema
institucional inglés de leyes sucesivas y sueltas sobre Derecho público. Así
aquél as adoptaron un conjunto de reglamentaciones desarmónicas y aisladas,
que creían de buena fe ser Constituciones…
En 1832, San Luis había adoptado un Reglamento provisorio para el
régimen y gobierno de la Provincia, “el más pobre de los textos constitucionales
argentinos, sancionados por las provincias haciendo digna pareja con el
Estatuto de 1819 del general don Estanislao LÓPES… cuerpos de doctrina
bárbara” –como dice el doctor Juan P. RAMOS estudiando el Derecho público
provincial, anterior al año 53.(1)
Una copia de aquel malhadado Estatuto de 1832, le fue hecho conocer
al doctor RAMOS por nuestro comprovinciano el doctor Nicolás JOFRÉ en
1913 como reza una nota del primero. Alguien recientemente, creía haber

hecho una trouvail e al descubrir en nuestro Archivo histórico y administrativo
otra copia de aquel Reglamento. Desde antes de los tiempos del Eclesiastés,
que lo proclamó, pensé, no hay nada nuevo bajo el sol…
Promulgada la Constitución del 53 en mayo por URQUIZA, correspondía
que las Provincias se dieran sus Instituciones locales respectivas de acuerdo al
Art. 5º de la misma. El tiempo transcur ía inerte, sin que los gobernadores
dieran los pasos necesarios para darse cada Provincia su Carta local. ¿Había
quedado indudablemente el rezago de aquel temor supersticioso por el librito
misterioso de los antiguos caudillos? En otras provincias primaría quizá, la
voluptuosa inercia de los sátrapas criol os de antaño, en trance de desaparecer
en aquel momento, y que por tantos años hicieron in mente, suya, la
declaración que precisamente por esos tiempos (1847) escribiera Federico
Guillermo IV en un célebre mensaje de la corona.
“Créome aquí obligado –dijo- a hacer la solemne declaración de que, ni
ahora ni nunca permitiré que entre el Dios del cielo y mi país, se deslice una
hoja escrita [Constitución] a guisa de segunda providencia”.
En presencia de la demora, una ley del Congreso de la Confederación al
Nº 9 de fecha 29 de noviembre de 1854, emplazó a las Provincias por 8 meses
para que dictaran sus respectivas Cartas locales.
Ante la ardua y desusada empresa de articular una Constitución que
luego iba a ser examinada por el Congreso de la Nación, nada menos (facultad
derogada por la reforma de 1860 de Santa Fe), es imaginable la desazón del
Gobernador de San Luis, en aquella época de ignorancia en que sólo contados
hombres en el país estaban habilitados para semejante tarea intelectual. Algún
gobernante avisado, como el correntino, recurrió a los hombres del Paraná,
tocados del nuevo espíritu de las cosas y los sucesos y pidió sucesivamente a
los doctores Juan María GUTIÉRREZ y Facundo ZUVIRÍA, la confección de un
Proyecto de carta local como base.(2)
Sin embargo, en la vecina Provincia de Mendoza iba a encontrar el
Gobernador puntano la solución para sus perplejidades. El Gobernador don
Pedro SEGURA, -espejo de gobernantes diligentes, diríamos al estilo de
SAAVEDRA FAJARDO- ya en octubre de 1853, había enviado a la h.
Legislatura dos Proyectos de constitución que le habían brindado “hábiles
publicistas de reconocida reputación”. Seguramente se refería entre el os al
Proyecto de ALBERDI para Constitución de Mendoza, precedido de los
celebrados Elementos de derecho público provincial, editados en Valparaíso en
julio de 1853, según lo verifico con el pie de imprenta que tengo a la vista, del
ejemplar de la edición príncipe que poseo.
El Gobernador SEGURA al solicitar el famoso Proyecto de constitución
de ALBERDI, recurría al constitucionalista de más penetrantes vistas del
momento –como hoy recién lo sabemos- y que se encontraba en Valparaíso,
proclive a mirar a su patria en gran perspectiva melancólica y fría desde la
prolongada lejanía, como había de ser su destino. Sabido es que, las Bases le
habían hecho famoso en pocos meses en toda la República. ALBERDI antes
de darse a la tarea de pergeñar su Proyecto de estatuto provincial, había
requerido de SEGURA y de otros mendocinos, numerosos antecedentes de
legislación local. “Para concebir la Constitución de Mendoza –decía ALBERDI-
he tenido a la vista noticias infinitas y fidedignas sobre su territorio,
producciones, industria, renta pública, contribuciones, bienes de la Provincia,
deuda, sistema político anterior, régimen departamental, etc.”(3)
¡Que lejos íbamos a vernos, en comparación con el nuevo proyecto, de
las Constituciones provinciales anteriores, de subido tono retórico como las
cordobesas o de vacuo y detestable palabreo sobre libertad o independencia

como otras en que escarceó la adocenada pluma del Secretario del
Gobernador gauchi-político!
ALBERDI ponía por vez primera en el telar, hilos de experiencia y de
hondo realismo para tejer las nuevas Instituciones; es que se trataba de un
hombre de estado en cuya mixtura de temperamento “entraban lo experimental
y lo realista”, dice MATIENZO (J. N.); contaba con “su ciencia implacable y su
sarcasmo”, aduce GARCIA MEROU (M). Y un profundo y agudo conocedor de
los métodos en las Ciencias sociales el doctor Juan Agustín GARCIA ha dicho:
“El método de Alberdi es el de observación y experimentación; ya que debemos
ajustarnos a los hechos que son la vida y que de todas maneras se sobreponen
a las teorías.”(4)
Imaginemos la profunda impresión que haría su libro sobre Derecho
público provincial en la pequeña masa semi-ilustrada de los hombres de Cuyo,
que llegaron a columbrar el arte de hacer las Instituciones vivas y sabias en
base a los hechos sinceros y reales de las necesidades públicas y no por
espíritu de política pequeña y sórdida, cuando no por el odio y la persecución,
como en la época que se acaba de vivir y cer ada en CASEROS. ALBERDI,
con su tratado, iluminó las inteligencias de los hombres de pro y dirigentes
locales, enseñándoles la gran ciencia de la extensión de los derechos del poder
local, provinciano, en frente al derecho delegado al gobierno general del Estado
(Ver cap. II), en que podríamos sintetizar la definición de ciencia nova de un
moderno VICO argentino.
Al hojear el ejemplar del Derecho público provincial –que poseo en su
edición príncipe de 1853, como dije, cuyas páginas aparecen casi calcinadas
por el tiempo- pienso con emoción de bibliófilo que quizá sea el único ejemplar
auténtico que subsista en la Provincia de San Luis, encontrándose el único
ejemplar de Mendoza en la Biblioteca San Martín de aquel a Ciudad, cuya
cubierta en reproducción facsimilar litografiada, aparece entre las páginas 76-
77 del minucioso y metódico libro del doctor S. DANA MONTAÑO, Las
primeras Constituciones de Cuyo (1938).



Más de un año, después de la l egada a San Luis de los ejemplares del
aludido libro, tuvieron los hombres puntanos para leerlo y asimilarlo para la
Constitución que se dieron en abril de 1855, imbuida, va sin decirlo, en el
molde alberdiano. En abril de 1854, el Estado separatista de Buenos Aires
había dictado su Constitución provincial, atribuyéndose facultades de “Gobierno
nacional”. Al escribir ALBERDI, un año antes, su Derecho público provincial
señala proféticamente los males que había ocasionado y ocasionaría en el
futuro, el provincialismo fuerte y absorbente de Buenos Aires como un peligro
para la integridad de la Nación, tendencia siempre latente de “darse
Instituciones de Nación”. Por eso repetía ALBERDI en el libro que nos ocupa
este concepto hasta la sociedad: “Dad leyes sueltas si no queréis dar
Constituciones; cread costumbres si no queréis dar leyes sueltas: nada importa
eso para la organización con tal que por ley suelta o por costumbre, no deis a
la Legislatura de Provincia, p. ej., los poderes de reglar el comercio exterior, de
establecer aduanas, de levantar escuadras y ejércitos, de firmar Tratados,
etc.”(5) Es en este libro memorable sobre Derecho público provincial (julio 1853)
donde ALBERDI inicia esa acerba, agria y prolongadísima campaña contra el
Estado separatista de Buenos Aires, y contra la política porteña condigna,
después, -campaña que dura más de cinco lustros, que sirvió a los porteños

para hacer de ALBERDI el enemigo político Nº1 de Buenos Aires y que
concluye a medias con el libro La República Argentina, consolidada en 1880
después de la capitalización de la gran Ciudad del Plata y durante la última
visita del voluntario proscripto, a su patria. Pudo decirse de ese fuerte proceso
político iniciado y sostenido por el gran tucumano durante 27 años, como el
proceso de Warrens-Hasting: que se había acusado ante una generación y se
había pronunciado sentencia –si es que pudo haberla en verdad- ante otra
generación!. .
Tales los rasgos más sugerentes y el espíritu del libro que escribió
ALBERDI para explicar la vida política e institucional de las Provincias.



Por noviembre de 1854 y con posterioridad a las tempranas actividades
constituyentes de los mendocinos –que luego sirvieron de mucho al
Gobernador de DARACT, como hemos visto-, en San Luis habían ocur ido
acontecimientos de orden pacífico, pero de gran significado histórico.
Había terminado su tercer período de gobernador el general Pablo
LUCERO y aún cuando podemos asegurar que a esta altura de su vida, no se
había secado en su alma la líbido dominandi, sus deseos de “voluptuoso del
poder” –según los modernos historiadores sicólogos-, adivinó el gobernante de
pura cepa rosista, el clima distinto e impropicio de los nuevos tiempos
inaugurados con el Acuerdo de San Nicolás, al que asistió (hombre de cala y
cata, dijera Arturo CAPDEVILA). Es el caso que no se atrevió a solicitar a sus
gobernados un nuevo período de mando, entregando el P. e. a la h.
Representación soberana de la Provincia, con fecha 6 de noviembre de 1854.
Fue LUCERO un sincero lugarteniente de Rosas; gobernó su Insula con mano
fuerte bajo formas campechanas y patriarcales… Reprimió sangrientamente
una revolucioncita que le derrocó por días, habiendo fusilamientos, destier os y
confiscaciones… ¡Necesidades del orden en su feudo!
Inmediatamente que recobró su soberanía la h. Representación
provincial, eligió Gobernador provisorio a don Justo DARACT, designó los
miembros de la Sala de representantes, a la vez que integrándola con nuevos
ciudadanos que nombró, compondrían la “Corporación constituyente en la cual
queda delegada toda la soberanía de la Provincia para discutir y sancionar la
Constitución provincial”. El 16 de noviembre de 1854, se declaró instalada la
Corporación constituyente, iniciando sus tareas.(6)
Los originales de las actas citadas precedentemente, como así mismo
las de los debates de la Corporación constituyente de 1855, no existen en
nuestros repositorios públicos en la actualidad. Formaron parte de esos
cuerpos los hombres más representativos de la Provincia en esos momento,
como basta inferirlo leyendo la lista de sus firmas al pié de las actas. No los
dividían todavía los Partidos que iban a gestarse luego como una consecuencia
de Caseros, de los porteños después y de Pavón más tarde.
Cuando nuestra Corporación constituyente hacia ya más de dos meses
que se había instalado dándose al desempeño de sus importantes funciones,
llegó al Gobernador de la provincia una extensa y elocuente Circular suscrita
por el Ministerio del interior del gobierno de la Confederación doctor Santiago
DERQUI, de fecha 22 de enero de 1855, en que se le hacían serias y
sentenciosas exhortaciones sobre los deberes de los pueblos del interior en
esa hora. El tono de la Circular rebosa optimismo sobre el futuro de la
Confederación y los prósperos destinos del país a raíz de los recientes
Tratados ajustados en diciembre anterior con el Estado de Buenos Aires.

Con respecto a las Provincias y a la obligación de dictarse sus
respectivas Constituciones, el tono admonitivo de la Circular levantaba un poco
el diapasón:

…Casi dos años van cor idos ya, a que los pueblos de la Confederación juraron
con entusiasmo su Constitución nacional y sin embargo en la mayor parte de las
Provincias aún no se ha pensado siquiera, en formular las propias Constituciones. La
Constitución nacional en su parte 1º Cap. V imponía a las Provincias el deber de dictar
esas constituciones de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías; y
mientras tanto aún siguen en las Provincias antiguos reglamentos que por su espíritu y
las prescripciones que contienen, son un verdadero anacronismo en ésta época de
libertades y garantías, y si como esto sólo no bastase para el escándalo no ha faltado
Provincia en donde la duda sobre cuál era el reglamento que regía, ha producido
cuestiones estrepitosas entre los poderes que forman su Gobierno…(7)

La Circular excitó la actividad de nuestros constituyentes, siendo nervio
de las discusiones y de los despachos, los constituyentes coronel Juan
BARBEITO, don Mauricio DARACT, don Buenaventura SARMIENTO y don
Tomás PRIETO, los más posibles sabedores de Derecho en la asamblea,
según antecedentes l egados a nosotros. Se trataba de un militar con mundo el
primero, de un vecino muy discreto el segundo, de un licenciado de Chile el
tercero y de un comerciante discreto y práctico en Derecho de nuestros
pretorios locales el último. El 18 de abril de 1855 dió cima a sus tareas el
cuerpo constituyente, sancionando la primera Constitución de San Luis. No
entraremos a hacer un examen extenso de ella, porque correríamos el riesgo
de repetir inútilmente, lo que puede constatarse de una lectura.
Los Constituyentes puntanos siguieron las aguas del Proyecto para
Mendoza redactado por ALBERDI, ya recurriendo al libro de que hemos
hablado, ya yendo directamente a la Constitución que recientemente se había
sancionado para aquella Provincia.
Sobre el excelente cañamazo alberdiano, los constituyentes puntanos
introdujeron sólo algunas variantes, que empero son curiosas porque acusan
una tendencia basada exclusivamente en la experiencia local.
La Constitución puntana constaba de setenta y tres artículos. Al tratar el
Poder legislativo, confiaba al mismo, pero redoblado en número de sus
miembros, la función de elegir al Gobernador de la Provincia. Esta tendencia es
propia de los Estatutos provinciales pre-constitucionales.
El Poder judicial se caracterizaba por la inamovilidad absoluta de sus
más importantes funcionarios, como los miembros de la Cámara de justicia; por
otra parte su designación se hacía por el Poder ejecutivo de una terna enviada
por la Legislatura.
En nuestros días no han faltado en nuestras frondosas convenciones
reformadoras, propugnadores sensatos de este sistema de designación de los
Jueces en que se da participación a dos poderes y no a uno, por lo común
representado por la omnímoda voluntad del Gobernador. Evidentemente, a
medida que las reformas posteriores y sucesivas de las Constituciones de
Provincias se produjeron, se acusó la tendencia de robustecer la omnipotencia
de los Gobernadores y la inamovilidad de los Jueces se trocó en la semi-
inamovilidad, suprimiéndose desde luego las dichosas ternas de la Legislatura.
Evidentemente, al cabo de 86 años hemos retrogradado en materia de garantía
para los Jueces sin que nadie se escandalice en frío…Con respecto al P.e.
establecía que era ejercido por un Gobernador elegido por la Legislatura en
doble número al ordinario de miembros, con duración de tres años sin poder
ser reelectos sino con un período intermedio. Por el Proyecto de ALBERDI no

había inconveniente en la reelección seguida. Con respecto a la ausencia o
inhabilidad del Gobernador sólo podía tolerársela durante seis meses, pasados
los cuales se producía la vacancia del cargo. En los constituyentes puntanos
latía evidentemente una grave prevención contra los Ejecutivos fuertes, contra
las reelecciones que disimulan la perpetuación en el mando y contra las
licencias largas de ciertos gobernantes andariegos, campeadores y guerrilleros
que abandonaban sus ínsulas, para salir en cruzadas no siempre religiosas ni
patrióticas…¡Había ejemplos recientes que golpeaban el corazón!.
El proyecto, en su cap. VI, adoptaba la institución del Consejo de
gobierno, de invención alberdiana, que no tuvo aplicación práctica entre
nosotros. Finalmente es digno de hacerse notar que siguiéndose el canevás
alberdiano, el proyecto restableció los Cabildos coloniales. ALBERDI, era un
enamorado como se sabe de la antigua Institución municipal del Coloniaje.
Para muchos hombres del siglo pasado, el Cabildo, la Comuna con mayúscula
“eran –como después diría J. ORTEGA Y GASSET- palabras eléctricas que
descargaban en ellos infinitos orgasmos de voluptuosidad política.”(8)
Por el proyecto que comentamos, en cada Departamento existía un
Cabildo, debiéndose dictar la respectiva ley especial. Dicha ley nunca se dictó
en San Luis, ni nunca se reestablecieron los Cabildos soñados por ALBERDI,
según nuestras investigaciones. Una ley municipal del año 1864, al contrario
contradice la letra expresa de la Constitución local, adoptando simplemente los
Municipios y Comisiones municipales. Interesante sería un estudio sobre la
evolución de nuestro régimen comunal provincial.



Aprobado el proyecto de constitución de 1855, fue elevado al Congreso
de la nación para su examen y aprobación de acuerdo al art. 5 de la
Constitución nacional (suprimido en esta parte por la reforma de Santa Fe de
1860).
Después de un breve debate en ambas Cámaras de la Nación el
Proyecto de constitución fue aprobado con fecha 8 de setiembre de 1855
mediante la ley Nº 39, con algunas modificaciones. Las alteraciones que
introdujo el Congreso, muy sintéticamente consistieron en lo siguiente: suprimir
la atribución de fijar la fuerza militar para el servicio de la Provincia, facultad
que de acuerdo a la Constitución nacional, cor espondía evidentemente al
Congreso. Negaba por otra parte al P. e. de la Provincia la facultad de decretar
el estado de sitio en su territorio y la suspensión de la Constitución local en
caso de conmoción interior o ataque exterior. Esta atribución la confería a la
legislatura provincial el proyecto de ALBERDI. Más tarde, en 1863, se había de
producir la célebre polémica de RAWSON con SARMIENTO sobre este asunto,
en que, actuando como oradores de pluma, pues que el debate fue por nota,
pudo llamársele con justicia el encuentro de los gigantes aludiéndose con
prioridad al debate entre WESBTER y HAYNE. Fuera de otras supresiones o
modificaciones de detalle, finalmente suprimía el artículo que disponía la
acusación del Gobernador ante el Senado, hecha por la Legislatura en los
casos que hubiera violado o dejado de cumplir la Constitución, por crímenes,
defraudaciones, tiranía, incuria culpable, etc. Olvidó el Senado, en cambio,
enmendar aquello de la libertad de navegación de los ríos que tanto sirviónos
de mofa mas tarde.
La Constituyente puntana, sancionó finalmente, con las modificaciones o
supresiones hechas por el Congreso nacional, la Constitución de la Provincia
con fecha de 22 de setiembre 1855, siendo promulgada el 6 de octubre.

Teníamos, por primera vez, un cuerpo legal constitucional, revestido de
la autoridad de la ley de las leyes.
La fibra legal, que llamó VANNI, comenzaría a ganar la conciencia del
país. Con fecha 13 de noviembre de 1855, el Gobernador don Justo DARACT
–con la incontenible exultación de las grandes alegrías cívicas que rebasa por
las entrelíneas del decreto histórico que suscribe- recuerda “que la h. Asamblea
constituyente ha llenado ya su alta misión”, sancionando su Carta
constitucional; “que por consiguiente la Provincia de San Luis va ha entrar ya
en el régimen constitucional interino, asegurando para siempre su orden, su
libertad legal, los preciosos derechos del ciudadano y abriendo su marcha de
progreso, bajo la sólida base de sus Instituciones locales”. Se fija por dicho
decreto, el día 20 de noviembre del mismo año, aniversario de la instalación del
S. congreso nacional constituyente y de la elección del presidente y vice
constitucional de la República, para que en la Capital y en todos los
Departamentos de la campaña “tengan lugar la promulgación y jura de la
Constitución de la Provincia”.
Se dispone que el Jefe de policía, ordenará la reunión de vecinos del
Departamento de la Capital en la plaza pública de la Ciudad, donde se
verificara dicho acto, después de la misa solemne y tedeum que debe
celebrarse en la Iglesia matriz de la Ciudad. Los Jueces de paz convocarán al
respectivo vecindario de sus Partidos y presidirán el acto del juramento,
haciendo firmar el acta respectiva por los ciudadanos asistentes “con toda la
solemnidad y circunspección que su importancia y santidad exigen”.(9)
He leído, con emoción, dos o tres actas con la fórmula del juramento,
cubiertas con arrevesadas y complicadas firmas, que se encuentran el Archivo
de la Provincia, entre otras la de San José del Mor o y Vil a de Renca,
existiendo varias más. La fórmula del juramento es la siguiente que se fijó en el
decreto precedentemente citado:

En esta villa de…… a 20 días del mes de noviembre de 1855, nosotros
ciudadanos argentinos de la provincia de San Luis que suscribimos, juramos por la
Santa Cruz en que se inmoló el Redentor del Mundo, respetar, observar y defender la
Constitución de la Provincia sancionada definitivamente por la h. Asamblea
constituyente a los 22 días del mes de setiembre del año 1855 y que acaba de
promulgarse.(10)

Después de jurada la Constitución y del alejamiento de la Capital del ex
–gobernador general don Pablo LUCERO, que fue a radicarse en El Morro con
la nostalgia indisimulable de los buenos tiempos federales, comenzaron a
escucharse en la Capital y hasta en ciertos Departamentos, sordas protestas
contra la Constitución jurada y algunas amenazas sobre la restauración futura
de la causa federal derribada en Caseros. No eran ajenos a estos susurros los
amigos del ex –gobernador LUCERO.
Con fecha 22 de diciembre de 1855, el Gobernador DARACT tiró un
decreto motivado, expresando:

que está a su conocimiento, que el Orden constitucional tiene algunos
enemigos, que disfrazados bajo distintas formas, han podido sorprender y alucinar
algunos incautos, etc. Por ello ha acordado y decreta: Art.1º, Todo individuo que en la
comprensión del ter itorio de la provincia se refiriese ya de palabra o por escrito contra
algunas prescripciones de la Constitución nacional, o provincial, será reputado por
perturbador de la tranquilidad pública y enemigo del Orden constitucional y como tal
será ar estado, sumariado y remitido a esta Capital…para que sea juzgado etc. 2º,
Todas las autoridades civiles y militares de la Provincia, quedan encargadas de la

vigilancia y exacto cumplimiento de esta disposición bajo la más seria responsabilidad.
Art.3º, Publíquese en bando, imprímase, circúlese, etc.(11)

Como final de Norma con fecha 15 de febrero de 1856, con la pulcritud
de un rito olvidado, la Asamblea provincial constituyente, “considerando haber
llenado los deberes que le prescribe el acta soberana del 9 de noviembre de
1854, dio por terminada sus tareas declarándose disuelta”.(12)



Así termina el grande y memorable ciclo de afanes, que dio de su
primera Constitución –acuñada en troquel alberdiano- a la Provincia de San
Luis.
Poco más de quince años duró la intangibilidad de nuestra Constitución
de 1855 de tan ilustre origen. La respetó en cambio Mendoza cuarenta años.
Entre nosotros se creyó necesario reformarla y así se hizo en 1871 bajo el
gobierno del coronel ORTIZ ESTRADA.
La Constitución reformada suprimió la inamovilidad de los Camaristas
judiciales que establecía la anterior, suprimió el Concejo de gobierno y suprimió
los Cabildos que figuraban ya sólo en el articulado de la Constitución. Además
se restó a la Legislatura la facultad de elegir el gobernador, estableciéndose
por primera vez la elección por electores, metodizándose la técnica y
ordenamiento de las diversas Instituciones con un criterio, es cierto, más
moderno.(13)
Había en Grecia antigua una suerte de magistrados, los Nomotetas, que
aconsejaban muy de tarde en tarde las reformas de las Instituciones vetustas.
Nuestros nomotetas criollos esta vez, menos áticos y más presurosos creyeron
conveniente aconsejar una reforma para robustecer directa o indirectamente
las facultades del Gobernador de la Provincia, iniciándose así la tendencia de
hacer cada vez más omnipotente la autoridad del funcionario que ejerce el P. e.
de la Provincia.





























Notas:
(1) J. P. RAMOS: El Derecho público de las Provincias argentinas; t. I, p. 81 y 87.
(2) Hernán S. GOMEZ: Derecho público provincial. Instituciones de Cor ientes; p. 35.
(3) ALBERDI: Elementos de Derecho público provincial; p. 226. Ed. La Cultura
Argentina.
(4) J. A. GARCIA: En los jardines del Convento; p. 152.
(5) Alberdi: Elementos de Derecho público provincial; p. 217.
(6) Ver actas respectivas en Compilación de leyes de San Luis, por A. BARBOSA; t.
1º, p. 3 a 9.
(7) Archivo histórico y administrativo de San Luis; año 1855, leg. 12.
(8) J. ORTEGA y GASSET: La redención de las Provincias; 1931; p. 149.
(9) Archivo histórico y administrativo de San Luis; Año 1855, legajo Nº 2.
(10) Archivo histórico y administrativo; Año 1855; legajo Nº 5, sin ordenar.
(11) Archivo histórico y administrativo; Año 1855; legajo Nº 6, sin ordenar.
(12) A. BARBOSA: Compilación.....; p. 41.
(13) He podido tener a la vista los originales del Proyecto de la constitución de 1871, y
que llevan la fecha junio 21 de 1870. Lo firman los ciudadanos M. Gutiér ez, J. Pablo
Saravia, Presbítero Norberto Laciar y D…… [ilegible]. (Archivo particular del doctor
Adolfo BARBEITO, a quien debo el privilegio de la cita).








































V
UNA EPOCA MEMORABLE EN LA VIDA
JURIDICA DE SAN LUIS.

Influencia del Jurista mendocino doctor Manuel A. Saez


Gobierno de don Justo Daract. Llegada del doctor Manuel A. Saez.
Crisis de togas. Un Reglamento de justicia. Aquel primer periódico puntano.
Una grave cuestión interprovincial. Una af aire judicial. Choque de poderes.
Juicio final. “No hay historia inmaculada”.

Año 1856.- Se había esfumado en un necesario mutis por el foro,
llevándose su guardia criol a y su gran nostalgia de poder, la escorzada figura
del Gobernador rosista general LUCERO, sin darse cuenta como todo
empedernido actor público del nuevo momento histórico que entraba a vivir en
el país a raíz de Caseros, y del tácito repudio de los espectadores o
gobernados, hastiados de las gesticulaciones de aquel empedernido barba de
la escena federal local.
Ligado con todo esto hemos intentado estudiar en otro lugar cómo se
sancionó nuestro primer Estatuto constitucional local, la célebre Constitución
alberdiana de 1855, el primer paso por la senda de la suprema legalidad. Y
llegamos así al día 9 de abril de 1856, fecha de otro gran acontecimiento en
que la Asamblea electoral elige un carácter titular, Gobernador de la Provincia
a don Justo DARACT que había venido desempeñando hasta ese momento el
cargo en carácter interino.
Un ansia de vida nueva respiraban las Provincias y con el comienzo de
la era constitucional al amparo de la Carta fundamental de Santa Fe y de la
provincial, el imperativo de la Ley, la fibra legal nacía como una necesidad, en
la tibieza confortativa del orden y la paz interna.
El padre de nuestro Derecho público provincial argentino, ALBERDI,
como hemos visto, había dado a los provincianos y primero en el tiempo a los
cuyanos, un manual fundamental de Derecho público local, con motivo de
proyectar desde Valparaíso la constitución de Mendoza.
Tocábales pues a las Provincias, dar los primeros y difíciles pasos en la
vida jurídica, los más inciertos y difíciles por cuanto aún no había l egado la
época de la sanción de los Códigos sustantivos del país y las Provincias tenían
que comenzar ¡noblesse oblige! Su vida jurídica regular, improvisándolo todo,
pues para dar sus primeros vuelos, no tenían más ámbito que las vetustas
leyes españolas y aquel a Curia Filipica de vitanda recordación. El Gobernador
DARACT advertido el grave problema y las dificultades para resolverlo, pensó
indudablemente en que era primordial a todo, crear el clima o ambiente jurídico
para el inicio de una seria vida de las Instituciones judiciales.
Necesitábase a toda costa abogados o letrados.
Carecía San Luis totalmente en ese momento de togados universitarios
o tan siquiera de sabedores del Derecho. Sólo pululaban por nuestro inciertos y
destartalados pretorios de justicia, esos contados prácticos del procedimiento
colonial, minuciosos, formulistas, ignorantes y con más ítems y rúbricas que
reparos, degeneración del aprontado golil a colonial, trocado ahora en

desarrapado rábula de aldea. Menester es no olvidar tampoco al tipo de los
consabidos peritos de inventarios con iguales pretensiones… El Derecho en
manos de estos subalternos oficiantes, era repetición inacabable del formulario
de clisé, sin espíritu ni discernimiento personal de juridicidad alguna.
Justamente y cuando más se le necesitaba, llegó a San Luis en busca
de refugio el mendocino don Manuel A. SAEZ (a mediados de 1857), pariente
del Gobernador puntano. SAEZ llegó a nuestra Ciudad en circunstancias y por
motivos especiales que han callado o ignorado sus más fervientes biógrafos:
Juan COSTAU, doctor Edmundo CORREAS actual rector de la Universidad de
Cuyo, y nuestro historiador GEZ, su breve semblancista en San Luis.
Para medir la talla del personaje que llegábamos a albergar y que sería
el primer comentador en orden del tiempo, del Código civil del doctor VÉLEZ,
copiemos éste medal ón del doctor CORREAS burilado en un magnífico estudio
sobre el espíritu de Cuyo:

[SAEZ]. Ha estudiado Derecho en Erlangen y Berlín. Ha viajado medio mundo y
reunido veinte mil volúmenes en siete idiomas que domina.
Es superior a su tiempo. Se refugia en San Luis donde funda La Actualidad. Le
llaman de Santa Fe para organizar la Justicia comercial; La Rioja le encarga sus
Códigos; LASTARRIA y MACKENNA le ofrecen un puesto en la Suprema corte de
Chile, cargo que no acepta”. [E. CORREAS: Historia espiritual de Cuyo].

La cita informa una perspectiva total y póstuma de aquel a personalidad.
Digamos nosotros que al llegar involuntariamente el andariego como
ilustrado mendocino a San Luis en 1857, venía con todas las pasiones y
ardentías de la juventud. Gobernaba en Mendoza don Juan Cornelio MOYANO
y era su protegido y vocero oficial don Leopoldo ZULUAGA que escribía en el
periódico El Constitucional. En sus columnas escribía también SAEZ, pero una
grave diferencia con ZULUAGA le llevó a un enconado proceso de calumnias
que dio con los huesos de aquél en la cárcel de Mendoza. Momentos de
política brava y palos a los adversarios.
El mismo SAEZ nos lo contará en su periódico de San Luis, -se vió en la
necesidad de huir de la cárcel “para sustraerse al odio de una horda de
bandidos” [sic] y “la Prensa ministerial –El Constitucional de que es redactor
ZULUAGA, agrega- “el pasquín oficial de la familia… [ilegible] y asesina de
Moyano y de los estafadores Públicos y encubridores de los Ortiz y los
Maza…”. Copio el pár afo de La Actualidad, de 13 de junio de 1858, y los 84
años que nos distancian del suceso, hacen perder seguramente urticancia al
grueso venablo periodístico…
No llegó pues l amado nuestro ilustre huésped, “ni a Chile fue a buscarlo
el ilustrador Gobernador don Justo DARACT para que lo acompañara en sus
tareas de gobierno”, -como dice GEZ- (Historia; t. II, p. 124). El reparo cabe
igualmente para el doctor CORREAS que afirmó cosa parecida en una
conferencia sobre el ilustre mendocino.
Prescindiendo de las accidentadas circunstancias en que ocurre la
arribada forzosa del jurista SAEZ a nuestras playas, -es lo cierto y lo volvemos
a repetir-, que su presencia aconteció cuando más necesaria era. Muy cierto en
parte también lo que decía un agrio suelto de un diario mendocino de esos
días, “que San Luis del gobierno de don Justo DARACT, no había abogados ni
hombres que hubieran olido ni por las tapas la Recopilación o Las Partidas y
que así se explicaba hubieran saqueado a don V. B. condenándole a pagar $
14.000, negándole la ocur encia de un letrado de afuera”. Cierto lo primero;
calumnioso lo segundo.




Elocuente testimonio de la verdad (en cuanto a la falta de letrados), era
una tocante nota que pasaba a la ilustrísima Cámara de justicia –en esos días-
el Juez del crimen de la ciudad:

El escribano del Juzgado me ha hecho saber, dice, un auto de la ilustrísima
Cámara, en el que me ordena que mis sentencias sean suscriptas con mi nombre y
apellido en ves de media firma, atribuyéndome este hecho como falta de respeto, por
lo que se me apercibe. También se me apercibe por un sobreseimiento indebido, etc.
Suplico pues al Tribunal que me perdone mis faltas, pues debe tenerse en
consideración que ni soy profesor de Derecho, ni tengo Asesor letrado… Espero que
el Tribunal me dé por disculpado. [Fdo.]: Mamerto GUTIERREZ.

No menos tocante es la denegativa que dirige por esos días un vecino a
quien se quiere obsequiar con una toga de “hechura oficial”. “san Luis,
diciembre 7 de 1858. al señor Ministro gral. De gobierno don Buenaventura
SARMIENTO. He recibido la muy apreciable de V.S…. en la que se me
confiere habilitación de letrado en reemplazo del señor S.G. del Castillo.
Sumamente sensible me es Sr. Ministro, verme en el duro caso de declarar [¡]
justa excusación de éste beneficio, en razón de no tener siquiera la menor idea
de jurisprudencia por lo que me es moralmente imposible aceptar el
nombramiento con el que se me ha querido condecorar. Mi íntimo
agradecimiento, etc. [Fdo.]: Lucas Gerónimo PRIETO”. Si no hay ironía,
intencionada, la hacía PRIETO, como aquel que escribía prosa sin saberlo.
Casi por los mismos días de la l egada de SAEZ, se encontraba también
en San Luis, por llamado del Gobernador el abogado cordobés doctor Carlos
TAGLE, quien vino en compañía de su hermano el escribano José M. TAGLE,
que abrió su Notaría de inmediato. Se comenzaba a hacer el ambiente
jurídico…
Pero ante todo, ¿cómo estaba la Judicatura puntana? Podemos inducirlo
del siguiente acontecimiento. Con fecha 27 de marzo del año 57, el Gobierno
“invita a cumplir con sus deberes cristianos del Jueves Santo” –entre otros altos
empleados- a los siguientes:
Miembros de la ilustrísima Cámara de justicia,
Juez de primera instancia en lo civil y criminal,
Prior del Tribunal de comercio,
Promotor fiscal.
Tales eran los magistrados de nuestro modesto País en ese momento
histórico.
Con fecha 30 de octubre de 1857 se sancionó el Reglamento provisorio
de la Administración de justicia, proyectado por don Manuel A. SAEZ. El
Gobernador, en efecto, había pedido a aquél con urgencia un Proyecto de ley
orgánica judicial, de clamante necesidad en esos momentos.
Se componía el Reglamento de 185 artículos. Era una Ley de
jurisdicción y competencia. El Título I, trataba de la forma y organización del
Poder judicial de la Provincia: Jueces de alzada de los departamentos,
Juzgados de primera instancia de la Ciudad, el Promotor fiscal y un Escribano
para cada Juzgado.
La Cámara de justicia con un asesor letrado “cuando sus miembros o a
lo menos dos de ellos, no fuesen profesores de Derecho y un Fiscal y un
Escribano de cámara. El Tribunal de comercio se componía de un Prior y dos
Cónsules y finalmente una Defensoría de pobres, menores y ausentes. Se
reglamentaba minuciosa y desmesuradamente la ceremonia del juramento para

la aceptación de las funciones magistraturales. El autor del Reglamento y los
hombres de la época, creían firmemente como era de viso en la institución
sacramental del juramento como freno y como suprema atrición. El título II, se
ocupaba de la jurisdicción de los jueces y la inamovilidad para los miembros de
Cámara de acuerdo al Art. 26 de la Constitución local que se inspiró como
tantas veces lo hemos dicho en el Proyecto de ALBERDI. Los miembros del
Tribunal de comercio pasaban a ser elegidos por el P. e., quedando abolido el
curioso y democrático sistema de elección a simple mayoría de sus Jueces
hacían en asamblea los comerciantes de la Ciudad y que hemos visto
practicado en San Luis hasta las vísperas de la sanción de la Constitución local
del 55.
Venía la simpática Institución popular de elegir por mayoría los Síndicos
de comercio desde el Coloniaje, cédula eleccionaria del Consulado de Buenos
Aires y algunas leyes patrias. El sistema se practicaba también desde antaño
en Mendoza y San Juan.(1) No en balde durante la Colonia, Cuyo dependió en
lo judicial de la Audiencia de Chile; de aquí el parentesco de las viejas
Instituciones judiciales de las tres Provincias hermanas.
En su Art. 78, se preveía el delito de detención arbitraria, que era en
realidad el recurso de habeas corpus modernamente legislado. Finalmente, el
Reglamento contenía dos Instituciones procesales hoy totalmente abolidas y
desconocidas: el Juicio conciliador y el Arbitraje de familia. Interpuesta una
demanda civil y aún criminal de ciertos caracteres, el Juez ante todo citará a las
partes de un comparendo de conciliación, como obligación imprescindible. Las
convocaciones eran bajo pena de multa; cuando los Jueces finalmente
observasen “que la iniciación o continuación de una causa ocasiona
escandalosas disensiones y ruinas a las familias”, proveerán que dicha causa
se someta a Arbitraje familiar. Estas dos últimas curiosas Instituciones venían
usándose en las Provincias desde que las ensayó Buenos Aires en 1812,
adoptándolas Córdoba en 1835, Mendoza con su Juzgado conciliar de 1846,
etc.(2) SAEZ las tomó indudablemente de Mendoza para su Reglamento de San
Luis.
Hoy subsisten vestigios de la simpática y patriarcal Institución conciliar
en escasísimas disposiciones del procedimiento en vigencia (divorcio, Justicia
de paz, quiebras...) como subsisten en ciertos ejemplares zoológicos vestigios
de miembros u órganos atrofiados por el desuso y el transcurso de los siglos,
que dan idea empero de la robusta función desaparecida, conocido fenómeno
de morfología biológica que fijaron LAMARCK y DARWIN.



El Gobernador don Justo DARACT, una ves obtenido de su huésped el
Reglamento de justicia que hemos examinado brevemente, pensó en
aprovechar la pluma ágil y ansiosa de escarceos de SAEZ y le dio los
elementos para que pudiera editar el primer periódico de San Luis, que como
es sabido apareció el 28 de marzo de 1858 con el título de La Actualidad.
Estaba SAEZ aún tremante de despecho y odio contra sus persecutores de
Mendoza, el Gobernador MOYANO y su vocero periodístico ZULUAGA(3), y
hormigueábale en los dedos de seguro la acerada pluma para la venganza. No
era sincero ni en un ápice pues, cuando el editorial de salutación del primer
número de La Actualidad dice: “La libertad y la justicia encontrarán un
constante y decidido apoyo en nuestras columnas… Nos abstendremos en
cuanto sea posible –agrega- de tomar una parte activa en la política
escandalosa de algunas de nuestras Provincias hermanas, presas ya de la

mezquindad de los hombres de partido…”. Excusa no pedida, acuse de
intenciones…
En efecto, en el número del 22 de abril, aparece ya un editorial con
ataques en tono moderado contra el Gobierno de Mendoza. En el número 29,
otro suelto atacando al Gobierno de Mendoza y al “redactor subter áneo de El
Constitucional don Leopoldo ZULUAGA”.
En eso es designado Juez de letras en lo civil, de nuestra Provincia, el
doctor SAEZ, que ya lo vemos en función de periodista.
Ni lerda ni perezosa la pluma de ZULUAGA desde El Constitucional de
Mendoza, recoge los primeros pelotazos de su implacable enemigo de San
Luis y formula cargos contra el Gobernador DARACT, imputándole que hizo
jurar la Constitución Provincial a palos, que hizo elegir diputado nacional a su
hermano Mauricio y que no contento con este rasgo de ternura familiar nombró
Juez de lo civil “a su primo en segundo grado don Manuel A. SAEZ”. A estas
imputaciones responde ya La Actualidad con el accelerat o furioso de la
enconada y deslenguada diatriba. Sólo habla de “horda de bandidos” del
“pasquín oficial de la familia prostituída y asesina…” de Mendoza [sic].
En un tono de calma, con fecha 20 de junio La Actualidad ostenta un
largo y campanudo artículo sobre La responsabilidad judicial, de tono
académico: “¿Qué más de halagüeño puede presentar un país, que ofrezca
verdaderas garantías a la vida, a la honra y a la propiedad de los ciudadanos?
¿Qué más puede desearse –continúa- de que esté lejos de estar a juicio ante
un hombre de pasiones y que sea solamente juzgado por la fría estatua de la
ley?”. Cuán encomiable, en verdad, que la caridad comenzase por la propia
casa.
En medio de este ambiente encalmado, propicio a los editoriales
académicos sobre la estatua de la ley, llegan a San Luis como una bomba,
unos pérfidos oficios fechados el 13 de julio de 1858, uno del Juez del crimen
don Felipe ZORRAENDO al Ministro de gobierno de San Luis, y otro del mismo
Gobernador MOYANO dirigido al de igual categoría de nuestra Provincia,
pidiendo la captura y remisión a esta cárcel pública de los reos [?] Manuel J.
OLASCOAGA(4) y Manuel A. SAEZ, ambos mendocinos desempeñando este
último el empleo de Juez del crimen –dice el oficio- por lo que se debe arbitrar
los medios, ya que este último no puede evacuar la diligencia por su cargo,
etc.”. Ausente en ese momento el Gobernador DARACT, con fecha 23 de julio,
el Gobernador delegado coronel BARBEITO, contesta al Gobernador
mendocino el nefando oficio rogatorio, expresando “que en el primer momento
pensó devolver la nota, ya que implica, -dice-, una ofensa gratuita a mi
gobierno”, optando luego, no obstante, por rebatir el derecho de pedir
semejante extradición.
La Actualidad publica, con fecha 26 de julio, un erudito editorial sobre La
extradición de criminales con citas de Mr. de REAL, el marqués de
PASTORET, los tratados de extradición de San Ildefonso de 1765, el Mequinez
de 1799, el de Portugal de 1778, etc. Luce la erudición del jurista SAEZ…
Pero harto en seguida tronaron las artillerías gruesas de La Actualidad,
contra “el gobierno mazorquero de MOYANO”, agregando que en Mendoza se
confiscan los bienes de los ciudadanos, se degüel a y en alta noche se
profieren aún los gritos de ¡Abajo los salvajes Unitarios!, todo, inspiración “del
ratero Zuluaga” [sic].
Tan atronadoras fueron las andanadas que el Gobernador de Mendoza,
vencido moralmente en la diatriba al parecer, plantea una cuestión
interprovincial dirigiéndose al Ministro del interior de la Confederación,

acusando al gobierno de San Luis que con fondos públicos sostiene “un
Pasquín oficial”, que lo dirige el Juez del crimen nombrado por DARACT, don
Manuel A. SAEZ, agraviando al Gobierno de Mendoza con calumnias
escandalosas de que se hace eco –afirma- la Prensa enemiga de la
Confederación. Termina la nota, “dejando así formulada querel a contra el
Gobierno de San Luis y su Prensa, esperando que el Gobierno nacional, -
agrega-, sabrá administrar recta justicia, etc. [Fdo.]:Juan C. MOYANO.
Federico MAZA”.
Durante los días sucesivos hay calma en el Periodismo unilateral de San
Luis. Partidario acér imo el Gobierno de la Confederación y de los hombres del
Paraná, no menos violento es el lenguaje que emplea el periódico oficial, contra
el Estado separatista de Buenos Aires y sus hombres “el criminal y malvado
ALSINA”, que se atrevió –comenta por ahí- a llamar “ranchos miserables a las
trece Provincias de la Confederación”. Por lo demás, sigue el periódico de
SAEZ, haciendo cabal crónica de la vida judicial de San Luis en ese entonces;
se da la nómina de los juicios en trámite, se publican los primeros edictos
judiciales y con evocador tono de familiaridad lugareña se publican avisos
profesionales como éste: “Aviso. El infrascripto que abajo suscribe, tiene el
honor de anunciar al respetable público, que su Escribanía se halla al lado de
la botica del Sr. Castillo; y que será despachado a la mayor brevedad posible.
José M. TAGLE”. ¡Inefable año de 1858!
Con fecha 17 de setiembre renuncia el jurista SAEZ de su cargo de juez
de primera instancia en lo civil, la que es aceptada por el Poder ejecutivo.
En medio de esta calma inacostumbrada y como un trueno en tarde
serena en La Actualidad del 22 de setiembre, aparece un tremendo editorial
titulado Escandaloso atentado. Se denuncia el inexplicable proceder de la
ilustrísima Cámara de justicia, que en el juicio de concurso de acreedores de
don Benedicto FERNÁNDEZ, se ha admitido un recurso de apelación vencido
con creces en término de cinco días para apelar; es decir, que el recurso se
concede a los quince días ; se habla finalmente de escandalosas maniobras”.
De inmediato la ilustrísima Cámara dirige nota al gobernador quejándose
del editorial de La Actualidad, pidiendo la suspensión del periódico y llamando
la atención sobre la actitud del Ministro de gobierno, que se había permitido
llamar al asesor del Tribunal doctor Carlos TAGLE para inquirirle sobre la
causa por la cual había aconsejado admitir por el Tribunal, el recurso
extemporáneo y realizando otras averiguaciones extrajudiciales al respecto,
citando el Ministerio también al Promotor fiscal, “desconociendo por supuesto
las atribuciones del Sr. Ministro”. Firmaba la nota el presidente de la Cámara,
don Benjamín del Moral. Con fecha 29 de setiembre de 1858, el Gobernador
contesta la nota del Tribunal sosteniendo entre otras cosas que, “el Ministro [al
investigar el hecho] ha obrado dentro de sus atribuciones” y que se trataba de
un funcionario de su confianza, añadiendo: “el Ministro general como primer
Agente de Gobierno y superior inmediato de todos los empleados de la
Administración público, tiene el deber de velar sobre las relaciones de éstos
con las leyes…”. La Actualidad del día siguiente, comenta la nota de la Cámara
de justicia y dice con lógica arqueada y desconocimiento frío de la buena
doctrina: “No debe extrañar el superior Tribunal que el señor Ministro de
gobierno averigüe el porqué y razones de todas las cosas [!] puesto que a este
funcionario, la ley le confiere el derecho de inspección sobre los otros ramos
del Gobierno”.
Pasada en vista la denuncia al Promotor fiscal don Luis Ojeda, después
de examinar extensamente los antecedentes sobre la concesión extemporánea
de recurso de apelación en el concurso Fernández y fundándose en ley

dictamina aconsejando la suspensión del Asesor de Cámara doctor Carlos
Tagle y se aperciba seriamente a los Camaristas B. del MORAL, J. M. de la
TORRE y R. LUCERO y SOSA.
El P. e. suspendió en sus funciones de acuerdo el Art. 26 de la
Constitución de la Provincia(5) al Asesor doctor TAGLE, y “en cuanto a los
Camaristas que han entendido en el asunto el superior Tribunal deliberará
sobre la responsabilidad de ellos” [!].
Con fecha 29 de octubre, se reunió la Cámara y se sometió a la
deliberación lo resuelto por el P. e. y el acta dice: “El señor Camarista TORRES
[Dn. J. M.] disintió de la opinión del Asesor [interino don Tadeo ROJO] siendo
de parecer que el decreto del P. e. encier a un avance fuera de sus
atribuciones contra las prer ogativas e independencia del ilustrísimo Tribunal”.
Al final del acuerdo todos los Camaristas (menos el Asesor que traía
evidentemente la oposición del P. e.), estuvieron de acuerdo con la opinión del
Camarista de la TORRE, resolviéndose “se haga saber este punto de vista al P.
e.”. acto seguido, sin embargo, se añade en el acta, -que destempla, ¡lástima
grande! El tono de elevada firmeza con que se sostiene la buena y entonada
doctrina de la sagrada independencia del Poder judicial-, esta frase: Sin
embargo piden “se consideren estas observaciones como amistosas para el P.
e….”. ¡He aquí la faceta opaca!
En los días sucesivos escampó definitivamente en este cielo tormentoso.
Tal fue el resultado de este primer encontronazo entre los atávicos
hábitos de supremacía de los Ejecutivos de Provincia y la que había sido
siempre su sumisa subalterna: ¡la Justicia! El episodio histórico es harto
interesante.
Por primera vez seguramente levantó su penacho de digna majestad e
independencia el Poder judicial, aun cuando el gesto se coloreó de palidez…no
en balde dos Constituciones de inspiración alberdiana, la general y la local,
habían ambientado en el país la legalidad como fluido preciosamente
roborativo. Estuvo seguramente mal asesorado el bien inspirado Gobernador
don justo, o bien justamente prevenido por las dudosas maniobras del doctor
TAGLE, En cuanto al jurista SAEZ, guiado por los sofismas del corazón, dijera
un procesalista –y que nos es ya familiar- opinó a sabiendas, qué duda cabe,
en contra de la buena doctrina que inspiró al Camarista de la TORRE…
No otra cosa se desprende de un editorial posterior de su diario,
rebatiendo el voto de la Torre con argumentos lamentables que no los dicta a
buen seguro el candor de la sancta simplicitas. Una crítica impresionista de
todos los sucesos, nos sugiere una clara y grave sospecha: el doctor TAGLE
se había hecho un magistrado sospechoso en su honorabilidad e integridad.
Con la última, eran ya tres las inculpaciones que se le habían hecho, por
personas más o menos responsables.



Después de esto, la más eglógica calma, vuelve a reinar en San Luis sin
novedades.
El 10 de noviembre de aquel año de 1858, l ega el general PEDERNERA
por asuntos de fronteras; el 18 arriba de pasada a Mendoza el Ministro del
interior de la Confederación doctor Santiago DERQUI con una comitiva. Pero
vamos a nuestro asunto. Indudablemente que la presencia del jurista SAEZ en
San Luis, creó un ambiente judicial, iniciándose con su presencia y su movida
acción el interés y el ejercicio regular de nuestras Instituciones judiciales. Puso
en marcha un organismo, que si es que pudiéramos decir existía, estaba yerto.

Al finalizar aquel año, con fecha 10 de diciembre el P. e. dictó un
decreto, “habilitándose para ejercer la profesión de abogados en la Provincia a
los ciudadanos don Carlos Juan RODRÍGUEZ, don Buenaventura
SARMIENTO, don Benjamín del MORAL, don Luis OJEDA, don Manuel Isidoro
SOSA, don Manuel Antonio SAEZ, don Severo GUTIÉRREZ DEL CASTILLO y
don José Narciso Ortiz”. El decreto, en su Art. 2º, establece “que débeseles
hacer saber el presente decreto para que comparezcan ante la ilustrísima
Cámara de Justicia a prestar juramento de derecho, y verificando que esa sea,
expídase a cada uno el competente título de licenciado. [Fdo.]: DARACT –
SARMIENTO”.(6) Estos fueron los primeros licenciados en Derecho que tuvo
San Luis.(7)
Llamará la atención que se le expida también diploma de licenciado al
señor SAEZ, que nos trajo sus luces jurídicas, pero es lo cierto que aquel no
tenía título otorgado en el país. Dice GEZ, siguiendo al minucioso biógrafo de
SAEZ el doctor Juan COUSTAU, que aquel “fue a estudiar Derecho en
Alemania doctorándose en jurisprudencia en las universidades de Erlangen,
Baviera, Hannover y Leipzig…: Igual cosa afirma el doctor CORREAS en el
lugar antes citado.
Es también lo cierto que algunos agrios contendores contemporáneos
del señor SAEZ, en arenas muchas veces ajenas a los campos de Themis,
pusieron en duda y en solfa, tan profusa colección de pergaminos universitarios
de ultramar… Si no fué estrictamente doctor, como no lo fue VÉLEZ SÁRSFIEL
tampoco, la justicia póstuma se lo ha otorgado con derecho.
En fin, al finalizar aquel año el ahora licenciado SAEZ, se despidió de la
sociedad de San Luis, cesando por ende la aparición del periódico La
Actualidad. Digamos como juicio final que la presencia de aquel tuvo en
nuestro medio el efecto de un revulsivo necesario.
Aunque su periodismo no fue ejercido con el “sereno criterio”, ni siempre
“con estilo cor ecto y elevado” –que le atribuye la galanura de GEZ [La
tradición; p. 233]- y antes bien se pareció en muchos pasajes “al periodismo
menudo… con bul a de jauría… pululación chil ona y mordiente” dijera Arturo
CAPDEVILLA, La Actualidad fué un periódico notable para su época y su
medio. Hemos recorrido su colección(8) y aparece, siempre con un contenido
variado, de lecturas de ritmo ágil, con gacetillas cortas de buen gusto, y
muchos editoriales sesudos pero, notándose en su redactor siempre el estileto
listo para salirse de su estuche, para no decir de la vaina criol a…
A través de aquel diorama de época, adivinamos que el licenciado
SAEZ, exhibía a cada paso su temperamento inepto para las funciones de la
Judicatura; excedía indudablemente de “las setenta pulsaciones del pretor”,
dijera el doctor AMADEO. Se notaba siempre su temperatura, y en sus nervios,
el temblor del panfletista de raza al estilo español de la era isabelina I .
Se fué de San Luis a recor er ancho mundo y creemos que volvió de
paso en 1862, siempre con genio andariego y vivo. Al final casi de su
existencia, y después de actuar en diversas Provincias y medios, pudo decir
que vió desde joven las andanzas de la Ley en aquel as aldeas ignaras donde
sobreandaban como capas incoercibles, los hábitos judiciales de los golil as
coloniales y estampar en su libro Observaciones críticas sobre el Código civil
(1883), aquel crudo apotegma latino, que pudo, a fuerza de sentirlo andar, ser
tan de su cuerpo y de su espíritu: Leges in schola virgines, in foro meretrices!
Las leyes en la Universidad son vírgenes y en el foro meretrices, que él traduce
al pié de página con la crudeza que gustaba al inmortal QUEVEDO…
Analizada como queda una porción de vida institucional de San Luis y
juzgada la actuación de los principales hombres que en el a actuaron, nos

queda siempre el sedimento de respetuosa consideración que merecieron por
su indiscutible afán de bien público y de progreso, en una época en que nos es
posible medir las actitudes y el alcance de las intenciones, con un cartabón de
criterio moderno. Si el gobernador don Justo equivocó a veces el
procedimiento, si se extralimitó en sus facultades; y si sus legistas y asesores
se dejaron conducir por el temperamento o la pasión adventicia, a todos el os,
les cobije la sentencia ecuánime del historiador Renán: No hay historia
inmaculada!















































Notas:
(1) Manuel IBAÑEZ FRONCHAM: La Organización judicial argentina; La Plata, 1938.
(2) Ibid: Op. cit.; p. 115 y 123.
(3) Leopoldo ZULUAGA, escritor, poeta y periodista mendocino; nació en 1827 y
falleció en 1881. Con LLERENA (Juan), HUDSON y M. CALLE fundó periódicos en
Mendoza (Genealogías de Cuyo, por MORALES GUIÑAZU: Revista de la Junta de
Estudios históricos de Mendoza; t. XV, p. 375).
(4) Coronel Manuel J. OLASCUAGA. Nació en Mendoza en 1835 y fal eció en 1911.
Militar, geógrafo y escritor.
(5) El Arte. 28 de la Constitución puntana de 1855: “Los miembros del Poder judicial no
pueden ser destituidos sino por sentencia. En caso de mala conducta en sus funciones
sólo podrán ser suspendidos por el Gobernador y sujetos inmediatamente a juicio ante
la Cámara de justicia”.
(6) Archivo histórico; año 1858; Carp. 217, Exp. Nº 64.
(7) Dicho decreto se respaldaba en la Ley Nº 45 de 7 de octubre de 1858, cuyo Art. 1º
decía: “Desde el 1º de enero de 1859 para adelante los Tribunales de justicia de la
Provincia no admitirán escrito alguno en la tramitación de los juicios, sin que vaya
garantizado con la firma del letrado que patrocina la causa o del ciudadano habilitado
para ello”. “Art. 3º. Para el cumplimiento del Art. 1º, la Cámara de justicia de acuerdo
con el P. E. habilitará por ahora ocho individuos de los más idóneos vecinos de la
Provincia, cuyo título de habilitado lo expedirá el P. E. previo el juramento que
prestarán ante le superior Tribunal. H. BARBEITO, Pte.; J. P. ASTORGA, Strio”.
(8) Colección perteneciente al doctor Nicolás JOFRE.





VI
PRIMEROS PASOS DE LA JUSTICIA
NACIONAL EN LA PROVINCIA

(Judicatura nacional v. Soberanía provincial)

Dice Julio VICTORICA en su conocido libro Urquiza y Mitre tan saturado
de simpático espíritu polémico porque es sincero: “El presidente de la Suprema
corte federal, doctor Antonio BERMEJO, ha afirmado que el general MITRE
fue, después de 1862, el fundador de la Judicatura nacional, olvidando que ya
estaba fundada en la Constitución de 1853, y que leyes orgánicas para el
funcionamiento de la misma, se dictaron en 1858, durante el periodo
presidencial del general URQUIZA”.(1)
Sin ánimo de terciar en la insinuada polémica, bueno es recordar que
San Luis por intermedio de su gobernante en el año 1863 se dirigió al ministro
de justicia del presidente MITRE para acusarle el recibido de la fausta noticia
de la instalación de la Suprema Corte nacional, mediante una nota plausible y
que trasunta la perfecta conciencia de la importancia del acontecimiento, que
honra sin duda al gobernante que la dictó. Dice así la interesante
comunicación:

San Luis, marzo 21 de 1863. Al Excmo. Sr. Ministro Secretario en el
Departamento de justicia, culto e instrucción pública de la Nación, doctor Eduardo
COSTA. Tengo el honor de avisar a V. E. que he recibido su importante del 16 de
enero del presente año, en la que se ha servido comunicarme que en el día anterior,
ha sido instalada la Corte suprema de justicia de la Nación, habiendo prestado
juramento en manos de S. E. el señor Presidente de la Republica de conformidad a lo
prescripto por la Constitución, el señor Presidente de la expresada Corte, doctor
Francisco de las Carreras, el Procurador general de la misma, doctor Francisco Pico y
los Vocales doctores Salvador M. del Carril, Francisco Delgado y Francisco Barros
Pazos. Me he complacido sobre manera con la perspectiva tan halagüeña que
presenta la Nación Argentina, habiendo por primera vez conseguido la constitución de
los tres altos poderes en que, como dice V. S. la sociedad moderna ha delegado la
soberanía del pueblo y de cuya independencia y equilibrio depende la libertad y la
conservación de los derechos que el a ha conquistado. Acepto con agrado las
felicitaciones que V. S. me dirige por tan plausible acontecimiento, y que hago un
deber, en reproducírselas con la mayor cordialidad y entusiasmo rogándole al mismo
tiempo se digne presentárselas también al Excmo. señor Presidente de la República.
Al acusar recibo de su precitada importante nota me complazco en reiterarle las
protestas de mi adhesión. Dios guíe a V. E. [Fdo.]: Juan BARBEITO, Buenaventura
SARMIENTO, Faustino BERRONDO.(2)

Un año casi después de la instalación de la Suprema Corte, se designa
al Juez Federal o de Sección para San Luis y el Gobierno nacional creía
conveniente avisar de ello al Gobernador de la Provincia. Sin duda debía el
Poder central proceder con cierta delicadeza. El Gobernador dirigió en
contestación el siguiente oficio al Ministro de justicia de la Nación:

San Luis, diciembre 16 de 1863. Al Excmo., Ministro de justicia, etc. Tengo el
honor de avisar al V. E. que he recibido su estimable nota del 1º del cor iente,
atendiendo la recomendación relativa a que preste mi cooperación al Juez federal de

esta Sección, a fin de que en el ejercicio de sus funciones cuente con los elementos
necesarios para proceder a la captura de los individuos que deberán ser sometidos a
juicio y puestos en seguridad hasta la conclusión de los procesos. El Gobierno de San
Luis interesado vivamente en que una vez instalada la Justicia federal en esta
Sección, el Juez de el a no encuentre obstáculos que puedan estorbarle el ejercicio de
su alta misión, se hace un deber en asegurar a V. E. que procurará al anar las
dificultades que surgiesen llegado el caso, ofreciendo el concurso de la fuerza pública
y demás recursos que estén en su posibilidad. Dios guarde, etc. [Fdo.]: J. BARBEITO,
F. BERRONDO.(3)

Como se ve, las buenas intenciones del Gobernador eran excelentes;
pero bueno es no olvidar que de ellas está empedrado el camino del Averno,
como expresa el dicho popular. Iba a actuar de Caronte el primer Juez de
sección para San Luis, que en los primeros meses del año 1864, se designó en
la persona del doctor Félix María OLMEDO, cordobés, protagonista que l egó a
ser de acontecimientos judiciales de sonada trascendencia y de carácter
histórico, pues provocó en la interpretación de nuestra Constitución,
importantísima jurisprudencia dictada por la más alta autoridad judicial de la
Nación.
Haremos una breve reseña histórica de un pleito que comenzó en los
estrados de nuestro Juzgado de sección, y que luego motivó cuatro decisiones
de la Suprema Corte en aquella época de sus primeros fal os orientadores.
Si bien no se trata de un proceso de relieve sensacional, como los que
ilustró con su pluma célebre el Ancien bâtonnier de la Academia francesa M.
Henri ROBERT –el ilustre abogado resurreccionador de viejos procesos de
Francia-, la tarea de revivir los pasajes de aquel grave y encarnizado litigio no
es del todo inútil, para la historia de la evolución de nuestra formación jurídica.



La Justicia federal, dado nuestro sistema de gobierno, tiene un
importante papel que jugar dada la coexistencia del Estado general y los
Estados particulares. Precisamente está dirimir entre otras, las cuestiones en
que es parte un particular contra una Provincia. He aquí pues que, el primer
caso de una demanda de un particular contra la Provincia de San Luis, hiriera
el punto neurálgico de la vieja prer ogativa histórica: la intangibilidad de la
soberanía provincial.
Pero vamos al caso.
Un socio de la firma social Domingo Mendoza y hermano, de Buenos
Aires, con sucursal comercial en Renca, demandó ante el Juzgado federal de
San Luis a la provincia por nulidad de la ley Provincial de 3 de julio de 1862 que
establecía bajo el nombre de derechos municipales, de derechos de
exportación sobre frutos del país que salían de la Provincia. Reclamaba la
suma de $ 4.942 que decía haber pagado en diversas oportunidades. La ley
establecía: “Los productos de la Provincia que se extraigan de ella pagarán los
siguientes derechos municipales [?]: por cada cuero vacuno 2 reales, por la
arroba de cerda o lana 1 real; por cada docena de cueros de cabra 2 reales,
etc.”. Se trataba de un verdadero derecho de explotación, decía el
demandante.
El juez OLMEDO dio curso a la demanda y por nota hizo saber al
Gobierno de la Provincia (agosto 6, 1864)(4) de la presentación, pidiendo al P.
e. “se sirviera informar, lo más antes posible fuera, sobre los puntos a que la
demanda está contraída”.

Y añadía el decreto: “Al otro sí: suspéndase por ahora y hasta la última
resolución de este negocio, la extracción del impuesto a que el postulante
alude”. No contento con el o, el Juez exhortó a los comisarios de los
Departamentos, se abstuvieran de cumplir la Ley de impuestos y hasta mandó
fijar carteles haciendo saber a los habitantes que no debían cumplir con el
impuesto.
El Gobernador respondió al Juez, manifestándole su extrañeza ante su
actitud y rebatiendo sus puntos de vista, con lo que se inició una polémica
epistolar entre ambos. Además, el Gobernador BARBEITO se dirigió en queja
al Ministerio de justicia de la Nación, doctor Eduardo COSTA, poniendo en su
conocimiento los procedimientos del Juez OLMEDO “que ha querido convertir –
dice- la soberanía de esta Provincia no delegada por la Constitución nacional,
en grosero sarcasmo…”. “Ha mandado suspender la extracción del impuesto y
fijar carteles –añadía- en lugares públicos e impartir circulares a los empleados
del P. E. mandándoles que se abstengan de cumplir las órdenes que tienen
recibidas”. Se acompañaban muestras del cartel y originales de notas (agosto
10, 1864). En segunda nota al Ministro, el Gobernador agrega que no contento
el Juez con aquellos excesos, “ha citado [al Gobierno] al despacho de su
Juzgado a contestar la demanda”, haciendo además la declaración “de no
haber en la Provincia ninguna autoridad que pueda poner trabas al ejercicio de
su jurisdicción (!)”.
Con miras de agotar los recursos, el Gobernador resolvió dirigirse
también al Ministro del interior doctor Guillermo RAWSON (agosto 29, 1864),
haciéndole presente el agravio de ser su Gobierno “l amado al ter eno del
despacho” del Juez de sección. Luego aludía a la personalidad de los autores
de la demanda, “sociedad de tres hombres señalados por la opinión pública
como instigadores infatigables del desorden”.(5)
Por otra parte, agregaba, “es muy extraño que sin otra causa que
haberle negado su competencia se ha convertido el Juez de sección, en
enemigo declarado de este pueblo, hasta el extremo de arrojarle un insulto
grosero, haciéndose custodiar por cuatro soldados armados, para pasar dos
cuadras que dista de la suya en la que para el querellante”, y concluía: “El P. e.
manda en virtud de las disposiciones de la ley y el señor Juez manda que el
pueblo no obedezca, encaminándolo a la sedición”!. .
Mientras tanto el Ministro de justicia de la Nación había pasado a la
Suprema Corte el legajo de antecedentes y quejas del Gobernador de San
Luis, que hemos visto más ar iba y con vista al Procurador de la Nación doctor
PICO, éste dijo: “el proceder del Juzgado de San Luis, es nulo y atentatorio, no
sólo por falta de jurisdicción sino por haber ordenado la suspensión de leyes
provinciales por edictos públicos, etc., lo que está fuera de las atribuciones
judiciales”. La Corte fal ó diciendo: “Vistos. No debiendo la Suprema Corte,
tomar conocimiento de una causa, sino cuando es provocada por parte legítima
y en la forma establecida por las leyes de procedimientos, devuélvase el Exmo.
señor Ministro de justicia, etc.” [S.C.N. Fallos, causa XI; t. I, p. 292].
Inter tanto crecía la tirantez y malestar entre el Juez y el Gobierno.
Nueva nota del Gobernador al Ministro del Interior (setiembre 28, 1864).
“Los procedimientos cada vez más extraños del Juez nacional… van causando
consecuencias positivamente funestas al país y tomando más incremento…
Como consecuencia de esta situación los comerciantes extraen frutos del país
y se niegan a pagar el derecho”! “El infrascripto no puede disimular avances de
tal naturaleza; y su deber le constituye en la dura necesidad de tomar medidas
coercitivas…”. El 3 de diciembre de ese año, por la noche, el Juez doctor

OLMEDO fué injuriado en la cal e por un pequeño grupo que escondió el bulto
como se dijo.(6)
El Magistrado no dio cuenta del hecho a la policía.
El 27 de enero del 65, el Ministro nacional de justicia pidió informes al
Gobierno de San Luis y éste contestó: “…El Gobierno miró con profundo
desagrado el acontecimiento ocurrido en cuanto lo supo, pero el Juez nacional,
consecuente con su conducta bien extraña, se abstuvo de dar parte a las
autoridades del país. Sin embargo, se ordenó inmediatamente una
investigación; más las diligencias practicadas no han producido resultado
alguno satisfactorio… Se ha ordenado no obstante medidas preventivas,
aunque con el temor de su ineficacia [!!] porque a causa de la escasez de las
rentas de la Provincia, es muy diminuto el número de gendarmes… para servir
de custodia a los ciudadanos en altas horas de la noche…” Propio de los
tiempos es la clara insinuación que se desprende de la nota del Gobierno…
¡Policía insuficiente! ¡Imposibilidad de vigilancia en alta noche! Además, el Juez
OLMEDO había contribuido a mermar la renta de la Provincia para poder
costear agentes del orden público…
Como se infiere, era insostenible la situación del juez OLMEDO, y en
febrero de ese año presentó su renuncia ante el Ministro de la Nación.
Quedando acéfalo el Juzgado federal, el Gobierno de la provincia se hizo cargo
del archivo y existencia según lo anuncia el nuevo Gobernador don Justo
DARACT en agosto del 65.
Terminado el episodio aldeano, prosiguió el pleito constitucional ya
radicado por buen cauce ante la Suprema Corte.
Sin embargo, la Provincia de San Luis por intermedio de su Apoderado
en Buenos Aires doctor Francisco de ELIZALDE, hermano del doctor Rufino de
ELIZALDE, Ministro del presidente MITRE, se había presentado antes en queja
ante la Corte, contra el Juez nacional doctor OLMEDO “por haber usurpado
jurisdicción extraña y herido los derechos del Estado en asunto privado”. La
Corte no llegó a pronunciarse pues la firma Mendoza y hermano desistió de su
demanda ante el Juez de sección para presentarse demandando a la Provincia
ante el Supremo Tribunal de la Nación [S.C.N.: Fal os, t. I , p. 94].
Presentada la demanda ante la Corte, como acabamos de decirlo, el
doctor ELIZALDE sostuvo La tesis de moda, defendiendo con todo calor el
sagrado federalismo y autonomía de las Provincias!
“Las Provincias –sostenía- no pueden ser demandadas sin su
consentimiento ante los Tribunales de la Nación por individuos particulares…
Era necesario no olvidar que debía salvarse la individualidad política de las
Provincias”! Y venia la cita clásica de la Convención de Virginia, cuando
MARSHALL decía “que nadie puede pensar que un Estado, pudiese ser
l amado a la bar a de una Corte federal, pues no era racional suponer que el
poder soberano puede ser arrastrado ante una Corte”. Vista la causa y oído el
informe que produjo el doctor Delfín HUERGO, ex convencional por San Luis
ante la Constituyente de Santa Fe el 53, en representación de la firma
Mendoza Hno., la Corte declaró que el a era “competente para conocer
originaria y exclusivamente en toda causa en que una Provincia es parte”.
(S.C.N.: Fallos, t. I, p. 485). Este fallo tal como lo previó el doctor ELIZALDE al
oponer excepción de incompetencia, era grave pues iba “a formar
jurisprudencia en los anales del Poder judicial de la Republica”.
Declarada la competencia de la Corte y sustanciado el pleito entre los
señores Mendoza y la Provincia, la Corte examinó por primera vez
importantísimas cuestiones, interpretando los Artículos 9, 10 y 31 de la
Constitución nacional. Los hechos referidos al comienzo del Cap. III de este

trabajo, fueron examinados en un excelente planteamiento de las cuestiones
jurídicas. La Corte dijo: 1º, la Constitución nacional, es la ley suprema y las
autoridades de Provincia están obligadas a conformarse a el a, no obstante
cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones
provinciales. (San Luis sostenía que la ley de 1862, que gravaba la exportación
de frutos, había sido sancionada por la Legislatura provincial y en uso de las
facultades que le acordaba la Constitución local de 1855). Continuaba la Corte:
2º, “la ley Provincial de San Luis de 7 de julio de dicho año, imponiendo
derechos a los productos e la Provincia que se extraen al exterior de ella,
importa el establecimiento de Aduanas interiores para la percepción de los
mismos y grava la circulación de los productos”. (S.C.N.: t. III, p. 131).
Amén de resolver otras cuestiones accesorias, las citadas fueron de
importancia capital para la interpretación del Derecho Público de las Provincias
Frente a la Nación. En resumen, un fal o orientador, el primero de esta grave
cuestión que los comentaristas de nuestra Constitución (MONTES DE OCA
entre ellos) olvidan citar, como precursor de aquellos difíciles primeros pasos
del ejercicio de la Justicia nacional, en que tenía que imponerse contra el
levantisco airón de la cresta federativa, engallada y alerta en el alborear de
nuestra organización legalitaria…
La Corte no quería aparecer muy rotunda en sus afirmaciones
contenidas en la sentencia última que comentamos. Había que andar con
cuidado, dijimos. En uno de sus considerandos dice el alto Tribunal,
eufemizando las cuestiones: “Se comprende fácilmente la buena fe con que ha
procedido la Legislatura de la Provincia de san Luis, procurando con la
imposición de las contribuciones que contiene la citada ley, crearse recursos
con qué poder sostener su Gobierno propio…” Meses antes, en setiembre 16
de 1875, al contestar una nota del Gobernador de la Provincia de Buenos
Aires, San Luis había vibrado a tono en la cuestión palpitante. “Después de un
serio estudio –decía el Gobernador DARACT- , tengo el agrado de dirigirme al
Gobernador de Buenos Aires, para expresarles que encuentra muy ajustados a
los principios constitucionales las razones en que se funda para no aceptar la
humillante posición de demandante, en que la Suprema Corte de justicia, ha
colocado a esta Provincia l amándola a su bar a para contestar una demanda
de particulares”! Más adelante, añade “que esa posición es decorosa… e
incompatible con la excelsa condición de independiente y con la Augusta
Majestad de Soberana…” “Es incuestionable el punto, de que un Estado no
puede ser arrastrado a los Tribunales federales”. La frase de MARSHALL
vibraba con tonalidades de somatén en el brioso ambiente federal de la hora.
Con fecha 5 de diciembre de ese año, la Corte resolvía empero en contra de
San Luis la cuestión, ahogando el último eco de la socor ida doctrina de
Virginia tan grata en las Provincias argentinas en ese momento.
¡Quantum mutatis ab il o!



No fué éste, sin embargo, el último choque del Juez nacional con la
provincia.
En1878, el Juez federal doctor ARREDONDO, por denuncias del club
político opositor al gobierno, l amado Conciliación, había dispuesto la prisión e
incomunicación del Juez de alzada del tercer Departamento don Santiago
FUNES, a raíz de haberse violado la ley electoral vigente, en asunto de
inscripción de electores. El Oasis, órgano del Partido situacionista, inició una

vibrante campaña, contra la actitud del Juez nacional, diciendo en buen
fundado editorial esta razón harto elocuente:
…EL DOCTOR ARREDONDO HA PUESTO EN EJERCICIO
COLGANDO DEL ASTA BANDERA QUE ONDEA EN LA PUERTA DE SU
JUZGADO, A LA SOBERANÍA DE LA PROVINCIA, COMO EN
CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, Y BAJO LA PRESIÓN DE ÉPOCAS
CALAMITOSAS, SE COLGARAN DE LOS ÁRBOLES DE NUESTROS
CAMINOS, A LOS DESGRACIADOS PUESTOS FUERA DEL AMPARO DE LA
LEY.
La elocuencia federalista, destiló pues su más pura esencia.
Como se ve, se imputó al Juez de sección, estar además de er ado en
los fundamentos de su auto de prisión contra FUNES, hacerse eco de las
solicitaciones de un club político. Agrio se tornó el debate jurídico-político a
través de las comunas de los periódicos contenedores El Oasis y El Puntano.
Consecuencia de todo esto fue que, el Juez ARREDONDO tuvo que renunciar
o pedir su traslado. El Juzgado de sección de San Luis, a consecuencia de
estos escándalos quedó en estado de acefalía y al parecer abandonado. Tan
fuerte fue al parecer el ramalazo de aquel huracán aldeano que bar ió al Juez.
Entre tanto y muy posiblemente, haciéndose eco del escándalo y abandono del
Juzgado por el doctor ARREDONDO, el senador nacional por Córdoba doctor
Jerónimo CORTÉS, aprovechó para presentar al Senado un proyecto
suprimiendo el Juzgado federal de San Luis, en razón fundada de ser
innecesario y por economía, pues, afirmaba que sólo había pendientes de
resolución dos causas de ínfima importancia en el Juzgado.
El proyecto causó explicable revuelo en nuestra Ciudad; agravándose el
comentario ante el mutismo que observaron nuestros representantes ante el
alto cuerpo. Felizmente, el proyecto de CORTÉS no se votó y en octubre de
1878, el Juzgado de sección abría nuevamente sus puertas, teniendo a su
frente al nuevo Juez federal doctor Juan B. del CAMPILLO. Hombre de cultura
y equilibrio en todo sentido, además de ser un cabal ero de muchos atractivos
sociales, vino, pudo decirse, a reconciliar la Magistratura nacional con nuestro
medio provinciano, receloso y desconfiado, quizás con razón.
Los primeros Jueces nacionales, no tuvieron la cordura suficiente, ni la
serenidad del pretor, en ejercicio del cargo; esto, unido al desconocimiento del
espíritu y alcances imprevistos de las leyes de jurisdicción y de competencia
federales.
Súmese a el o un espíritu de absorción y acumulación de facultades
implícitas, pero nunca fundadas en precepto alguno, y tendremos la imagen de
un Juez nacional de aquellos tiempos.
Por otro lado, montando guardia alerta y constante, estaba la “augusta
soberanía de la Provincia”, en ningún momento dispuesta a dejar ar iar su
bandera.
He aquí las explicables razones de aquellos choques ruidosos en que
ponía honda pasión de ambos lados.
Bueno es pues echar una mirada hacia atrás, sobre los comienzos de
aquel camino lejano de las Instituciones federales, tan cubierto de malezas y
maraña selvática entonces. Sólo así se aquilata el significado de las fatigas de
lo mucho andado, contemplando ahora por contraste, la precisión con que
juegan los engranajes de las leyes federales. Hoy, la Justicia federal es
admirable en todo el país por su regularidad, por su fecunda y explicable
complejidad y por sabia flexibilidad ante la diversidad de los casus.
En la apreciación de estos contrastes, reside el atractivo de la Historia
constitucional.






Notas:
(1) Según decreto fechado el 25 de agosto de 1854, en Paraná, se nombraron por
URQUIZA los nueve Miembros con que se componía la Corte según la Constitución
del 53, siendo designado presidente el doctor Facundo ZUVIRIA. Ver Registro
nacional: 1851-55; p. 476, etc.
(2) Ministerio de gobierno de San Luis: Libro de decretos; Nº 351, Fol. 245-6.
(3) Ministerio de gobierno de San Luis: Libro cop. de notas; Nº 356, Fol. 19.
(4) Ibidem.: Libro cop. de notas, años 1864-65, etc.
(5) Ibidem.
(6) …Diz que como juez, el doctor OLMEDO era admirador de las Frines de suburbios.
Al regreso de una de sus andanzas galantes, seguramente espiado, fué lapidado a la
manera judía durante el trayecto por un grupo de gubernistas para llegar a su
domicilio. Fué reconocido el personaje por su alto galerón de ocho luces, infaltable en
él. El episodio de todas maneras es digno del Sombrero de tres picos de ALARCON.




VII

EL CODIGO PROCESAL UNICO DE 1878


Si en 1858, hubo en San Luis, cierta inquietud por su ordenamiento
jurídico que se condensó en un Reglamento de justicia –el primero en orden del
tiempo en la Provincia-, esa misma reactivación del interés judicial se
reproduce veinte años después, en 1878.
Practicaban el Derecho durante esta época, ya en la Judicatura
incipiente, ya en el ejercicio profesional los siguientes señores: Jacinto S.
PÉREZ, Carlos Juan RODRÍGUEZ, doctor Jacinto VIDELA, Ministro de
gobierno; doctor Marcial GIGENA, Juez de lo civil; Adolfo IGARZÁBAL, Juez
del crimen; doctor Luis I. Gil de Córdoba, camarista; y doctor Cristóbal
PEREYRA, diputado nacional, etc.
El reglamento provisorio de administración de justicia del doctor SAEZ,
en dos décadas de uso se había tornado indudablemente insuficiente para las
nuevas exigencias de nuestros Tribunales que exigían la vigencia de Códigos
más completos.
El intento del senador nacional doctor CORTÉS, de suprimir el Juzgado
de sección de la Provincia, como hemos visto en el Capítulo anterior, por falta
de actividad judicial así como por las desavenencias surgidas, despertaron
seguramente en nuestros hombres de gobierno, el prurito de perfeccionar la
Ley procesal vigente.
En la Provincia de San Juan, durante ese mismo año se había
sancionado un Proyecto de código procesal que si bien no conocemos, era el
más adelantado en ese momento en Cuyo, según juicios de la época.
El ambiente judicial era propio para darse el nuevo paso esperado.
En el mes de octubre va a la Legislatura un Proyecto de ley orgánica de
los Tribunales, enviado por el P. e., al que le sigue días después nomás, un
Proyecto de ley de enjuiciamiento en lo civil y criminal, es decir un Código
procesal único.
Como enseña el doctor Tomás JOFRÉ, la era de la codificación del
Derecho procesal en el país, se inició con la sanción de la Ley de
procedimiento federal Nº 50, de 14 de setiembre de 1863, proyectada por los
jueces de la Corte Suprema que acababa de organizarse en el país. Esta
última ley había tomado por modelo la célebre Ley española de enjuiciamiento
civil de 1855.
Recordemos de paso que la ley 50, rige aún, con más remiendos que la
capa de Arlequín, verdadera pieza de museo, exponente vivo de ese
sentimiento argentino de “fetichismo de los Códigos”, que dijo el doctor
Eleodoro LOBOS en cierta memorable ocasión en el congreso.
Recordemos también que MALAVER, como antecedente precioso, había
escrito en 1875 su famoso Curso de Procedimientos judiciales, y que el célebre
jurista correntino doctor GUASTAVINO había escrito también un Proyecto de
código de procedimientos civiles para su Provincia.(1)
Para nuestro Código procesal, preparado por alguno de los abogados
que integran la lista que damos más ar iba, sin saber precisamente cuál(2) no
se tubo seguramente a la vista ni a MALAVER ni a GUASTAVINO; más fácil le
fué, al incógnito proyectista nuestro, inspirarse en dos fuentes más de moda, la
Ley 50 que proyectó la Corte como hemos visto y la Ley española susodicha de

1855. De la primera se copia servilmente gran parte de ella, como se
comprueba con un simple cotejo a dos columnas.
A la primera parte, se le injertaron algunas breves secciones nuevas,
como entre otras de referente a los juicios universales y el breve Título XLIV
sobre el procedimiento en las causas criminales, que consta de 64 artículos,
con lo que este proyecto se erige una vez sancionado, como lo fue, el código
único de procedimientos, con un total de 700 artículos.
Si hoy nuestro Código único, l ama nuestra atención como pudiera
llamarla una antigualla, no se la crea enteramente tal, puesto que de vez en
cuando se renueva la discusión sobre las posibilidades de tal monismo
procesal. En efecto, el sistema de Código único de procedimientos, fue
considerado y discutido en la Primera conferencia nacional de abogados del
año 1924 y el doctor BIBILONI, en su Anteproyecto del código civil, renueva
también en viejo asunto.
No pasaremos de largo en esta breve reseña sobre el Código único de
1878(3) sin recordar la ley orgánica de tribunales que le antecede, en que
encontramos disposiciones ciertamente notables que después de enter adas
por la derogación y el olvido, vuelven a preocupar en nuestros días a las
academias y congresos jurídicos, al cabo de más de medio siglo.
La responsabilidad de los Magistrados judiciales por esa ley era amplia y
rigurosa, como estrictas y directas las sanciones contra la morosidad de los
Jueces. “Todos los Jueces son responsables de los perjuicios que causen a los
litigantes: 1º si se cometiere dolo o fraude al resolver las causas; 2º, si hubiere
retardo o denegación de justicia; 3º, si faltasen a alguna prescripción impuesta
por la ley bajo pena de daños y perjuicios” (Art. 87). Como se ve, se arbitra el
procedimiento para el denuncio y enjuiciamiento por el retardo o denegación de
justicia, que se castiga con el pago de indemnización de daños y perjuicios y
pago de costas.
Otras disposiciones que llaman la atención, son las referentes al gremio
de procuradores para quien se les señala reglas de ética. Se establece, “que
los procuradores deben ser activos y vigilantes en el desempeño de sus
cargos; guardar fidelidad a su representado, absteniéndose sobre todo de
manifestar sus secretos… bajo la pena de infamia de hecho y privación de su
oficio”. Deben l evar además –agrega otra disposición-, un libro de contabilidad
en que asentarán las entradas y salidas por cuenta de sus poderdantes!
¡Ni toda la Ética de Baruch de SPINOZA, alcanzaría a disimular tanta
intención de la ley!. .
Ahora, curioso será recordar la brevísima discusión legislativa que
motivó la consideración de leyes de tanta importancia.
Eran sin duda los primeros Códigos que legaban a la Legislatura
puntana.
Fue en la sesión de prór oga del 12 de octubre de 1878, cuando puesto
a consideración el Proyecto de ley orgánica de los tribunales el diputado
PÉREZ dijo: “Que era un asunto de lo más importante que requería un estudio
serio; que sólo la comisión que lo estudió podía entenderlo con conocimiento
pleno…Pedía se postergase el asunto unos días más…”. El diputado GAZARI
dijo: “Que el asunto debía haber sido estudiado por todos, pues que figuraba en
la orden del día; que en cuanto a él, aún cuando no tenía mayores
conocimientos en Derecho, había consultado a varios abogados que le habían
dado ideas favorables”. Moción de PÉREZ por la postergación; moción de
GAZARI, porque se trate de inmediato con despacho. Triunfo de esta última por
gran mayoría. El diputado PÉREZ arguyó: “Que por no tener conciencia
formada sobre el proyecto, pedía permiso para retirarse”. (Se le acuerda. Con

gran dignidad -¿quién se atrevería a negarlo?- se retiró el legislador escéptico.
Era un enemigo de los votos de confianza. ¡Loor a él!). Luego, a moción de
GAZARI se votó en general y particular el proyecto “por ser de todos conocido
[¡]” y se sancionó la Ley orgánica.(4)
En la sesión del 12 de noviembre de 1878, se pone a discusión el
Proyecto de ley de enjuiciamiento (Código único).
Se resuelve no darse lectura, “por su larga extensión”.
Puesto a discusión en particular el Proyecto, el señor IGARZÁBAL dijo:
“Que los señores Diputados debían tomar en consideración que la ley de que
se trata había sido redactada por uno de los abogados más competentes de la
Provincia, habiéndose tenido a la vista muchas leyes(5) que tratan sobre la
materia y que el Proyecto había sido sometido a la Legislatura por el P. e.”.
(Cuarto intermedio, ¿Para deliberar?, ¿para estudiarlo?).
El señor IGARZÁBAL dice: “Que en atención a la dimensidad [?] del
referido proyecto la h. l. debía sancionarlo por un voto de confianza. El diputado
PÉREZ apeado esta vez de su cabalgadura escéptica, mejor dicho cartesiana –
aboga calurosamente, por las razones que expone-, para que sea votado el
Código con el referido voto de confianza que seguiría haciendo escuela. Se
votó y quedó sancionada la ley. El acta de la sesión no l eva firma en el libro
respetivo.
Con tan poca solemnidad, sencillamente, se convirtió en ley el primer
Código de la Provincia.

































Notas:
(1) Ambos libros de la biblioteca del Superior Tribunal de San Luis.
(2) Sospechamos que el autor del Proyecto fué el propio Ministro doctor Jacinto
VIDELA (padre); don Carlos J. RODRIGUEZ no podía ser, pues había regresado a
mediados de año de Chile después de largo ostracismo casi voluntario.
(3) La carátula del Proyecto convertido ya en la Ley, l eva esta titulación: “Leyes de
organización de los Tribunales y Procedimientos judiciales de la Provincia de San Luis
1878. Imprenta El Oasis”.
(4) Libro de actas de la Legislatura, año 1876 a 1881, Fol. 184, 185, etcétera.
(5) Hay un poco de presuntuosidad o desconocimiento en la afirmación; apenas se
tuvo a la vista la ley Nº 50 de 14 de septiembre, 1863, y tal vez la ley española de
1855. Existía en vigencia ya, para la Provincia de Mendoza, un Código sobre
Organización de los Tribunales y Procedimientos judiciales (Código también único)
promulgado en 1872 y de que fueron autores los señores N. LARRAIN, J.
ALBARRACIN y F. CORREAS.




VIII

LA EPOCA DE LOS CODIGOS ORGANICOS

Los autores, del Campilo, Daract, Rodríguez.  El Código de
procedimientos civiles de 1883.  El Código de procedimientos criminales de
1884.  Un corsi é recorsi procesal…


A cinco años escasos de la sanción de la Ley orgánica de justicia y de
enjuiciamiento de 1878, bajo el gobierno del coronel CONCHA, se creyó
necesaria la reforma de aquellas leyes y llenar un vacío de nuestra Legislación.
En abril de 1883, se nombró la Comisión reformadora compuesta por los
doctores Juan del CAMPILLO, Mauricio P. DARACT y don Carlos Juan
RODRÍGUEZ. Fué una de las comisiones más ponderadas y numerosas de las
que, para dichas tareas, se ha echado mano en la Provincia.
Una rápida semblanza de cada uno de los codificadores, no estará de
más exhumándolos de una pausa de olvido.
En primer término, nos ocuparemos de la personalidad del ex Juez
federal de San Luis en ese momento (1878-1884), doctor del CAMPILLO,
oriundo de Córdoba.
Era de excelente prosapia. Su padre fué constituyente del 53. Lucio V.
MANSILLA en su bello libro Retratos y Recuerdos nos dice que el ex
constituyente era “hombre de calidad, atento y cortés”. Egresado desde luego
de la Universidad de Córdoba era contemporáneo y amigo de DERQUI,
ZAVALÍA, Enrique RODRÍGUEZ el codificador sobre minas, y llego a diputado
a la Convención constituyente reunida en Paraná. “Miembro de la Comisión
redactadota de la Constitución –agrega MANSILLA-, con DERQUI, ZAPATA,
etc. fué él quien dio forma al trabajo común…”.
Desempeño después los cargos de Ministro de culto y justicia en el
gobierno de Urquiza, siendo autor del Proyecto de ley de justicia federal, base
de la existente, que el Congreso sancionó (Ley Nº 50 del 14 de setiembre,
1863).
Después viajó a Roma como Ministro de la Confederación.
Dictó finalmente cátedras en la Universidad de Córdoba.
Descendía de un constituyente, pues, nuestro Juez federal.
Había estudiado también en Córdoba; era cordobés por los cuatro
costados. Si su padre fué autor de una célebre Ley procesal, aún en vigencia
después de ochenta años; su hijo también seria codificador entre nosotros. Los
hábitos mentales que da la toga, se heredan como el oído de los músicos.
MONTESQUIEU, v.gr., fué un evolucionadísimo fruto de varias generaciones
de magistrados ante la Audiencia y los Parlamentos judiciales de Burdeos.
Nuestro Juez federal, heredó de su progenitor la firmeza del espíritu y su
amor a la cultura artística. “Es un cumplido cabal ero y un notable jurisconsulto”
–dice El Oasis al saludar en noviembre del 78 al nuevo Juez. Su actuación al
frente del Juzgado de sección de nuestra Provincia fué serena, ecuánime e
ilustrada, sobre todo después de la inquieta y arbitraria de su antecesor el
doctor ARREDONDO.
Se captó casi de inmediato la consideración unánime de nuestra
sociedad, pues más que sabiduría en el juez nacional como entonces se decía
–eran necesarios el tacto y la mesura.

El puntillo de la autonomía local, era muy agudo todavía. La figura
escorzada del doctor CAMPILLO a través del tiempo ya largo, le depara una
estampa más bien cabal eresca y atildada, que propiamente jurídica.
…Eran los tiempos del San Luis del Liceo artístico que aquel Juez
señorial fundó, presidiéndolo por primera vez, cuando el periodista BORRÁS
escribía las Candideces de la punta, y su contenedor y compatriota CARLÉS
hacia sátira política desde El Oasis enfrente de El Puntano. Sociedad
enlevitada y romántica, CAMPILLO hizo de escrupuloso bastonero doctoral en
el rigodón emblemático de aquel a nuestra vieja sociedad.
El doctor Juan Bautista del CAMPILLO, nació en Córdoba el 1º de julio
de 1844 y falleció en la misma ciudad el 25 de julio de 1908. Después de
desempeñar en diversas provincias el cargo de Juez federal, regresó a su
ciudad natal siendo Ministro de gobierno en 1897, profesor de Derecho
constitucional en la Universidad de Córdoba hasta 1905 y vocal del Superior
tribunal de justicia.(1)
Otro de los miembros de la Comisión codificadora fué el doctor Mauricio
P. DARACT, que en ese momento (1884) frisaba en los 28 años.
Había nacido en 1855, justamente cuando se sancionaba en San Luis –
acontecimiento trascendental-, la primera Constitución local, calcada sobre el
notable Proyecto de ALBERDI.
DARACT estudió en Mendoza y luego pasó a Buenos Aires donde se
graduó de abogado en 1877, con una tesis sobre Donaciones inoficiosas (51
p.). luego, regresó a su provincia, pasando a dictar algunas cátedras en el
Colegio nacional y a desempeñar una vocalía en el Superior tribunal de la
Provincia, hasta que fué elegido diputado nacional en 1892.
Espíritu ecuánime y sereno, no le sedujo nunca la dipustatio fori del
áspero provinciano.
Su estreno como abogado fué en calidad de Juez y autor de códigos.
Trajo en aquella época al medio enrarecido, el soplo renovador de las nuevas
doctrinas del Derecho y la Legislación.
Llegaba con él a nuestro medio, un legítimo hijo de la Universidad
después de tanto tiempo.
Incorporado al Superior Tribunal conjuntamente con el joven graduado
de Córdoba doctor Juan Cancio OJEDA, imprimieron ambos nuevos rumbos a
nuestra Jurisprudencia vetusta y adocenada.
“¡Pon en tu alforja libros!” –proclamaba CARLYLE… DARACT trajo
consigo los más modernos textos de Derecho y al redactar la Exposición de
motivos de los Códigos procesales por la Comisión reformadora, -con su mano
pulcra- él l evó el stylus de ritmo sereno y decoroso, como debiera ser la buena
prosa de los jueces.
Las Exposiciones de motivos de ambos Códigos procesales a que
vamos a referirnos, son páginas inolvidables por sus conceptos y su forma.
Si buenos fueron los Códigos al momento de redactarse, -con el andar
de los años, la autoridad engrandecida de uno de sus principales autores, los
prestigió aún más, como prestigia a los bronces la austeridad de la pátina. En
efecto, la personalidad del doctor DARARCT, evolucionó magníficamente con
el tiempo, hasta acrisolarse en la función ilustre del areopagita, en el más alto
Tribunal de la nación.
Intentando un retrato diremos que, no fué un deraciné, ni un regenerador
elegante del terruño, poniendo de manifiesto invariablemente su puntanidad.
Era exteriormente apagado y si carecía de vitalidad l amativa, era como
esos árboles de la sier a puntana, de ramaje escaso, donde no anidan
seguramente las calandrias polífonas; pero, buen árbol al fin, rico en leña y

esencias resinosas, como se comprueba cuando ha llegado la suprema hora
de tasar la excelsa madera…
Incorporado a la Suprema corte de la Nación el 23 de agosto de 1901,
no cambió jamás su exterior modestísimo. Cuenta el doctor ZAVALÍA(2) que al
salir del alto Tribunal se confundía en la cal e con cualquier viandante y nadie
adivinaría, mezclado en un tranvía con obreros o gentes modestas, a “la más
alta reputación judicial de la República.”
El doctor Octavio R. AMADEO en Vidas Argentinas ha contado el
siguiente histórico diálogo: “La Corte era como una madre para el gran juez
BERMEJO, la cuidaba con delicadeza. DARACT le dijo un día: Esto es así. No,
dijo BERMEJO: No es así. DARACT le replicó: ¿Sabrás tú más que tu madre?
La Corte ha dicho que esto es así. BERMEJO inclinó la cabeza; la madre
siempre tiene razón.”
Allá en el quinto piso de la cal e Juncal en Buenos Aires, donde el doctor
DARACT tenía su biblioteca, vimos desde lejos arder la lámpara, bajo cuyo
halo iban saliendo, en letra diminuta como hilo sedeño de inextinguible capullo
de ciencia, los votos sabios que iban haciendo todos los días, la fibra jurídica
del país.
Fué un raro temperamento de estudiosos, un benedictino del Derecho,
de la escuela alemana antigua. Anotador pugnaz de fallos estadounidenses,
poseía además la más vasta ciencia constitucional, recogida a través de los
varios idiomas que poseía. Ha dicho el doctor WILMART que cuando en un
voto de la corte aparecía la firma de DARACT, podía asegurarse que se había
apoyado firmemente en toda la jurisprudencia estadounidense del caso, dictada
por la ilustre Corte que presidió MARSHALL.
Quien contempla el retrato del ilustre puntano en la Biblioteca del
Superior tribunal de San Luis, cree ver exactamente la efigie del Hipólito TAINE
que pintó BONNAT. Espejuelos lucientes, barbilla cana, semblante de suprema
compostura interior. El físico del sabio acrisolado.
Así serían los monjes de la Tebaida de los libros, en que vivió M.
Bergeret.
Cuando murió en 1915, su gran compañero BERMEJO, vibró
insospechadamente su más honda cuerda para decirle en el adiós definitivo:
“Obrero infatigable del Derecho y de la Justicia, personificaba la armonía más
perfecta y el equilibrio más acabado de las dotes intelectuales y morales de
nuestra especie. ¡Fué un espíritu que no conoció nunca la vanidad!”
Don Carlos Juan RODRÍGUEZ, figura ampliamente difundida en el casi
reciente pasado de nuestra provincia, y cuyo perfil biógrafo trazaremos
necesariamente en forma sintética, fué otro de los integrantes de la Comisión
reformadora de nuestros Códigos intermedios.
Descendía de una familia cordobesa de colonial ar aigo. Fué nieto del
Asesor doctor Victorino Rodríguez, fusilado por orden inmediata de CASTELLI
en Cruz Alta, conjuntamente con LINIERS y los otros acusados de reacción
realista que formaron la conocida y trágica sigla clamor, y que GROUSSAC
tilda
de
precipitada
inmolación de víctimas dudosas al Moloch
revolucionario…(3)
Y fué hijo del capitán don José Elías RODRÍGUEZ que formó en el
Ejército libertador de SAN MARTÍN haciendo la campaña de Chile, la Sier a y
Puertos intermedios.(4) Nació don Carlos Juan en 1831, tal vez en Córdoba;
radicada su familia en nuestra provincia, emigró luego a Mendoza huyendo de
la persecución rosista. En 1847 el joven pasó a Chile donde hizo estudios.
Regresó a la patria después de la caída de Rosas en 1852. Acompañó en
calidad de secretario al Gobernador general Pablo LUCERO, al Acuerdo de

San Nicolás y tiempo después fué nombrado su Ministro, ligándose en una
estrecha y probada amistad con el general.
Desempeñando este último cargo se hizo “notar como hombre liberal y
de gobierno”, dice su discreto biógrafo.(5) Promovió entonces las dos más
grandes cuestiones que afectaron a la Provincia en aquella época, la cuestión
religiosa del vice-patronato y la moneda Fragueiro, escribiendo sobre ello un
voluminoso folleto. En 1858 fué miembro del Supremo tribunal de justicia y
luego presidente del cuerpo. En 1859, es elegido senador nacional
conjuntamente con don Justo DARACT. Fué hombre de URQUIZA y sobre todo
de DERQUI, alejándose de la acción pública después de Pavón.
Encontrándose preso en Mendoza por persecuciones políticas, arengó a la
guarnición carcelera y promovió el motín del 9 de noviembre de 1866,
erigiéndose en Gobernador interino de Mendoza y director de la guerra,
encendiendo la vasta insurrección “contra Mitre y su partido” –como decían sus
conmilitones- cuando éste actuaba en la guer a del Paraguay, empresa
subversiva que terminó en la batal a de San Ignacio. Se vió obligado a emigrar
a Chile, de donde regresó después de doce años, en el año 1878, abriendo
escritorio de abogado en San Luis. En 1880 fué nombrado miembro del
Superior tribunal, nuevamente, cargo que ocupó durante algún tiempo. En
1889, era nuevamente senador nacional, cuando se discutió la Ley de
matrimonio civil, pronunciando de pie en tan solemne oportunidad –y como
miembro informante y presidente de la Comisión de legislación- un vehemente
discurso en que puso de manifiesto su credo eminentemente liberal. Falleció en
1893.
Fué una típica y original individualidad, producto de las épocas azarosas
en que le tocó actuar. Trotamundos en su novelesca juventud californiana, se
mezcló de cuerpo entero después, en los acontecimientos políticos y militares
de su tiempo, tan mechados de pasiones fuertes. Como hemos visto, fué militar
circunstancial, jefe de empresas político-revolucionarias de subido color y de
tornadiza ventura…

En el diorama de esa vida colorida y agitada, aprendió por los ojos y de
oídas, dispares conocimientos acrecentados en la lectura de las misceláneas y
los periódicos –que asimilaba prontamente en su mente despierta y cuajada de
vivencias criollas.
Trajo desde Chile conocimiento de Derecho y llegó a ser un abogado de
hechura local (decreto de 1858), pero no por eso menos dispositivo, alerta e
incisivo. Digamos en fin que había tenido largas y provechos pasantías en el
foro de la vida, que es también campo de arduos debates. Fué “de los homes
sabidores e entendidos de juzgar” de las partidas; “doctor con borla blanca de
experiencia” –dijera CHÁNETON.
Su personalidad rica en jugos vitales, tienta el boceto al temple. Hombre
de talla desarrollada, gestero, de fácil elocuencia, de boca amplia y habla
estentórea, -recordaría de fijo a aquel jurista español de inolvidable estampa,
CORTINA, evocando por UCELAY y a quien sus contemporáneos apel idaron
Bocaza…
Trajo pues a la Comisión reformadora, adunando a la compostura
magistratural de CAMPILLO y a la atildada ciencia universitaria, flamante, de
DARACT, su ejemplar practicismo, su profundo conocimiento del medio y de
los hombres para quienes se iba a legislar. Puso en fin el aderezo de la sal
gruesa de la vida, intensamente vivida…
Expresión de la capacidad de RODRÍGUEZ y su trasunto fiel del estado
de la cultura jurídica de nuestra Provincia, al momento de dictarse los dos

Códigos orgánicos de que pasamos a ocuparnos, es el fol eto El Juicio de
Chalanta por reivindicación 1883, publicación de que fué autor. Se comenta la
sentencia recaída en aquel célebre litigio de la época por reivindicación de una
vieja estancia de más de treinta leguas.
La sentencia, dictada por un universitario graduado en Córdoba, sólo se
apoya en las leyes de Partidas y de la Recopilación, y como fuente de doctrina
exclusivamente el Diccionario de ESCRICHE. Llama la atención en efecto, que
a doce años de vigencia del Código civil del doctor VÉLEZ, no se cite ningún
artículo del mismo en una materia como la reivindicación. La sentencia en
cambio abunda en aforismos procesales de los viejos prácticos y en algunos
latinazgos harto resobados. Ello pone de manifiesto, cuán lenta fué la
penetración del Código de VÉLEZ en la mente jurídica de los Tribunales de
Provincia, donde la vieja Legislación española y los preceptos remanistas,
formaban aún una costra incoercible. En cambio, cosa curiosa, el abogado
RODRÍGUEZ, más provecto que el Juez, abogado por decreto, luce una
expresión de agravios en estilo claro, con raciocinios bien estructurados y con
citas e interpretaciones del Código civil, bastante atinadas. Hagamos una cita
de alguna parrafada que evoca por sí sola, mucha historia judicial del pasado
remoto. Dice RODRÍGUEZ:

En el considerando 6º, el señor juez sienta un principio falso y dice que
el acta de adjudicación adolece de la falta de forma y no hal arse revestida de
las solemnidades de la ley… tal defecto consiste en la falta de la firma del
Escribano público que por la naturaleza del acto debió haber intervenido. Sin
duda el señor Juez –dice el alegato- no se ha fijado que se trata aquí de un
acto pasado ante el Juez consular de comercio y regido por las ordenanzas de
Bilbao. En ese Tribunal y por aquellas Ordenanzas, que eran entonces la ley,
no se admitían abogados ni escribanos en la tramitación y decisión de los
juicios; todo se hacía como esas Ordenanzas lo mandan terminantemente, a
estilo de comercio; la verdad sabida y buena fe guardada; no había formulas
determinadas ni solemnes, y aquel acto, y aquella adjudicación, se hizo de
conformidad a esas Ordenanzas. Por otra parte, en aquella fecha no había
ningún escribano en la Provincia, ni lo hubo hasta 1857, en que recién se
nombró a don Francisco VÁSQUEZ para que actuara en tal carácter. Todas las
resoluciones judiciales de nuestros Tribunales de esa época, carecen de la
firma del Escribano que el señor Juez echa de menos como puede verse en el
documento de última voluntad otorgado por doña Aniceta LUCERO en 1840 y
que dice que por falta de Escribano actúa el señor Juez.(6)

El Código de procedimientos civiles de 1883

A cinco años escasos de la sanción de la ley orgánica y Código de
procedimiento único de 1878, ahora durante el gobierno del coronel CONCHA,
se creyó necesaria una reforma de aquel as leyes.
En abril de 1883, se nombró la Comisión reformadora compuesta por las
tres personas que acabamos de referirnos, que se expidió en octubre, siendo el
Proyecto convertido en ley en noviembre del mismo año, mediante un voto de
confianza de la h. Legislatura.
El Código sancionado, por la ilustración de sus autores, por la cordura y
reflexión que pusieron de manifiesto, ha sido uno de los Códigos de forma de
Provincia más alabados y mejor reputados de su época.
Uno de los “Códigos más completos del país –lo han calificado los
doctores MALAGARRIGA, padre e hijo.(7) La forma para ordenar el

procedimiento de los interdictos posesorios, V. gr., ha sido elogiado en la
cátedra de la Facultad de derecho de Buenos Aires por los doctores Jesús H.
PAZ y Máximo CASTRO. Estos citaban en la cátedra el Código de 1883,
creyéndolo vigente aún en 1915, que es la época a que me refiero.
Una magnífica y breve Exposición de motivos, precede al articulado que
consta de 1164 artículos: un Código de larga tirada como se colige, quizá
demasiado extenso para nuestra concepción de los Códigos modernos, como
el de 1942 de la Provincia de Córdoba que consta de 650 artículos. “El defecto
de un Código no está en su extensión sino en su oscuridad; que sea largo, pero
que sea claro”, -ha dicho el doctor Jesús H. PAZ.
Un nutrido bagaje de antecedentes legislativos y doctrinarios, tuvieron a
su disposición nuestros codificadores. Más bien dicho se rodearon del mejor,
más selecto y moderno material sobre Derecho procesal de que se podía echar
mano en el país. Pusieron de manifiesto, en efecto, una loable inquietud
selectiva y una insospechada preocupación por el método, a que se hace
referencia en la Introducción. Esto es ciertamente singular en una Provincia
mediterránea y de tanta rarefacción cultural como en aquel a época.
“La moderna ley española de 1881, que ha sido para la Comisión una de
sus principales y autorizadas fuentes –dice el informe de la Comisión- no es
desgraciadamente tampoco, un modelo irreprochable en cuanto a método”.
Era pues, nuestro Código de ese momento, un Código netamente
español, para seguir nuestra incoercible tradición en materia procesal, como
fuimos ingleses para el Derecho constitucional y franceses para el derecho
civil.
Veamos las fuentes del mismo
En primer lugar la ley de enjuiciamiento española de 1855 y su reforma
de 1881. Le siguen por orden:
CARAVANTES,
MANRESA Y REUS.
Ineluctablemente teníamos que oír al viejo CARAVANTES con su voz
engolada, con estilo vestido de negro, creyéndose percibir el roce de una
solemne toga de amplios pliegues. Tenían que seguirle los MANRESA y los
REUS, astros de menor magnitud de aquella constelación de formulistas
españoles de mediados y fines del pasado siglo, cuyos dichos y opiniones de
larga tirada, han devorado tanto papel sellado en las Curias hispanoamericanas
hasta hoy…
Era la época en que imperaba en el proceso civil la máxima que aun no
pierde actualidad del todo y que es como un grillete inquisitorial: Quod non est
in actis, non est de hoc mundi. (¡Lo que no ésta en los autos, no esta en el
mundo!)
Prosigamos con la enumeración:
MALAVER: Procedimientos judiciales, 1875,
L. SEGOVIA: Proyecto de ley de enjuiciamiento para Corrientes, 1873
Ley de enjuiciamiento de Córdoba,
Ley de enjuiciamiento de Mendoza,
Ley de enjuiciamiento de Catamarca,
Proyecto de código de procedimientos para la Provincia de Buenos
Aires, del doctor José DOMÍNGUEZ,
ESCRICHE,
BONNIER: Tratado de las Pruebas civiles
Fallos de la S.C.N. Revista de legislación, MORENO, MALAVER, etc.,
J. M. MORENO: Obras jurídicas (Mensura y deslinde).

Es bueno destacar que encontramos en el Código, numerosas
disposiciones de factura original, que nuestros codificadores redactaron en
base a tres o más disposiciones diversas de otros Códigos, poniendo a
contribución el personal criterio, con airoso resultado (V. gr.: Arts. 275, 370,
386, etc., etc.).
Afeaban por otra parte el Código, algunas extensas notas discursivas y
meramente doctrinarias como las de los Arts. 191, 248, 406, etc. igualmente
criticables eran algunos artículos con definiciones teóricas, como el 80 y otros,
amén de la desmesurada extensión que se le dio al Título referente al
Concurso civil en 133 artículos o sea más de cincuenta páginas.!
Fué en una palabra, un Código completísimo, pero al alumbrar el año
1905, era evidentemente anticuado, aun cuando en matera de leyes
procesales, el criterio tornadizo de las épocas recuerda al mito de la tela de
Penélope… ¿Y qué no es variable, donde interviene el carácter de los
hombres?

El Código de procedimiento criminales de 1884

En el momento en que la Comisión Campil o-Daract-Rodríguez se hizo
cargo también de la reforma de Código de Procedimientos criminales, como
dice la ley especial –ya que este nunca existió como Código, sino como una
sección de la Ley única de enjuiciamiento según hemos visto-, la conciencia
jurídica del país en materia procesal, era en ese momento la siguiente:
arraigadamente española y conservadora en cuanto al procedimiento civil, y en
lo que respecta al criminal imbuida de una gran corriente liberal anglosajona.
Bruscamente se cambiaba de criterio y hasta de temperatura pasando
de una latitud a otra, como se echa de ver.
El fenómeno se explica porque la Constitución del 53, al preconizar la
adopción del Juicio por jurados, inclinó la curiosidad de los centros estudiosos y
parlamentarios hacia el estudio del Jurado popular y demás Instituciones
procesales en materia criminal imperantes en los países anglosajones. Así,
durante la presidencia se Sarmiento se encargo a los doctores Florentino
GONZÁLEZ y Victorino de la PLAZA la redacción de un proyecto de ley del
juicio por jurados y Código de procedimientos criminales para la justicia
nacional. En 1873, los doctores GONZÁLEZ y PLAZA elevaron al Ministro
doctor Nicolás AVELLANEDA dicho proyecto(8) encabezado de una erudita y
luminosa Exposición de motivos.
La excelencia de la Instituciones procesales en lo criminal de los países
anglosajones, especialmente del jurista LIVINGTON de Luisiana, puestas de
manifiesto en el aludido prólogo y con su difusión ganan el ambiente de los
centros políticos y jurídicos del país, hasta que logra hacerse una conciencia
netamente liberal a que venimos aludiendo.
¡El jurado, el juicio oral, las pruebas morales! …colman en esa época la
oratoria caudalosa de las Legislaturas y atiborran las páginas de las tesis
universitarias. Hay una especie de orgasmo declamatorio en todo esto y surge
una elocuencia fácil y sonora en cuanto se toca el tema, cual si se destapara
una marmita bullente.
Se vivía un momento de ese Romanticismo jurídico de que habla
BONNECASE.
El Congreso no prestó sanción empero al Proyecto Gonzáles-Plaza, y
como contragolpe surgió en 1882 el Proyecto Obar io, restrictivo, con su
tendencia inquisitorial, secreto del sumario, etc. Cuando en 1883 nuestros
codificadores Campillo-Daract-Rodríguez, se abocaron al estudio del proyecto

que se les había encomendado, tenían a la vista ambas fuentes, ambos
proyectos tan dispares en escuela, en tendencias, tono y tesitura legal.
En la corta disyuntiva, se decidieron francamente por la primera.
En la magnífica y bien escrita Exposición de motivos (¡como siempre!)
del Proyecto, quedó instrumentada la definitiva postura doctrinaria de los
codificadores. Se inaugura con esta hermosa plataforma de doctrina, la bien
acusada tendencia liberal puntana en materia procesal, que dio pruebas de
continuidad histórica con la Constitución liberal de 1905 y los Códigos de los
doctores JOFRÉ y LUCO varios años después.
Comienza el Código con los cuatro apotegmas clásicos del buen
proceso liberal: “Los objetos que tiene en vista el procedimiento criminal son: A)
proteger al inocente contra acusaciones injustas… B) quitar al delincuente toda
esperanza de escapar al castigo… C) dar al enjuiciamiento en materia criminal
el mayor grado de celeridad… D) hacer el enjuiciamiento sencil o e inteligible
para todos…”
Casi podemos decir que el nervio de la reforma y quien aporta el causal
bibliográfico y doctrinario, es el doctor DARACT.(9)
Menudean al pie de los artículos, no sólo las concordancias, sino
también largas notas doctrinarias con extensas citas de las Exposiciones de
GONZÁLEZ-PLAZA, LIVINGTON y MITTERMAYER que sólo se explican para
ilustrar al medio iletrado en que el nuevo cuerpo de leyes iba a entrar a regir.
Y es todo un avance en nuestra Historia institucional el Art. 112 del
Código, que establece la casi total publicidad del sumario para el abogado
defensor, “que está obligado a guardar estricta reserva sobre los hechos o
antecedentes” que l egare a conocer bajo pena de suspensión y multa!
Una larga y enfervorizada nota sobre la conquista del sumario semi-
público, esmalta el bravo Art. 112 que luce hasta una brillante cita de
VOLTAIRE, el insigne procesalista literario en materia penal. “Todos estos
procedimientos secretos –dice VOLTAIRE- se parecen demasiado a la mecha
que arde imperceptiblemente para poner fuego a la bomba. ¿Acaso debe ser
secreta la Justicia? ¡Sólo el crimen es lo que debe ocultarse!”
Siguiendo nuestro examen del Código, l egamos al largo artículo que
inspira las actuaciones ante la Policía y el especioso casuismo con que es
considerado el cuerpo del delito en 40 artículos, defectos de anacronismo que
afean sin duda la armonía total de la obra.
Es importante y revolucionario sin duda para la época el Titulo V,
referente a la declaración del procesado. Una ves traído este a la presencia del
Juez, debe informarle de estas tres cosas: el cargo que se le hace; el derecho
de hacerse auxiliar por un abogado antes de prestar declaración, y hacerle
saber que esta en libertad de declarar o negarse a hacerlo, sin que esta última
actitud le perjudique (Art. 188 y 189).
Estas preciosas conquistas sólo las obtuvo –hagámoslo notar- Francia
en 1897, durante el ministerio liberal de WALDEK-ROUSSEAU, vale decir,
once años más tarde.(10)
Iguales principios avanzados de liberalismo, se adoptan en lo referente a
la detención y prisión preventiva, en que se tiene en cuenta no sólo los
antecedentes netamente puntanos (Constitución de 1855, Reglamento de la
Administración de justicia del doctor SAEZ, 1858; Código Procesal, 1878) sino
también y en cuanto a la orden de ar esto el Proyecto González-Plaza.
Corona en fin este excelente y adelantadísimo Código, la institución del
Juicio oral que legisla en el Libro III y que es optativo, público y totalmente oral
de acuerdo a los antecedentes anglosajones que evocan con largueza y
erudición los doctores GONZÁLEZ-PLAZA.

Igualmente avanzada es la reglamentación del recurso de habeas-
corpus, que por primera vez en la provincia se establece, inspirado en el
derecho anglosajón, aunque encontramos algunos vestigios de la misma, en el
delito de detención arbitraria contemplado anteriormente ya, en el Art. 78 del
Reglamento del doctor SAEZ en 1858.
Estas brillantes conquistas en el orden procesal, sonaron a toque de
somatén reformista en los ambientes inteligentes. Otra cosa fué la aplicación
del flamante Código en nuestros pretorios de entonces. Con escasísimos
abogados en la Magistratura o el Foro, el Código doctrinario, diríase recién
salido de la Universidad o de la academia, fracasó lamentablemente en la
áspera práctica pues que, en gran parte, ni siquiera interpretado pudo ser, dada
la incultura jurídica reinante en nuestro medio de entonces.

Un corsi é recorsi procesal…

Al cabo de veinte años nomás de vigencia de los Códigos intermedios
que acabamos de recordar, en 1905-6, bajo el gobierno progresista, renovador,
con soplos de incontenible modernismo del doctor B. RODRÍGUEZ JURADO,
se pensó y se puso manos a la obra, en reformar los Códigos anteriores.
Se pone de manifiesto una vez más la acusada tendencia puntana por la
perfectibilidad de sus instituciones.
Esta vez, no cabía tanta urgencia.
Fruto de esta nueva reforma fué el Código de procedimientos civiles del
doctor Valentín LUCO, quien tuvo amplia franquicia para hacer un proyecto
totalmente nuevo, como se deduce del Mensaje del Gobernador RODRÍGUEZ
JURADO, de mayo de 1906 que dice: “El P. e. ha encargado al ilustrado
abogado doctor Valentín LUCO para que confeccione un Proyecto de ley
orgánica de los tribunales y un Código de procedimientos civiles y el trabajo se
encuentra ya muy adelantado…”
El proyecto se inspiró grandemente en el Código de procedimientos
civiles de la Provincia de Buenos Aires, que entró a regir el 1º de febrero de
1906. El Proyecto Luco convertido en ley entraba a regir desde el 1º de febrero
de 1907.
El Código de la Provincia de Buenos Aires, y por ende el de San Luis,
era lo más moderno en esta materia, en ese momento.
Pero el prurito reformista de aquel gobierno, encontró en el doctor
Tomás JOFRÉ uno de los más inquietos y activos intérpretes, al acoger su
Proyecto de código de procedimientos criminales presentado en 1908, y que
convertido en ley entró a regir desde febrero de 1909. Lleno de bríos, juventud
y fiebre atrevidamente innovadora (previo saludo reverente a los autores del
viejo Código de 1884), acometió con piqueta activa la derogación de lo que él
llamó Instituciones de museo, adoptando en cambio novísimas y hasta
revolucionarias Instituciones procesales para ese instante de la vida jurídica del
país. Si revolucionario y adelantadísimo fué el Código criminal de 1884, para
su época, volvía a presentarse con iguales ribetes de art nouveau el Proyecto
Jofré, en acelerada carrera política. En otro lugar nos referimos a este Código
en particular.(11) Simpático y memorable instante aquel de nuestra vida
institucional local, que ya había ofrecido el magnífico espectáculo de la
Convención constituyente que dio ese bril ante fruto de cordura, sabiduría y
sano liberalismo institucional, que fué la Constitución de 1905!
Una inquietud perfectible semejante al mito de Apolodoro, caracteriza en
materia institucional a los puntanos, ya que no igual en otros aspectos.

En 1925, el doctor Alfredo ARANCIBIA RODRÍGUEZ, estudioso y sagaz
Magistrado, publicó su conocido Proyecto de Código de procedimiento penal,
con abundantes y extensas como eruditas notas, declarando en el sustancioso
prólogo, que el Código de Jofré “no satisface ya las necesidades de una buena
Justicia represiva”.
Como se echa de ver nuevamente, ¡veinte años de duración de las
instituciones, es límite de vejez para nosotros los puntanos!
Si al presentar JOFRÉ su proyecto de 1908 se dijo que había hecho el
“Código del abogado defensor”, leyendo el Proyecto del doctor ARANCIBIA, a
veces idealista y teórico, nos asaltaba al espíritu la exclamación contraria:
-Pero si este es el Código del Juez!
Siempre creeremos con SPENCER en el repliegue involuntario que
dejan en la mente de las personas, las respectivas profesiones o habitudes……
De aquí que, el espectáculo del corsi é recorsi en materia institucional,
escépticamente nos reproduce el recuerdo de la tela de Penélope…
¿Cuál será la verdad?, seguimos inquiriendo con Pilatos, el viejo
“procurador” de Judea!






































Notas:
(1) Datos estos últimos del doctor Alejandro Ossola, de Córdoba, facilitados por el
director del Instituto de estudios americanistas de dicha Ciudad, doctor Enrique
MARTINEZ PAZ.
(2) Clodomiro ZAVALIA: Historia de la Suprema Corte nacional; p. 341. 2.
(3) GROUSSAC: Santiago de Liniers.
(4) Caja nacional de jubilaciones y pensiones civiles: señora Elcira Rodríguez de
Flores.
(5) Raimundo BARROSO: Campo neutral. Contra la difamación y la calumnia.
Antecedentes biográficos; en El Oasis, 2 de abril de 1881.
(6) C. J. RODRIGUEZ: El juicio de Chalanta. Exp. de agravio; 1883.
(7) Carlos C. MALAGARRIGA: Derecho procesal (apuntes); 1916; p. 222, 281, etc.
(8) F. GONZALEZ y Victoriano de la PLAZA: Proyecto de ley sobre el establecimiento
del juicio por jurados y de código de procedimientos criminal en las causas de que
conoce la justicia nacional; Buenos Aires, 1873.
(9) Hemos podido hojear en la Biblioteca de nuestros Tribunales (libro Nº 3117) el
ejemplar del Proyecto González – Plaza, que lleva la firma de pertenencia del doctor
M. P. DARACT. Y donde pueden constatarse las marcaciones y señales a lápiz de los
pár afos y artículos incorporados al Proyecto puntano de Código de procedimientos
criminales.
(10) Anales de la Facultad de Derecho, Buenos Aires; t. IV, p. 426. D. ANTOKOLETS:
Sobre la profesión de Abogado.
(11) Ver más adelante: Un vigoroso reformador de Instituciones; el doctor Tomás
Jofré.






IX
LAS APROXIMACIONES HISTORICAS

Vélez Sársfield y San Luis


Creemos en el simbolismo de las aproximaciones aun tangenciales de
un hombre ilustre y un lugar.
Un choque del azar; un contacto siquiera sicológico de un hombre
predestinado a la grandeza con un punto geográfico dado, cual si estuviera
electrizado, produce el chispazo que fecunda una etapa histórica, delineando
un acontecimiento importante y trascendental. “Un tronco de árbol –dice
LANGLOIS- atravesado en la inundación, la desvía, y modifica la conformación
de un valle”.
-“Por acá ha pasado Juan Sin Tier a… ¿esto es lo admirable en la
Historia! –exclamaba exultante el gran historiador CARLYLE, al comprobar con
un documento el Tránsito del gran caudillo por un lugar determinado de
Inglaterra.
VÉLEZ SÁRSFIELD, el gran civilista, tuvo su aproximación tangencial
con San Luis; fué su diputado al ilustre Congreso que produjo “la reventada
Constitución rivadaviana” del año 1826, como dijo MAGNASCO, se ligó por
parentesco político a un puntano representativo de su tiempo; y finalmente un
episodio turbio a causa de su conducta censurable de un gobernante
desaprensivo de San Luis, amargó al final su espíritu al verse imponente para
recuperar intereses descabalados de familia…
Cuando el licenciado en artes don José Santos ORTÍZ, ex Gobernador
de nuestra Provincia después, estudiaba en Córdoba al á por la época de las
Invasiones inglesas, llegó a vincularse por motivos sentimentalistas con el
hogar de los VÉLEZ SÁRSFIELD. Años después se casó con doña Inés,
hermana del gran civilista, regresando a San Luis donde echaron los cimientos
de un honrado hogar. Pero nada fué seguro después, en la Punta de San Luis,
aventada por la guerra civil y el amago del salvaje. El flamante altar de aquellos
Penates, fué empujado tan presto a Mendoza como a Córdoba, hasta que la
tragedia de Barranco Yaco lo deshizo para siempre.
Pero es preciso que nos refiramos a la actuación del doctor VÉLEZ en
aquellos años iniciales de su vida pública.
Llegamos al año 1824 y como es sabido durante el gobierno del general
Martín RODRÍGUEZ y ministerio de RIVADAVIA, se pensó en reunir un
congreso nacional que unificara al país, y le diera una Constitución. A tales
fines, se enviaron al interior personalidades de alto fuste e influencia para
convencer a los gobernadores sobre la conveniencia de enviar representantes
de las entidades federales a aquella gran asamblea. El deán de la Catedral de
Buenos Aires, doctor ZAVALETA, nada menos, fué designado para Cuyo y al
llegar a San Luis, fué muy bien recibido por el Gobernador ORTIZ,
encontrándole convencido de antemano de las bellezas de aquel congreso y
teniendo ya in pectore a sus candidatos a diputados, uno, el doctor VÉLEZ, su
cuñado, y el otro licenciado FUNES.
VÉLEZ vivía ya en Buenos Aires, sede resuelta del congreso, su
candidatura fué hecha y ofrecida durante la estada de ORTIZ en Córdoba en
1824, en casa de su suegra [CHÁNETON].

Es digna de señalarse, la proclividad acusadísima de San Luis, en ligar
sus representaciones nacionales a grandes juristas del país. En 1812 había
designado nuestra Provincia como su delegado a la Junta de observación a
Buenos Aires al eminente doctor Antonio SÁENZ, en cuya rica personalidad
“primaba el abogado sobre el sacerdote, bien que sobre éstos el patriota”,
como ha dicho el doctor Ricardo SMITH.(1) Recordemos que SÁENZ fué
enemigo del obispo LUÉ, diputado al Congreso de Tucumán, fundador y Rector
de la Universidad de Buenos Aires y autor de aquel celebrado libro que se
llamó Instituciones de Derecho natural y de gentes, que educara a más de una
generación de hombres de ley.
Cuando VÉLEZ se presento al Congreso unitario, era el diputado más
joven y fué designado secretario provisorio del cuerpo.
El historiador LÓPEZ, con paleta de múltiples colores ha pintado un gran
lienzo sobre aquel Congreso memorable y que pasa a ser uno de los más
felices capítulos de su célebre libro de Historia. Al detener la descripción para
llegar a la juvenil silueta del diputado por San Luis, untada la pluma del
historiador en los urticantes ácidos que precipitó en la química de las pasiones,
la célebre discusión posterior del Acuerdo de San Nicolás, alúdele así:

Poca importancia tendrían estos discursos [Los iniciales], si al tomar la palabra
del señor VÉLEZ SÁRSFIELD no hubiera revelado sin querer quizás, que todo el caso
tenía por base una intriga traída desde Córdoba. Sofista por naturaleza y de
argumento siempre torcido se reveló en esta sesión como debería ser siempre: artero
para aprovecharse de los influjos del momento… contestando al deán FUNES le dice,
etc… hasta aquí –agrega- lo que hay que admirar es la dialéctica arqueada del
diputado por San Luis que, tan lejos de haber sido elegido por el pueblo de esa
Provincia, lo había sido, como se lo enrostró, con maña el viejo deán, por su cuñado
don Santos Ortiz, Gobernador absoluto y vitalicio también, como el de Córdoba, y
como sus amigos Juan Facundo QUIROGA y el fraile ALDAO, con quienes ORTIZ
anduvo siempre en concomitancia. [Historia Argentina: t. IX, p. 375-76].

Funesta Historia desde luego la cual así dicta la pasión siempre
encendida del doctor LÓPEZ, cuyas odiosidades se contagian desde el
personaje enemigo hasta el pariente cercano y desde aquí rebotan hasta los
amigos del pariente!!
El doctor CHÁNETON, en su celebrada Historia de Vélez Sársfield(2),
siguiendo todos los pasos de la actuación del civilista en el famoso Congreso a
que nos venimos refiriendo, dice con verdad no haber encontrado en los
discursos pronunciados por el deán FUNES en el Congreso, “una sola alusión
al respecto”.
Tampoco nosotros la hemos encontrado, hojeando pacientemente las
actas de aquellas sesiones en el T. II de Asambleas Argentinas que dirige el
doctor RAVIGNANI, ignorando por supuesto que CHÁNETON hubiera realizado
antes, la engorrosa verificación.
Es el caso que llegado el momento de votarse la forma de gobierno que
adoptaría la constitución, el joven cordobés con ejecutoria puntana votó por la
unidad y en cambio el otro diputado por San Luis lo hizo por la federación; nos
referimos a don Santiago FUNES. Si en el primero influyeron compromisos de
metrópoli seguramente, en el segundo habló insobornablemente el instinto
político local auténtico… San Luis, no había dado en puridad de verdad
instrucciones especiales a sus diputados a ese respecto.
Duro le sería sin embargo más tarde al Gobernador ORTÍZ, rechazar la
Constitución que tanto contribuyó a labrar su muy distinguido y considerado
cuñado…

La Constitución aludida se sancionó el 24 de diciembre de 1826.
Mientras tanto, la guerra civil ardía en el interior del país.
Al finalizar aquellas sesiones, se resolvió enviar al interior comisionados
destacados del seno del Congreso con el fin de pacificar los espíritus y aceptar
la aceptación de la Constitución por los caudil os. VÉLEZ fué designado para
trasladarse a Cuyo. En febrero del año 27 pasó por San Luis, conociendo
tangencialmente recién el burgo de su elección y donde gobernaba a la
sordina, aún, su cuñado el doctor ORTÍZ.
CHÁNETON, tan documentado siempre, ensaya una aventurada
descripción de aquel viaje. “Nueve días consecutivos [desde Buenos Aires], a
través de campos más o menos feraces, pero desiertos, sin encontrar otra
población que postas miserables hasta tropezar con la Punta de San Luis, villa
de 400 habitantes [?] escasos, con humos de capital…” La historia juega sus
malas pasadas a sus más serios cultores, en cuanto se dan el lance de
apartarse de los documentos… ¿De dónde CHÁNETON saca la estadística de
400 habitantes? Casualmente, el año anterior, 1825, había pasado por san
Luis, en misión apostólica el vicario monseñor MUZI con sus secretarios
canónigo Mastai FERRETTI (¡Después papa pío IX!) y SALLUSTI. Una relación
de viaje de estos honorables sacerdotes dice refiriéndose a la ciudad puntana:
“Es una ciudad de mucha extensión la cual se hace ascender a cerca de una
legua de longitud y media legua de anchura. A ella, por otra parte, no
corresponde la población, la cual se calcula en sólo 5.000 habitantes…”(3).
Conocido es el desarrollo de la misión VÉLEZ en Mendoza y de su
presencia escrita ante Facundo que señoreaba ampliamente en San Juan.
Nuestro diputado no se atrevió a enfrentar personalmente al siniestro caudil o,
conformándose con enviarle una Constitución acompañada de una atildada
nota que QUIROGA no leyó contentándose con devolver cer ado el sobre.
Cuenta SARMIENTO en su esbozo biográfico de VÉLEZ SÁRSFIELD, escrito
en 1875 por pedido de la dilecta amiga e hija del prócer Aurelia VÉLEZ(4), que
Facundo años más tarde cuando se vino a vivir a Buenos Aires, recordando y
comentando el episodio de la Constitución que se negó a recibir y leer en San
Juan con el propio doctor VÉLEZ que llegó a ser el abogado de confianza del
caudillo: “QUIROGA al saberlo tan tarde [el contenido de los pliegos] no volvía
de su indignación contra su propia terquedad, jurando que habría aceptado con
entusiasmo posición tan honrosa”. Y en otro lugar el mismo escritor recordando
de nuevo el hecho, de decir a Facundo en una mea culpa exaltado: “Soy un
gaucho bruto; soy un bárbaro que no he tenido más guía que mi capricho. ¡Soy
un bruto! ¡Y no leí la nota!”
Y aquí se cier a aquel primer ciclo de la vida pública del doctor VÉLEZ.
“Fué en dicho Congreso de 1824 –dice CHÁNETON- donde el aspirante
rábula… se transforma en el parlamentario experto del Acuerdo de san Nicolás
y en el estadista madura de la Organización Nacional”.
La tragedia de Barranco Yaco, ocurrida en 1836, corta todo recuerdo del
civilista con San Luis. Su hermana, doña Inés V. de ORTÍZ, después del
sombrío suceso fuese a vivir a Mendoza donde había echado ar aigo desde
antes la familia, abandonando todos sus intereses en San Luis, que quedaron a
merced de la codicia de un pequeño sátrapa gubernativo que buena pró le hizo.
Así eran los forzosos éxodos, violentos y ter ibles que imponían los sucesos y
los hombres de aquellos tiempos, a familias enteras…
Años después, doña Inés, se va a vivir con su familia, a Buenos Aires,
buscando amparo a la sombra de la personalidad de su ilustre hermano(5).
Siendo ya el doctor VÉLEZ Ministro de hacienda del presidente MITRE (1862-
63), hace reclamar por intermedio del general y por la vía confidencial ante las

autoridades de San Luis, el reintegro de los bienes siquiera inmuebles de su
finado cuñado el doctor Santos ORTIZ. El Gobernador de San Luis que lo era a
la sazón, en la época de la reclamación, el coronel Juan BARBEITO, contesto
en oficio confidencial al Presidente, que las propiedades del infortunado doctor
ORTIZ habían sido embargadas por el ya extinto coronel José Gregorio
CALDERÓN, Gobernador hasta 1840 de la Provincia, y protegido que fue del
secretario inmolado en la tragedia de Barranco Yaco y que las fincas y campos
habían pasado en ese momento ya a otras manos, siendo una casa de la
Ciudad, la casa de familia en ese momento, de propiedad del Fisco
Provincial.(6)
Sabemos que el doctor VÉLEZ pronunció al saber el resultado de su
gestión, áspera interjección cordobesa, dando por agotada la instancia… ¡No
era tan optimista para confiarse a los caminos de la ley o de los tribunales, que
aún no los había!
En otra oportunidad, nos hemos ocupado de la figura gris del
Gobernador CALDERÓN, de ominosa recordación, y cuya fortuna se amasó
con latrocinios como lo corrobora con frase más directa el coronel Manuel
BAIGORRIA en sus Memorias. Al leer finalmente el acta de constitución del
Gobierno revolucionario y provisional, surgido de la revolución unitaria de
noviembre de 1840 en San Luis, los revolucionarios manifiestan en ella, “que
se reúnen en la casa del Estado, que fué antes de don José Santos ORTIZ”.
(Hoy calle Ayacucho al 300, que fué el doctor José Mª de la TORRE, según
nuestras investigaciones).
El roce tangencial del gran civilista con San Luis, vuelve a operarse por
última vez, en los muertos folios de un expediente ministerial, cuando en la
presidencia de SARMIENTO era Ministro del interior. Su obra colosal
extendiendo la red telegráfica, caminera y de líneas fér eas por el país, hízole
decir a SARMIENTO más tarde con profundo reconocimiento y admiración:
“Con el nombre de Vélez Viator, habría sido saludado por el pueblo romano!”(7).
A San Luis le tocó bajo aquel ministerio histórico, según la Memoria respectiva
del ministerio, “una línea de mensajerías que partiendo de San Luis l egaba a
Villa Prima [?], tocando en Nogolí, San Francisco, Luján, Quines, Dolores
(Córdoba), Punta del Agua, Santa Rosa, Capilla de Dolores [¿Concarán?] y
Renca. Dos viajes al mes y dos correos a caballo. Otro correo a caballo de San
Luis a Dolores, con cuatro viajes al mes; establecimiento de postas, etc.
[Contrató don José E. LOBO]”.
Nada más hubo entre el gran VÉLEZ y San Luis.
No hemos encontrado documentos, pese a la tesonera búsqueda.
Remover los viejos sarcófagos de la Historia y por toda recompensa, un brindis
de Clío con cratera vacía…
El juego es frecuente.


















Notas:
(1) Ricardo SMITH: Aportaciones al estudio de la Historia del derecho en Argentina;
1942; p. 202.
(2) A. CHANETON: Historia de Vélez Sársfield; t. I, p. 75.
(3) J. A. VERDAGUER: Historia eclesiástica de cuyo; T. I, p. 858.
(4) SARMIENTO: Bosquejo de la biografía de don Dalmacio Vélez Sársfield; Buenos
Aires; 1875. (Edición príncipe, en mi biblioteca).
(5) Un hijo secretario de Facundo, Pedro ORTIZ VELEZ, fué diputado en la Legislatura
de Buenos Aires, cuando se discutía el Acuerdo de San Nicolás en las célebres
sesiones de junio de 1852.
(6) P. FARIÑA NUÑEZ: Los amores de Sarmiento; Ed. Cóndor; p. 212.
(7) El Esbozo Biográfico de SARMIENTO, se dice fué escrito por pedido de Aurelia
VELEZ, la hija del gran civilista, ligada al genial escritor por una amitié amoureuse muy
distinguida en buenos Aires de aquellos tiempos y que admiten indirectamente
escritores tan serios como BUNGE y CHANETON. En cuanto a Fariña NUÑEZ, este
episodio lo da por aceptado ampliamente. Aurelia VELEZ se caso con su primo don
Pedro ORTIZ VELEZ, hijo del ex-gobernador puntano don José Santos ORTIZ,
matrimonio desventurado, a poco de andar, que nunca se volvió a consolidar (Vide:
FARIÑA, NUÑEZ).









X
LOS DOS LLERENA
I
El doctor Juan Llerena,
el Constituyente de la Unidad nacional.


Vió la luz el que l egaría a ser el doctor Juan LLERENA, en un hogar
formado por el español don Melchor LLERENA (como dice la partida de
casamiento), y una dama puntana doña Rafaela DARACT, que casaron en
1823, según claros documentos que obran en nuestra Curia principal.
Corrieron años y l ego la época rosista. Después de la der ota unitaria de
Las Quijadas, consecuencia de las ilusiones que forjó la bizar a revolución
celeste del 10 de noviembre de 1840, producida en San Luis y jefeada por el
generoso don Eufrasio VIDELA, la familia LLERENA formó en las filas del
éxodo unitario, radicándose, como otras muchas, en Mendoza.
Fueron hijos de ese hogar, Juan, Melchor y Demetrio. El primero pasó a
cursar estudios en Buenos Aires, luego a la Universidad de Córdoba y más
tarde, finalmente, a la de Santiago de Chile, donde se recibió de doctor en
Derecho civil en 1846.(1)
Ejercitó, como se ve, un nomadismo estudiantil que recuerda los tiempos
medievales de Abelardo, por tres o más ciudades universitarias. Heroica la
pasión de saber del joven que prestamente olvidó la ciencia del Digesto –la
biblia de diablo, dijera el poeta HEINE-, para trocarse en geógrafo y geólogo
profundo, poniendo de manifiesto el acusadísimo temperamento de autodidacto
que fué siempre sabedor de insospechadas y vastas nociones, erudito en
diversas y dispares materias del conocimiento, genio fértil y diserto, como si no
fuese hoja de una tierra pacata y apagada, mentís rotundo de la doctrina de
TAINE…
Vuelto de Chile, se radicó en Mendoza, donde trabó relación con el
doctor Bernardo de IRIGOYEN, quien había casado en esta Ciudad. Ambos
jóvenes amigos fundaron en la ciudad andina el periódico La Ilustración
Argentina, de cuarenta páginas “1849”. Su objeto fundamental era, como en su
primer número se advierte, combatir a SARMIENTO, quien desde La Crónica ,
editada en Chile, propagaba sus abstrusas ideas sobre la nacionalidad de las
tierras patagónicas… La colección de este raro periódico se encuentra en la
Biblioteca nacional y su lectura pondría en claro discutidas y apasionantes
cuestiones que rozan a grandes figuras de nuestro pasado…
Después de Caseros encontramos en la Ciudad de San Luis a doña
Rafaela y a su hijo Juan, según lo constatamos con una escritura de poder que
extiende la primera al segundo, y que hemos visto en nuestro Archivo.
El Gobernador LUCERO, a la sazón, vivía ya sus tiempos de serenidad
patriarcal, taimado y cautelosa la mirada de sus ojos amarillos sintiendo a sus
pies el tembladeral que le deparaba la caída del sistema en Caseros. Los viejos
unitarios puntanos, aparentaron olvidar el pasado ante LUCERO, echando
antiguas culpas a las espaldas de CALDERÓN cuando no de ALDAO…
Corrieron luego acontecimientos solemnes con la rapidez de una
torrentera. URQUIZA, envía a Cuyo al pulcro embajador doctor Bernardo de
IRIGOYEN para gestionar, como es sabido, la concurrencia de los

Gobernadores a San Nicolás. Éstos, ni lerdos ni perezosos, estaban febriles
por ponerse a las órdenes del nuevo hombre que para el os significaba el
nuevo amo. BENAVIDES, SEGURA y LUCERO, los cuyanos, acudieron
presurosos al Acuerdo nicoleño, premunidos de amplios poderes otorgados por
Legislaturas domésticas y desde luego, proclives a la nueva sensibilidad.
No creemos que hubiera en Córdoba ni en Cuyo un ejército federal aún
no desmontado, que pudiera hacer nublar de un momento a otro el sol de
Caseros, como merituaba en apuntes privados el doctor IRIGOYEN.
Estaba, a nuestro juicio, quebrado definitivamente en ese momento ya el
régimen de Palermo.
Fué nuestro Gobernador LUCERO a San Nicolás, conjuntamente con los
demás, y creo que nadie hasta hoy ha hecho un aguafuerte más fiel y veraz de
aquella galería de Gobernadores, que CÁRCANO, pese a los que quieren
mantener en eterna latencia la infecunda historia polémica. “Los mandones
obsecuentes con Rosas –dice el conocido pasaje de CÁRCANO- serían
también obsecuentes con URQUIZA. Carecían de fuerza material y moral para
resistir. Incubados y desenvueltos en el largo período de la tiranía, sólo poseían
el sentimiento de la obediencia al superior. Impopulares en la población que
oprimían… la buena o la mala fortuna dependía para el os de la voluntad del
libertador”. [CÁRCANO: De Caseros al 11 de Setiembre]. Para hacer conocer
cómo el Gobernador rosista de nuestra Provincia, general LUCERO, evolucionó
de un régimen a otro en el espacio escaso de cuatro meses, veamos las
siguientes cartas; la primera dirigida al doctor Adeodato de GONDRA,
Representante extraordinario de nuestra Provincia ante Rosas en ese momento
(1851), y la segunda dirigida impacientemente al doctor Bernardo de
IRIGOYEN, comisionado del general URQUIZA ante las Provincias de Cuyo.

¡Viva la Conf. Argentina! ¡Muera el loco traidor salvaje unitº Urquiza! El Gobno.
de la Prov. De San Luis, Octubre 25 de 1851.
Al señor Representante extraordinario cerca del Exmo. Gobierno de la Prov. De
Buenos Aires Dr. Adeodato de Gondra. –Se honra el infrascrito en poner en su
conocimiento la elección de Representante Extraordinario en la Prov. de San Luis, que
por facultad expresa que le ha acordado la H.R.R. de ella… y que espera que Ud. Se
sirva prestar su aquiescencia… Ya se sentía en los habitantes de San Luis con motivo
de la negra traición del forajido de Entre Ríos Justo José de Urquiza, el anatema que
fulminaba a su inocuo y desleal procedimiento: pues ya se ha visto el oficial y directo
cohecho con que soñó aquel malvado desligar a este gobierno de la insoluble lealtad
al héroe de la Nación Argentina nuestro Ilustre Brigadier Gral. Don Juan Manuel de
Rosas…[Fdo.]: Pablo Lucero.- Pedro Herrera. [Libro copiador de comunicaciones
oficiales y particulares del Gobierno de San Luis, en la época de don Pablo Lucero,
años 1844-1854 Fº].

¡Viva la Confederación Argentina! El Gob. De San Luis. San Luis, marzo 16 de
1852. al señor Comisionado por el Exmo. Señor Gobernador y Capitán General de la
provincia de Entre Ríos, Dr. Bernardo de Irigoyen. Con íntima complacencia ha
recibido el infrascrito, la distinguida nota que V. E. se ha servido dirigirle desde la
capital de Córdoba y la adjunta copia autorizada que ha tenido a bien incluirme en que
se acredita la elevada y honrosa misión, que a Ud. le ha sido conferida por el Exmo.
Sr. Gral. en Jefe del Grande Ejército Aliado [!!] y Libertador [!!] ante los Exmos.
Gobiernos de las Provincias Confederadas; por cuyos clásicos [! ] documentos
habiendo sido satisfactoriamente poseído de los laudables fines que tienen las miras
heroicas [!] del Ilustre General D. Justo J. de Urquiza, sólo me resta ahora manifestar a
Ud. en contestación que a su ar ibo a esta Capital acabara de l enar las exigencias del
Infrascripto en su designio… respecto a la seguridad del orden interior de las Prov.
confederadas… Reconociendo fielmente el infrascripto la verdadera investidura que le
caracteriza en la honrosa misión [!] que le conduce, no ha trepidado un instante [!] en

expedir las órdenes necesarias al Jefe del Cantón de San José del Mor o, para que
este ponga a la disposición de Ud. veinticinco hombres carabineros al mando de un
oficial que debe custodiarle [!!!] hasta el punto del Río 5º de donde deberá proceder
igual número de fuerzas que le conducirá hasta ponerle en esta Capital. Dios Guarde a
V. E. muchos años. [Fdo.] Pablo Lucero… Pedro Herrera. [Ib. Libro copiador de
comunicaciones, 1844-54. Fº].

Al igual que el Gobernador BENAVÍDES, LUCERO fue sin ministro al
Acuerdo, y URQUIZA le insinuó nombrara al sanjuanino don Marcos ROJO
(Carta de PICO a CANÉ).
Cuando meses más tarde, y como consecuencia del Acuerdo, se instaló
la Convención constituyente en Santa Fé, también le insinuaron a nuestro don
Pablo, nombrara diputados constituyentes por San Luis a hombres de
URQUIZA, resultando designados constituyentes don Adeodato de GONDRA y
el doctor Delfín HUERGO; ninguno de los dos conocía esta Provincia.
Fue quizá de las muy pocas representaciones inauténticas, por así
decirlo, a la histórica Convención.
SARMIENTO, nos hizo varias viñetas en noir de nuestro diputado
HUERGO, cuando en su célebre carta de Yungay a URQUIZA evoca con
mordientes de odio a los hombres del Paraná. Hay un profundo parecido en la
tesitura de aquellas cartas del gran sanjuanino con las célebres diatribas de
HUGO contra Napoleón-le-Petit y contra los hombres de Compiègne, MORNY,
TROPLONG, MAUPAS, MORET… Diríanse parecidos e influencias de la
época. “Recuerdo –le dice SARMIENTO a URQUIZA- a aquel Huerguito que se
nos reunió en los campos de Cabral y que se hizo edecán y comensal por su
juventud y complacencia”. “Es culpa de S. E. –nos dice en otra parte-, que se
rodea de hombres oscurísimos, como ELÍAS, SEGUÍ, Huerguito y tanto otro
badulaque que han mandado al Congreso…”.
¡Ah, “la triste efigie de Huerguito” haciéndole contrafigura al inubicable y
genial diputado por San Juan!
Nombrados los diputados GONDRA y HUERGO, nuestro Gobierno se
apresuró a comunicar la designación a las demás Provincias, au grand
orchestre, según usanza, y es más que curioso, emocionante, seguir a través
de los viejos oficios y notas del Archivo la lucha que comenzaba agria y sin
remedio entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Entre varios
testimonios escritos recordamos esta tajante nota del Ministro Valentín
ALSINA, del Estado de Buenos Aires, dirigida al Ministro de gobierno de San
Luis y que lleva fecha 22 de setiembre de 1852: “Tengo el honor de acompañar
a V. E. copia legalizada de la ley sancionada con fecha 21 del corriente por la
sala de R. R., relativamente a que la Provincia de Buenos Aires, no reconoce,
ni reconocerá, acto alguno de los diputados reunidos en la de Santa Fé, como
emanada de una autoridad nacional…”
El 19 de enero de 1853 renunció al cargo de diputado GONDRA(2) y el
Gobierno de San Luis, por fin, tuvo holgura para introducir un representante
auténtico de la Provincia en la Convención. “Marcha a ésa provisto de las
credenciales que deben acreditarlo en el carácter de diputado a la Asamblea
nacional don Juan LLERENA –dice una nota del Gobernador P. LUCERO a
URQUIZA, como borrador de puño y letra de LLERENA-. El infrascripto se
permite recomendar a la atención de V. E. al expresado ciudadano como un
hombre adicto a los principios proclamados por nuestra grande y gloriosa
generación, consagrados por V. E. en el triunfo inmortal de Caseros”.
¡Quantum mutatis ab il us!




Es necesario que recordemos que el 20 de noviembre del 52, quedó
instalada la Convención constituyente en Santa Fe. El 18 de abril del año
siguiente, se presenta el proyecto ya articulado de la Constitución que se había
confiado a la comisión redactora nombrada, comenzando la discusión en
particular el 21 del mismo mes y que transcurrió apenas en el curso de diez
sesiones.
Si la constitución fué firmada el 1º de mayo de ese año, LLERENA solo
pudo intervenir en tres sesiones anteriores a esa fecha, en las que se discutió
propiamente dicho el histórico estatuto fundamental. En efecto, si el diputado
GONDRA renunció a su cargo el 19 de enero del 53, recién después pudo
designarse a LLERENA, quien se hizo cargo de las funciones incorporándose a
la magna Convención y prestando juramento el 27 de abril del mismo año.
En el conocidísimo cuadro de Antonio ALICE –Los Constituyentes del
53- podemos contemplar en el plano de la derecha (del observador), llenando
el vano de la puerta en actitud casi indolente, la figura del flamante diputado
por San Luis, luciendo sus barbas y melenas renegridas y su levita color pasa,
como se decía entonces. Si el cuadro de ALICE representa, como se sabe, la
sesión del 20 de abril en que SEGUÍ replica el discurso de ZUBIRÍA sobre la
postergación de la Constitución, LLERENA históricamente no podía figurar en
el lienzo, pues él se incorporó siete días después de ese acto, o sea el 27 de
abril del 53, como acabamos de verlo. Pero el gran pintor, recogiendo una feliz
sugestión del doctor Joaquín V. GONZALEZ, incluyó en su tela aún a los
ausentes para inmortalizar a todos los miembros de la Convención.
Contemplamos con delectación en el magnífico óleo, aquel a cabeza de
romántica hechura que venia bien abastecida de los conocimientos que le
podía deparar su época y su medio, para entrar resuelta y desenvueltamente y
sin tanteos en las discusiones. Aunque educado en hogar devotísimo,
LLERENA poseía el natural miraje intelectual realista, y bril aba en sus ojos
despiertos la azogada lucecilla liberal… “Aunque tan joven en la época ya
lejana en que le conocimos –dice más tarde su amigo el secretario doctor
ZUVIRÍA (J. M.), y desde que ocupó su asiento en el Congreso- …ya hizo
vislumbrar a la curiosa mirada de los presentes, el amanecer del sabio, del
íntegro, del bueno, del futuro Senador por San Luis [1865] que durante más de
veinte años no cesaría de confeccionar proyectos avanzados y patrióticos”.
Digamos que se trata éste de un perfil profético. Así fue toda la vida de
LLERENA.



Como saetero que trae ya pleno su carcaj, LLERENA pronunció en
aquella primera sesión del 27 de abril, lo que podemos decir fue su maiden-
speech, pidiendo se tuvieran presentes las siguientes observaciones sobre los
requisitos para ser senador: “Que el Senado debía ser el templo de la gloria,
que el dinero no llenaba sólo las cantidades que debían tener los senadores;
que allí debían ir a ocupar un lugar los que hubiesen merecido bien de la patria
por sus anteriores servicios, y que aquellos no eran generalmente
acaudalados. Le parecía también excesiva la exigencia de dos mil pesos de
renta que se consideraba demasiado aún en Europa”. El señor CENTENO, dice
el Diario de sesiones, apoya este pensamiento. El señor TORRENT propone lo
mismo aunque con algunas modificaciones. Puesto a votación el artículo de la
Comisión resultó aprobado el que exigía la renta, por escasísimo margen de
votos (diez contra ocho). De todas maneras, LLERENA parecía haber hablado

para su propio futuro personal. Once años más tarde iba a ser senador por San
Luis. El jopo de su melena romántica se agitó para despotricar un momento
contra el dinero…
Dichosos tiempos en que no se celebraron aún con júbilo demasiado
comprensivo para el pasaje de Fígaro: “¡El dinero!” ¡Dios mío, el dinero!. . ¡es el
nervio de la intriga!”
Durante la sesión del 28 de abril, se suscitó una movida discusión al
tratarse la libertad de asociación prevista en el Art. 14 y la libertad de cultos
tratada en el Art. 20. LLERENA sostuvo que había contradicción si se
examinaba ambas disposiciones. El diputado GOROSTIAGA sostuvo que no
había tal contradicción; en cambio el diputado LAVAISSE dijo que prohijaba la
opinión del diputado por San Luis y en igual sentido se expresaron SEGUI y
otros diputados. En la larga sesión, la libertad de asociación y la atribución
sobre admisión de órdenes religiosas en el país, motivó un apasionado debate
en que intervinieron numerosos diputados, puesto que había en el seno de la
asamblea varios sacerdotes. No obstante la apretada síntesis y el objetivismo
lacónico con que se redactaban las actas de las sesiones por el secretario
ZUVIRÍA, se trasluce en lo referente a esta sesión la atmósfera un tanto
caliginosa en que se realizó el debate. Una tercera intervención tuvo el
diputado LLERENA en la sesión del 30 de abril al discutirse el establecimiento
de Tribunales federales inferiores en las Provincias, apoyando una adhesión
propuesta por el diputado CENTENO sobre la necesidad de que los Tribunales
federales entendieran en las causas suscitadas entre el Gobernador de la
Provincia y un ciudadano de ella. LLERENA, provinciano, conocía a fondo el
dolor de la llaga y abogó por su remedio apoyando calurosamente el agregado
de CENTENO, amigos entre quienes se había tendido el hilo de la electiva
afinidad. Iban a coincidir hasta en la actitud y motivos del retiro de ambos del
seno de la ilustre Asamblea, después de firmada la Constitución.
Después de este acontecimiento, que tuvo lugar el 1º de mayo,
continuaron las sesiones de la Convención a los fines de votar las leyes
orgánicas necesarias del país para mejor aplicación del estatuto fundamental.
Cuando en la sesión del 3 de mayo, el presidente ZUVIRÍA abandonó el sitial
de la presidencia para hacer leer una larga minuta de aclaración sobre la
cuestión Capital de la Nación, LLERENA tuvo la necesaria libertad interior para
levantarse y oponerse a la inserción de la pieza aludida formando todo un
cuerpo con la Constitución como se proponía; su innato buen gusto literario,
plegó su ceño diciendo:

Que por el tono declamatorio de esta pieza, le parecía impropia su colocación
formando un solo cuerpo con la Constitución, donde todo debe ser circunscripto como
los preceptos que encierra.

En la sesión del 4 de mayo, LLERENA tomó parte de un antiguo debate,
vuelto a renovar, sobre los compromisos monetarios contraídos por las
Provincias bajo su exclusiva responsabilidad. Fue replicado en su
argumentación por los diputados DERQUI y GOROSTIAGA. Finalmente, en la
sesión del 8 de mayo, LLERENA interviene en una breve discusión sobre
Aduanas terrestres.
Recibido en San Luis un ejemplar impreso de la Constitución que se
acababa de promulgar, el Gobernador interino en ese momento, don Mauricio
DARACT, dirigió al general URQUIZA la conceptuosa nota que publicamos en
el Apéndice y que creemos es muy poco conocida. El documento es digno del
momento y del acontecimiento.

Luego viene el largo receso de la Convención hasta el 8 de junio en que
vuelve a reunirse el cuerpo para elegir nuevas autoridades del mismo. Y es en
la sesión del 12 de agosto de 1853, cuando ocur e con nuestro diputado su
inusitado retiro de la asamblea. Dice el acta respectiva así: “Se dio cuenta en
seguida por el señor presidente que los señores diputados LLERENA y
CANTENO se habían ausentado de esta Capital retirándose del Congreso,
sabiendo que su presencia era necesaria para integrar el número legal sin
previa licencia de este soberano cuerpo y pasando una simple nota de aviso al
presidente”. El señor GUTIÉRREZ, dijo entonces “que el hecho de ausentarse
los diputados del seno del congreso, en momentos tan solemnes como los
presentes en que se hacía imperiosamente necesaria su concur encia y su
auxilio, era un pecado contra la patria, una falta que el Congreso se hallaba en
el caso de evitar por todos los medios a su alcance. Que él presentaría
después un proyecto para que los diputados no pudiesen retirarse del
Congreso sin ser antes reemplazados por otros que nombrase su Provincia”.
Apoyada esta indicación por varios señores diputados, el presidente ordenó
que las notas de los diputados LLERENA y CENTENO pasasen a una comisión
al objeto indicado, y nombro para integrarla a los diputados COLODRERO y
PADILLA.
La comisión designada en la sesión del 17 de agosto, aconsejó autorizar
al presidente para que se dirigiera oficialmente al Exmo. Director provisorio de
la Confederación, poniendo en su conocimiento “el modo ir egular con que
dichos diputados se habían separado del soberano Congreso a fin de que exija
a la brevedad posible a los gobiernos respectivos, el reemplazo de ellos”.(3)
Pero es el caso que con cinco días de anticipación a esta resolución, el
general URQUIZA ya había cursado al Gobernador de San Luis, LUCERO, con
fecha 12 de agosto, una fría nota que reza así:

Habiéndose separado del soberano congreso general constituyente el diputado
don Juan Llerena que era de los que representaba a esa provincia, el Director
Provisorio espera que V. E: a la mayor brevedad, disponga lo concerniente para que
se elija la persona que debe reemplazar al precipitado Llerena. Dios guarde a V. E.
[Fdo.]: Justo J. de URQUIZA.

Como se ve, muy expeditivamente se procedía en Santa Fe y San José.
La legislatura de San Luis, con fecha 17 de setiembre, designo
reemplazante, como siempre, a una personalidad ajena al medio pero de
homogeneidad con la política de la Confederación en cambio: a don Elías
BEDOYA, cordobés, hombre de Urquiza, su Ministro de hacienda después y de
quien ha hecho un retrato lleno de interesantes empastes de color, tanto en lo
físico como en su complejo sicólogico, el general MANSILLA en sus
imponderables Retratos y Recuerdos.
¿Qué disgusto determinó en LLERENA su retiro de la Convención?
¿Qué causas privadas o políticas mediaron en su brusca determinación?
Es al cabo de 11 años después de su renuncia, que recién LLERENA
rompe el silencio y se refiere, aunque no con toda franqueza, al episodio, en los
términos de que pasamos a ocuparnos.
Se trata de un documento que después de tantos años es la primera vez
que se publica. En noviembre de 1864, es elegido senador nacional LLERENA
por la Legislatura de su Provincia.
No tenía partido aquí, ni partidarios ostensibles. Vivía retirado en
Mendoza y parece que su designación le l enó de sorpresa. Con fecha
noviembre 25 de 1864, dirige una exultante y agradecida comunicación al
Gobernador de San Luis, coronel Juan BARBEITO, agradeciéndole la honrosa

designación y adjuntándole un vibrante manifiesto dirigido a sus
comprovincianos que pide se publique en algún diario de la capital puntana:

Yo acepto compatriotas ese distinguido honor que habéis querido acordarme…
Sólo ese noble pueblo, el 53, se dignó acordarse de que había en mí un corazón
patriota y una inteligencia al servicio de ese corazón.
Entonces, no me fué dado cor esponder como debía a vuestra confianza. La
República se hal aba dividida y yo pensaba era tiempo cesasen esas funestas
divisiones.
Yo renuncié en consecuencia en mi puesto de diputado al Congreso
Constituyente, después de haber firmado nuestra carta fundamental, retirándome a la
oscuridad privada donde he vivido hasta aquí. El movimiento del tiempo y de las
fuerzas políticas y sociales en acción ha conducido de nuevo la nave contrastada de la
República al punto de partida. “La unión es hoy una realidad…”(4)

El documento a que nos venimos refiriendo es claro en su sentido, y sus
comprovincianos estaban allí para contradecirlo en caso necesario de existir
motivos. LLERENA anhelaba ante todo la Unidad del país, y disgustado sin
duda por el rumbo que tomaban los sucesos internos, se retiro conjuntamente
con su amigo CENTENO de la ilustre Asamblea. Con dicho retiro arrostraba,
sin duda, el enojo de URQUIZA y de los gobernantes de su Provincia, que le
habían designado como Representante.
Era un momento de caldeadas pasiones separatistas y el episodio pone
en evidencia el carácter altivo e insobornable de LLERENA.


II


Doctor Baldomero Llerena, el Civilista vilipendiado

La contextura espiritual del segundo LLERENA, se nos aparece en la
lejanía como deshumanizada y carente de intimidad, tal aridez de alma
trasuntaba su rostro serio y avellanado y su presencia austera.
Físicamente era longuilíneo y sarmentoso, como los varones de cepa
sanluiseña antigua.
Transcurridos los años, no pudo San Luis referir con emoción la vuelta
de su Ulises, ni el regreso del hijo pródigo… Eterno ausente; por eso cuesta
espiritualmente volver al doctor Baldomero LLERENA al rincón de su antigua
gente, estudiante del colegio Sayanca, de Mendoza, primero, evadido a
Córdoba su hogar de formación intelectual después, luego a Buenos Aires
trípode de su fama como jurista.
Así, cuando regresó una vez al ter uño, para reclamar su hijuela política,
en una mal apuntada candidatura a Gobernador de la Provincia (1896), no
encontró en su pueblo la temperatura adecuada para hacerla viable en el
sentido del Derecho civil...
Hemos recordado que el fundador de la familia LLERENA en San Luis,
fué don Melchor LLERENA, comerciante español que se estableció en nuestra
Capital y que luego casó con doña Rafaela DARACT en 1823. Fueron hijos de
este matrimonio don Juan, que llegó a ser el constituyente del 53, don Melchor
y don Demetrio; de este último, en unión con doña Genoveva VIEYRA, nació
Baldomero(5) en 1853.
Recordemos al pasar que el escudo de armas de la Villa de Llerena
(Badajoz, España), ostenta en un óvalo jironado, una fuente que mana agua y

a su vera dos encimas coposas. La ciencia del blasón nos dice que en tier as
de América, aquel a sabia rediviva germinó a su ves dos encinas, que se
distinguieron en la ciencia y en la cultura del país: don Juan y don Baldomero,
tío y sobrino respectivamente
Baldomero pasó su infancia en la estancia El Salvador de su tío abuelo,
don Justo DARACT, hidalgo solterón y de acrecentada hacienda, educado en
Buenos Aires en los tiempos ilusionados de RIVADAVIA y que más tarde
sufriría las persecuciones de los seides del tirano ROSAS, viéndose obligado a
refugiarse en Chile hasta que después de Caseros regresó a su Provincia para
ocupar dos veces el cargo de Gobernador de la misma como es sabido.
Aquella estancia de el Salvador, donde realizó proezas de vaquería y
caballería el futuro civilista, estaba situada en una región que habría de
describir más tarde con erudita pluma el geógrafo don Juan LLERENA en un
pasaje de su celebrado estudio Una excursión en el pasado geológico de San
Luis, publicado hace largos años en una revista del doctor Vicente
QUESADA.(6) “Estamos en El Salvador -escribe-. Al este se alzan las cuchillas
de lázuli de la sier a de la Punta. Pendientes verdeantes y suaves descienden
cubiertas de bosques de mimoseas espinosas…hasta los bordes de la gran
Cañada. Al poniente se destaca el cordón granítico de Alto Pencoso, sombrío y
boscoso, dominado por la cuchilla de ametisto del Gigante…”
¡Página de geología sublimada por el amor ter uñero!
Y volvamos a rememorar a don Justo, que en aquellos días rumeaba su
preocupación por propender a formar la conciencia legal de su Provincia,
dotándola de los hombres de ley que necesitaba para forjarla. Diríase que
resonaban en sus oídos las palabras de Las Bases que los periódicos escasos
difundían sin embargo por los distintos pagos de la Confederación. “La ley, la
Constitución, el gobierno, son palabras vacías si no se reducen a hechos por la
mano de los jueces”.
Sus dos sobrinos, Mauricio y Baldomero, fueron mandados por él a
cursar estudios de Derecho, el primero a Buenos Aires y a Córdoba el
segundo.
Díz que sostenía largas pláticas con sus parientes los doctores Juan
LLERENA y Manuel A. SAEZ, genios andariegos, eso sí, que le duraban poco
a la sombra de su alero patriarcal.
Siendo Gobernador le tocó el honor de hacer jurar dos Constituciones, la
nacional y la local sucesivamente, y de defenderlas de algunos amagos de
rebelión.
Hemos reseñado en otro lugar, aquel momento histórico del año 1858,
cuando don Justo llamó a abogados de Córdoba y retuvo al doctor SAEZ para
organizar debidamente los Tribunales de justicia en la Provincia.
Fué el gobernante de la juricidad.
Y prosigamos el itinerario biográfico del doctor B. LLERENA, diciendo
que estudió cartil a y Catón en la única Escuela fiscal que funcionaba en la
plaza vieja, donde fuera el Cabildo colonial. Después partió a Mendoza a cursar
estudios secundarios y finalmente a Córdoba. Graduado aquí de abogado y
antes de los treinta años, apuntando su única y segura vocación, publicó en
1879 en la docta Ciudad su primer libro Estudios sobre el Código civil
argentino. Estaba sobre el tapete en esos días la cuestión de la ley de er atas
del Código. Abría sus puertas además en Córdoba, el aula de los mejores
civilistas del país bajo el monitorio austero del doctor Rafael GARCÍA.
Cinco años después, LLERENA daba a la estampa sus célebres
Comentarios que luego alcanzarían los diez tomos gracias a la generosidad del
editor CASAVALLE.(7)

LLERENA había iniciado esa ardua y árida ciencia de la Tevaida
intelectual llamada Concordancias, y de que siempre se mostró orgul oso,
considerándose precursor… Fué desde entonces el rendido intérprete del
Código del doctor VÉLEZ, poniendo en evidencia con el cor er de los años, una
tan diuturna e intensa devoción, que hace recordar al célebre talmudista
BEJEMCH que hizo del libro santo, más que una fuente de exégesis jurídica
como era su deber, un breviario de oraciones...
Instalado luego en Buenos Aires, fué el comentarista reputado de los
diez tomos graves de Derecho civil. Profesor en la Facultad, enseñó la
interpretación del Código con un concepto parnasiano por así decirlo:
interpretar el Código por el Código mismo.
Durante cerca de cincuenta años fué el TROPLONG argentino –el
exegeta oficial del Código civil-, sin cuyas citas los fallos de los Jueces no se
consideraban lastrados, ni un alegato forense, bien calibrado. Su fama de
civilista y la autoridad de sus Comentarios fueron durante esos largos años,
como el curso manso y diríase solemne de un río romano (¡flumen!), hasta que
aparecieron los duros peñones y saltos que le opuso con designio panfletario el
mordicante doctor SEGOVIA, el robusto artesano del Derecho Civil argentino.
Trono en el tranquilo valle del puntano desde aquel día, el olifante guerrero del
eminente correntino y las críticas agrias, el intento demoledor y hasta la diatriba
casi personal se cebaron en la figura casi intelectual de aquél. Si el doctor Juan
Agustín GARCIA nos dijo una vez con ática intención que nada más disonante
se conoció que las polémicas de los músicos, es que no recordaba las diatribas
de los civilistas...
LLERENA llegó a ser así, el civilista más vilipendiado de la crónica
jurídica argentina.
La ciencia de las Concordancias del Código, de que tanto blasonaba
LLERENA, alguien insinuó que era un plagio de su maestro de córdoba el
doctor Rafael GARCÍA. SEGOVIA, a su vez, le imputó igual pecado, cometido
decía, a expensas de su propia entraña intelectual. Su fobia persecutoria
cristalizó en el perverso libro El Código civil anotado, que SEGOVIA escribió
exclusivamente para contestar y atacar a LLERENA. Libro escrito en dos
meses –dice su autor-, está precedido de un epígrafe de FONTENELLE que
dice: “Es sólo tapando las espaldas de los otros, que muchos consiguen ver a
alguna distancia”.SEGOVIA se dice el Lazarilo intelectual de LLERENA. El
libro contiene 2862 notas, de las cuales por lo menos 1400 están endilgadas a
contradecir a LLERENA, a desmentirle cuando no a atacarle con todas las
armas del enconado polemista. Una intensa fobia parece alentar tan arduo
libro, tan siquiera por su extensión.
Todos los venenos intelectuales destilan aquí.
Las agresiones a “un profesor de Derecho civil” (léase LLERENA),
reconocen toda la gama. La agrede o le critica como civilista (¡rigor fuera!),
como traductor, como gramático, como matemático (!), como latinista…
“Profesor de doctrinas monstruosas…” “plegario de LAURENT…”, que “sigue
mis vistas, que “adopta mis comentarios sin citarme, -añade el bravo
correntino-. Ese mismo profesor –dice en una nota 2050-, “maneja las leyes a
tirones” y su “diatriba es hija de la ofuscación o de la dispepsia jurídica”!
Mucho tiene efectivamente dicho libro de panfleto, y si bien muchas
veces acierta en la crítica, en gran parte se reduce a detalles que podríamos
calificar de balbuenismo jurídico; er ores de imprenta, grafías o trocatintas de
los cuales seguramente no es responsable LLERENA.(8)
Pudo decir así el doctor Rodolfo RIVAROLA a raíz de la crítica
segoviana, “que no había visto nunca en el terreno de la ciencia una agresión

tan personal, tan cruel y despiadada. Ni los ataques de SCHOPENHAUER a
HEGEL, ni las críticas de NIETZCHE a WAGNER, recordaban el presente
caso…”
Pero no fué esto sólo.
Cuando apareció el doctor José O. MACHADO en el cartel de los
tratadistas de Derecho civil, su hoja, salió “de la vaina cortando” contra
LLERENA. Éste aprovechó la segunda edición de sus Comentarios (1899),
para replicarle imputándole haber tomado sus opiniones sin haber citado la
fuente de origen. MACHADO replicó en seguida publicando su célebre
Contestación del doctor J. O. Machado al doctor B. Llerena. Una mistificación
(1903). El encono de SEGOVIA queda pálido ante el nuevo brulotista.
LLERENA calló siempre con dignidad.
En cuanto al doctor BIBILONI, su enseñanza vibrante y demoledora
contra la vieja escuela, tronó contra LLERENA, manso catecúmeno de Vélez y
por ende decía, formaba parte de la cofradía de los civilistas que “vivían de
rodillas ante el código de VÉLEZ”.
BIBILONI todo verbe e iniciativa, fué en la cátedra el contratipo de
LLERENA, que era de exterior opaco y expositor cansino de su lección. Sin
embargo LLERENA le respondía indirectamente con atinado criterio: “Unos,
antes de conocer bien la ley quieren que el Congreso la reforme, porque su
primera impresión es que ésta es mala. Otros por esto mismo y porque se
creen capaces de hacer un Código que esté al abrigo de toda crítica, tratan de
desacreditar la obra del doctor VELEZ”!(9)
Últimamente, el doctor CHÁNETON enrostra a LLERENA su criterio
jurídico, sus resoluciones vacilantes y ambiguas cuando no incongruentes,
anunciando en fin el ocaso definitivo de su celebridad y autoridad científica.
LLERENA llego a ser ante la crítica de muchos, el George OHNET del
Derecho civil argentino –incólume no obstante ante sus lectores, su gruesa
fama-, pese al sonoro vilipendio y a que el doctor SEGOVIA con su autoridad
un poco brava, le puso fuera de la literatura jurídica argentina.
Lejos estamos de ser coleccionistas de los cardos y ortigas que
cubrieron la senda intelectual de nuestro civilista, pero él constituye un caso de
enconada persecución intelectual; y si no fué nunca bril ante –(¡en tier as en
que es casi necesario serlo!)- se salvo no obstante del naufragio por la dignidad
y fría serenidad de su juicio, expuesto en un estilo de pulso lento, pero parejo,
cualidades que gustan a los Magistrados. LLERENA fué el comentarista
preferido de los Jueces, y sus servicios a la cultura jurídica argentina en horas
de verdadera y general incompetencia forense, son indiscutibles.



En muy escasa proporción pudo San Luis, contar con las luces jurídicas
del doctor LLERENA. Cuando la reforma de la Constitución de 1905, elegido
como constituyente, no concurrió a la Convención, ni vertió opinión alguna.
Respondió a consultas jurídicas aisladas, con la displicencia de un
extraño. Nos ocuparemos sin embargo de un casus atingente con la
Municipalidad de San Luis, por las interesantes y novedosas cuestiones
jurídicas que se planteaban.
En 1893, se suscitó en nuestros Tribunales en sonado litigio entre un
particular y la Municipalidad de nuestra Capital, siendo requerida por una de las
partes la opinión del doctor Baldomero LLERENA, en una novedosa cuestión
jurídica aun poco dilucidada –opinión precursora por así decirlo, que con el
correr del tiempo cristalizó en jurisprudencia sentada en nuestros Tribunales y

hasta en leyes expresas. El pleito es interesante además porque presunta el
estado de la cultura jurídica en nuestro medio, hace cincuenta años.(10)
He aquí una síntesis de las cuestiones que se plantearon: Mediante una
Ordenanza sancionada en mayo de 1893 por el Consejo deliberante de la
Ciudad, se declaró caduca la concesión del Mercado y matadero de la misma,
declarándose además rescindido el contrato respectivo celebrado en 1877 con
el señor Isidoro CALERO. El concesionario del Mercado, patrocinado por el
doctor Valentín LUCO, inicio demanda contra la Municipalidad pidiendo la
suspensión y nulidad de la Ordenanza que declaraba rescindido el contrato de
explotación del susodicho mercado. Sostenía el actor que la Municipalidad no
podía hacerse juez de su propia causa, declarando por sí rescindido el
contrato, debiendo para ello ocurrir a los Tribunales ordinarios en demanda de
justicia puesto que no existe en la Provincia Tribunales en lo contencioso
administrativo. Además, de acuerdo al Art. 1204 del Código civil, sin pacto
comisorio expresó una de las partes no puede dejar sin efecto el contrato
porque la otra no lo cumple. Contestó la demanda en representación de la
Municipalidad el procurador entonces don Tomás JOFRÉ, más tarde eminente
maestro del Derecho, sosteniendo entre otras cosas que la Municipalidad tiene
facultades para rescindir el contrato celebrado con el empresario del Mercado
de acuerdo al Derecho administrativo, pues el Art. 1204 rige para un contrato
privado, pero no cuando están de por medio los intereses públicos, la higiene y
salud de la colectividad. Agregaba además JOFRÉ, que el concesionario del
Mercado lo mantenían en pésimo estado de higiene, poniendo en peligro la
salud pública como lo probaba con los informes de los inspectores, etc. Decía,
además, que se tuviera como parte del escrito de responde, una carta con una
opinión del doctor B. LLERENA, consultado al respecto por JOFRÉ. Decía
LLERENA:

Por consiguiente puedo afirmarle con la mayor seguridad que la Municipalidad
de San Luis, ha estado en su perfecto derecho al dejar sin efecto el contrato a que se
refiere su consulta. Ante todo hay que tener presente un principio inconcuso de
Derecho recordado en los antecedentes de esa disposición municipal sancionada por
el Art. 5 del Código civil, y es que contra las leyes de orden público, nadie puede tener
derechos irrevocablemente adquiridos… En el caso sub judice, no se puede oponer a
la Municipalidad el principio en el Art. 1204 del Código civil y sus concordantes, que
establece que el pacto comisorio debe ser expreso para que una de las partes pueda
dejar sin efecto el contrato porque la otra no lo cumplía… El pacto comisorio o derecho
de rescindir los contratos celebrados entre el Estado o sus dependencias y los
particulares, es implícito, dice PROUDHON, para cuando los particulares no lo
cumplan.

Agregaba LLERENA en su carta, que por otra parte esa misma teoría
había sostenido en una consulta de la Municipalidad de la Capital federal, de
acuerdo también con su colega el doctor TEZANOS PINTO.
JOFRÉ apoyó su alegato, sosteniendo la medida tomada por el Consejo
deliberante, en la autoridad de vetustos tratadistas como COLMEIRO (español)
y FERREYRA (argentino) en sus generalidades, pero eso sí, en las ideas del
doctor Lucio V. LÓPEZ en cuanto a la novísima cuestión que recién se
ensayaba en los Tribunales argentinos.
Lo que casi con criterio intuicionista sostenía JOFRÉ en 1893, ha l egado
con el tiempo a ser la doctrina aceptada por la actual Jurisprudencia y los
tratadistas actuales. La revocabilidad del acto administrativo, por procedimiento
administrativo, es una facultad indiscutible del Poder público, cuando median
intereses públicos que así lo determinan (SIELSA, JÉZE, BULLRICH, etc.).

Un fallo reciente (1938) de la Suprema corte de la Provincia de Buenos
Aires, tomado al azar de tantos sobre la materia ha declarado:

En los contratos administrativos, es el Servicio público traduciendo el interés
general el que constituye el fin de la convención al cual se subordina todo. El primer
deber de la administración, es el procurar que la obra o el Servicio público se realice
de manera que responda al fin que se tuvo en vista al disponerlo; y en tanto las
resoluciones que se dicten vayan enderezadas a satisfacer el propósito, el
acatamiento por parte del contratista es forzoso sin perjuicio de la reclamación por
indemnización, etc.[Revista La Ley: t. X, p. 1164].

Igual doctrina ha adoptado la IV Conferencia nacional de abogados. En
idéntico sentido la Ley nacional Nº 775, de Obras públicas, Arts. 67, 68 y 69.
Era curioso por otra parte el empeño de LLERENA, por fundamentar
únicamente en el Código civil la opinión sostenida en su carta de 1893, opinión
que nunca llego a ratificar el estudiar en la nueva edición de sus Comentarios
(1899), los recordados Artículos 5 y 1204 del Código civil.
Este pasaje jurídico, como se ve, pone en evidencia cómo se gesta una
tesis que luego se cristaliza en jurisprudencia sentada y doctrina cor iente. Así
se forja el Derecho.



Examinemos ahora un pasaje político que pone una nota de personal
humanismo en la gélida silueta del doctor LLERENA.
Podría ser un típico fresco social y político de Provincia.
En 1896, gobernaba San Luis, don Lindor QUIROGA. Se vivía un
momento de descomposición política con demasiados fermentos en la
atmósfera. La Tribuna de Buenos Aires, observaba que en una Provincia de
82.000 habitantes como San Luis, pululaban demasiados Partidos políticos. Por
otra parte, cuatro periódicos mantenían encendidos los ánimos banderizos.
En cierto momento se suscitó un grave conflicto tribunalicio con el
Gobernador.
Pudo llamarse aquello de entremés de togas y pelucas.
El Gobernador disolvió el superior Tribunal de justicia y a raíz de el o, la
Legislatura le promovió juicio político disponiendo separar del cargo al señor
QUIROGA y nombrando Gobernador interino al señor Monitor MAZA.
QUIROGA puso en prisión a MAZA y a su Ministro.
En ese momento, eran diputados en el congreso los ilustrados
jurisconsultos doctores Eleodoro LOBOS y Mauricio P. DARACT, quienes en
conjunción con los camaristas exonerados y parte de la Legislatura pidieron y
obtuvieron la Intervención federal, que se decretó el 3 de noviembre de 1896.
Se designó Inventor al jurisconsulto doctor Norberto PIÑERO, profesor de
Penal en la Facultad, quien a su vez trajo de ministro al doctor Federico
IBARGUREN, profesor también de Introducción al derecho.
Se tendieron las líneas por los Partidos, aprestándose a elegir
Gobernador. El Partido nacional (mendocistas), levantó la candidatura del
coronel Antonio ARDILES, quien “si no sabía las reglas gramaticales” –decía
en su panegirista-, era hombre sano y expectable. Al frente, una coalición de
diversos partiditos y grupos (mitristas, radicales, lobistas y liberales), se
preparaban a ir a la lucha con sólo los electores de Gobernador; se les l amó la
Unión liberal.
Los periódicos voceros del ambiente, se cambiaban las diatribas ad
usum. El pueblo, gritaba el peligro de la vuelta de la oligarquía mendocista,

apenas apagada decíase con la muerte del senador don Toribio MENDOZA; La
Reforma, señalaba a su vez la funesta influencia de la oligarquía de los
BARBEITO y los DARACT en el pasado, los mitristas en suma.
Cercana ya la fecha del comicio, los coaligados, en trance de apuros,
pensaron en la candidatura del doctor Baldomero LLERENA, quien, saliendo
del sereno retiro de su acreditadísimo estudio jurídico de Buenos Aires, prestó
al fin su consentimiento para ser candidato. La primera impresión en la opinión
general fué de grata sorpresa y sensación, aun en el Partido nacional. ¡Lástima
de candidatura tardía que encontraba ya a mucha gente embanderada y
comprometida con ARDILES!, -decía un diario local. Era el criterio de mucha
gente. Sin embargo, el caldeamiento de las pasiones, trajo el inevitable
manoseo de la límpida personalidad del doctor LLERENA.(11)
Inter. Tanto la Intervención pulcra y decente, como la personalidad de
sus distinguidos agentes, presidía una campaña brava y a veces artera,
decretando el flair play de los caudillos.
Nunca hubo en juego como en aquella vez, tanta personalidad jurídica:
PIÑEIRO. LLERENA, LOBOS, IBARGUREN, M. P. DARACT, PEREYRA (C),
LUCO, BARBEITO, etc., además de los camaristas expulsados.
¡En el retablo provinciano se pasaba el entremés político de las togas y
pelucas!
El 6 de diciembre de 1896, se efectuó la elección de Gobernador. El
Partido nacional tuvo 22 electores, y los Partidos coaligados que sostenían al
doctor LLERENA, sólo 6 electores.
Reunido el Colegio electoral, los electores del Partido triunfante
sustituyendo la candidatura bandera de la campaña o sea el coronel ARDILES,
eligieron Gobernador a don Adeodato I. BERRONDO.
El doctor LLERENA juzgó aquel a elección y los procederes del
caudillismo rural, así como la actitud de algunos empresarios de su
candidatura, con duros términos según una carta que leímos hace años.
Desde entonces la filosofía del resentimiento taladró su espíritu contra el
terruño. Renunció inmediatamente de la comisión para repatriar los restos del
general PEDERNERA, integrada por los doctores Adolfo P. CARRANZA,
LOBOS, GARRO, etc., y que había designado el Gobernador QUIROGA.
Elegido convencional para la Reforma constitucional de 1905, se mantuvo en
su silenciosa lejanía, sin acudir a la cita honrosa y sin pronunciar juicio alguno.
Había cristalizado sin duda el complejo sicológico a que alude Max
SCHELLER, “en el cual las sombras de las personas y sucesos, bailan una
danza dirigida por el resentimiento, y ciertamente opuesta a las reglas del ritmo
terrenal”.
Desde entonces, el segundo LLERENA fué un deraciné del solar de su
antigua gente.














Notas:
(1) Hecho aceptado por su finada hija, doña Josefina LLERENA, en un apunte
manuscrito que hemos tenido a la vista.
Por otra parte, en 1854 el Gobernador mendocino, general Pascual SEGURA, envió a
la Legislatura local dos Proyectos de constitución para su Provincia: uno, del doctor
Juan B. ALBERDI, escrito en Valparaíso, y otro del doctor Juan LLERENA, que
actualmente debe encontrarse en el Archivo de dicha Legislatura. Desde luego que la
fama de ALBERDI oscureció el proyecto de nuestro comprovinciano. (Debemos este
antecedente al conocido historiador don H. SALDAÑA MOLINA, secretario de la Junta
de estudios históricos de dicha Provincia).
(2) Fué el doctor GONDRA, un pintoresco embajador profesional de gobiernos rosistas
del interior ante el señor de Palermo.
El doctor Carlos IBARGUREN en su difundido libro En la penumbra de la Historia,
describe un gracioso entremés histórico digno del retablo de Maese Pedro, cuando
siendo aquél delegado del Gobernador federal de Tucumán, don Celedonio
GUTIERREZ, ante Rosas, le respondió en el camino casi, el cambio total de situación
después de la batal a de Caseros. “El plenipotenciario señor GONDER, -dice
IBARGUREN- llegó a Buenos Aires en momentos en que se der umbaba la tiranía;
pero tal contratiempo no lo desconcertó; en vez de rendir el homenaje dirigido a
Rosas, se lo ofrendó a URQUIZA, la tarea le fué fácil y para el o sólo tuvo que cambiar
de destinatario y variar los adjetivos mal aplicados que llevaba en sus instrucciones:
vándalo, salvaje y criminal resultó el vencido, benemérito, ilustre y magnánimo el
vencedor”. (Op. cit,; p. 132).
(3) RAVIGNANI: Asambleas constituyentes argentinas; T. IV, p. 557 y siguientes.
(4) He transcripto dicho documento en mi opúsculo El constituyente Llerena, por San
Luis: p. 35-37.
(5) Adelantando la biografía externa del personaje en forma sintética, digamos que el
doctor LLERENA, nacido en la Ciudad de San Luis, se graduó de abogado en Córdoba
en 1876. De 1890 hasta 1902, formó parte del directorio del Banco de la Nación
Argentina. En 1893, bajo la presidencia del doctor LUIS SAENZ PEÑA, fué designado
Interventor federal en la Provincia de Santa Fé. En 1897, fue nombrado profesor de
Derecho civil en la Facultad de derecho y ciencias sociales de Buenos Aires,
falleciendo el 26 de Julio de 1914 en esta ciudad. En nombre de la Facultad despidió
sus restos mortales el doctor Raimundo WILMART. (Datos aceptados por la señora
María Magdalena LLERENA de Calderón, hija del civilista, en carta al A.)
(6) Nueva Revista de Buenos Aires; t. I, p. 240; Año 1881.
(7) Rara casualidad; en ese mismo año de 1882, otro joven puntano, el doctor Juan M.
GARRO, publicaba también en la Ciudad conventual, su celebrado libro Bosquejo
histórico de la Universidad de Córdoba, en un ambiente siempre hospitalario para los
cuyanos.
(8) Cuando leíamos tanto escolio picante y a menudo inteligente, añorábamos sin
duda al maestro GROUSSAC, el sin par esgrimista de la nota crítica al pie de página,
gota sabia y corrosiva casi siempre, que traspasa como un ácido el er or de hecho o
de concepto, criticado, dejando el temible escozor que a veces brota sangre…
(9) Estudios de Jurisprudencia argentina; Buenos Aires 1898; p. V y VI.
(10) La Municipalidad ante los Tribunales; de San Luis, 1893, Tip. La Tribuna (Escrito
presentado por Tomás Jofré contestando la demanda).
(11) La Prensa partidista –Oh, vil caniza gazzetante!, dijera d’Anunzio- llegó a las
torpes alusiones: “Ah, el pioncito de los DARACT…. ”, don Baldomero “es mendocino
probado”…









XI
UN VIGOROSO REFORMADOR DE
INSTITUCIONES: El doctor Tomás Jofré(1)


La Biografía moderna. ● Las obras y los días de un abogado. ● El reformador.
El ambiente y la familia. ● Comienzos. Una batala contra las malas leyes
procesales del país. Las grandes reformas del proceso criminal. Código de
procedimientos criminales para la Provincia de San Luis. id. Para la Provincia
de Buenos Aires. ● El Paladín de la oralidad procesal. El “ultimo libertador en
nuestro orden jurídico”. ● La Estampa humana del reformador.


Vivimos en la época de la Biografía; inconscientemente evocamos en
nuestro espíritu la antigua sentencia de un filósofo: Nada hay que interese más
al hombre que el hombre mismo.
Yo creo profundamente en la pedagogía de la Biografía.
Un autor francés de estos días, nos dice que el a “despierta en nosotros
el sentimiento de la grandeza, que ella nos da confianza mostrando la fuerza
del individuo y que ella puede presentar el peligro de excitar siempre, pero no
de calmarnos jamás. Nada tiene más influencia sobre las acciones de los
hombres–continúa-, que el conocimiento de las acciones de otros hombres”. Y
bien, yo voy a intentar esbozar la semblanza biográfica de un puntano
sobresaliente, que dio lustre y prestancia a esta tierra pobre en bienes que nos
tocó en suerte, y que logró difundir con resonancias de verdadera fama su
nombre, ante otras tierras más generosas y pródigas en granjerías, pero no
tanto en levaduras morales o en pastas de caracteres macizos y leales como la
consistencia de los nobles metales.
El ágil espíritu del modernismo, Andrés MAUROIS, biógrafo insigne de
BYRON y DISRAELI, nos ha dado reflexiones sabias que no resisto a la
tentación de al egarlas por ser de oportunidad, cuando se trata de evocar el
perfil de un muerto ilustre.
El joven maestro de biografías, discur e con evidente acierto cuando nos
recomienda que no es decoroso ni noble, “esa insolente manera de tirar, a los
leones muertos, por las barbas”, ni es edificante retrotraer la ingenua
costumbre de las parroquias anglicanas de América en el siglo XIX, en que era
tenido por evidente que cuando moría un ciudadano distinguido, abogado, juez,
profesor o comerciante, que su pastor religioso escribiera el elogio de su vida, a
menos que su mujer, su hermana, o su sobrina no fueran preferidas para ese
menester…(2)
Sin afiliarme a ninguna de las extremas posiciones, yo creo con el autor
citado, “que la muerte es la más grande de las artistas, porque cuando el a ha
pasado, las pasiones se apaciguan y se endulzan, los perfiles se aclaran con
verdad y sólo resta la línea maestra de una vida o de una personalidad”.
Refieren del viejo John RUSKIN noble esteta inglés, que en sus tardes
postreras, arrimado a su ventana contemplaba el paso lento de las
tornasoladas nubes y exclamaba musitando con secreta delectación:
“Beatiful!. . Beatiful…!” Hay también en la contemplación del paso de los
hombres que cruzan como las nubes, -dijera KEMPIS- un veneno de secreta

belleza sobre todo cuando lucharon, crearon o cumplieron grandes acciones.
Esperemos, cuando hayamos concluido de recorrer la noble vida y las obras
del hombre que nos ocupa –muy ajenos a las pálidas artes del evocador de su
figura-, exclamar como el anciano esteta frente a su ventanal lírico: Beatiful!. .
Beatiful…!

El Ateneo de la juventud, honrándome, me ha encontrado una
disertación biográfica, pretendiendo así con elevado acierto, divulgar en la
conciencia de la juventud, las figuras de los puntanos ilustres, como un reactivo
contra las olvidadas modalidades de nuestro carácter y como una pedagogía
tónica del ejemplo para las jóvenes generaciones que se inician en la vida y en
la lucha por la cultura. Vamos a recordar, con intel et o d’amore, porque nos fué
una figura siempre querida, la de un vigoroso maestro reformador de
Instituciones, vamos a recordar al doctor Tomás JOFRÉ.
Hablaremos de las obras y los días de un abogado ilustre a quien, si
viviéramos en países o en tiempos de tradiciones, de signos o de advocaciones
místicas, merecería al á en las regiones serenas colocar su memoria bajo la
venerable beatitud del patrono de aquellos abogados belgas, san Ivo, con
contritos ritos de grandiosa solemnidad… O bien, si en nuestro pueblo
tuviéramos organizada nuestra Orden de abogados como en los añejos foros
de Europa, lo hubiéramos ungido simbólicamente, desde que ya no existe,
como a nuestro Batônnier, el primero en el merecimiento de sus colegas por su
experiencia y su sabiduría.
Vamos a hablar de un legislador de probado liberalismo, que dio leyes
que enaltecieron las libertades individuales y públicas, rompiendo los viejos
moldes de la ley colonial, por lo que mereció ser llamado con elocuente justicia
“nuestro último libertador en el orden jurídico”.
Vamos a hablar, en fin, del maestro de Derecho que contribuyó con su
sabia enseñanza en la cátedra, en las Legislaturas y en los estrados, a crear
eso que llamara VANNI la fibra legal en el país, o sea la entraña jurídica del
pueblo, exponencia de su máximo grado de cultura civil.


El doctor JOFRÉ fue un reformador; eso fué, como diría GRACIÁN, el
quilate-rey de su personalidad.
Dio muestras desde sus primeros pasos en la vida pública de un espíritu
alerta, desdeñoso y rebelde en presencia de las cristalizaciones absurdas de la
sociedad, y como fué un jurista, quebró su lanza contra los molinos de viento
de las viejas leyes, como eran ya, norias sin agua de justicia…
¿Se podría creer, que San Luis, la Provincia de estático semblante, de
silente calma de remanso, fuera clima propicio para la gestación de espíritus
innovadores?
¡Vieja y claudicante teoría de TAINE sobre la influencia del medio en la
formación de las estirpes intelectuales!
¿No fué acaso LAFINUR –hijo del aurífero cañadón de Carolina, sitio
ignoto de tierra adentro, pétreo rincón de un seno abrupto- quien saliera un día
con impulso renovador a dar un aldabonazo rotundo en el portal del
escolasticismo medieval de San Carlos, desbrozando caminos para la nueva
filosofía de CONDILLAC y LOCKE? ¡Él también fué innovador y un maestro de
cátedra en la Universidad de Buenos Aires!
Hay un misterio oculto en estos contrastes de la cuna y del destino.

Para el filósofo Jacques MARITAIN, tres son los grandes reformadores
modernos en los campos del espíritu: LUTERO, DESCARTES y ROUSSEAU.
Es en fondo del alma de algunos hombres donde se han gestado todos los
acontecimientos de la Historia moderna, agrega.
En la celda en que LUTERO, alucinado, cree discutir con el diablo, es
donde ocurriósele su enorme Reforma religiosa; es frente a una estufa de su
gabinete de Suabia, donde un anoche DESCARTES concibió su Método ilustre
que renovó la Filosofía moderna; y es en el bosque de Vincennes, donde
ROUSSEAU al pie de un roble, mojó de lágrimas su chaleco al descubrir lo que
él l amó la bondad del hombre natural que le sugirió su concepción reformadora
de la convivencia social mediante un Contrato ideal… Distancias guardadas,
¿no sería en un destartalado pretorio de justicia del San Luis de fines de siglo,
contemplando JOFRÉ un mundil o de actuarios minuciosos, de rábulas y de
jueces formulistas, donde una tarde quizá concibió el futuro reformador de
leyes, la modificación total del proceso judicial todavía colonial, que hacía de la
justicia humana, una profunda injusticia?
Pero volvamos al comienzo; intentemos una evocación de época y
hagamos historia familiar.
Año 1848. Por todo el país inficiona la atmósfera rosista. San Luis, aldea
muerta, era como un parpadeo de vida en medio del desierto que separa las
poblaciones escasas de la gran región cuyana. Gobierno patriarcal pero de
duro regimiento federal, de don Pablo LUCERO. Mandonismo cerrado y
arbitrario.
El caracterizado vecino don Pío Solano JOFRÉ, ex funcionario,
conjuntamente con varios descontentos, no quiere comulgar ya más con las
migas que se amasan a la sombra del alero oficial.
Urde y jefea una conspiración contra el Gobernador. Le deponen
mediante una revolucioncita.
Pero la adversidad les persigue: el general rosista es repuesto en su
baronía criol a. Persecuciones implacables con pena de la vida. Don Solano
huye a Chile. Le confiscan sus bienes. ¡Ardidos odios se guardan en el pecho
como en un arcón cer ado! Ya lo dijo el hábil MAQUIAVELO: “Lo que debe
evitar el Príncipe porque se haría odiosísimo, es apoderarse de los bienes de
sus súbditos… Si priváis al hombre de una cosa útil nunca la olvida: a cada
necesidad que siente la recuerda, y como las necesidades renacen todos los
días, así también se renueva su resentimiento”. En estos días aciagos, en el
hogar desolado de don Pío crece un hijo.
Ha sonado la hora de Caseros y Celestino, que así se l ama el
mayorazgo preferido, es el voto de la esperanza familiar… Es muchacho
despierto y curioso. Un día, con sólo la bendición materna por equipaje parte
hacia el Colegio Montserrat (Córdoba), conjuntamente con otros jóvenes:
Cristóbal PEREYRA, T. BARBOZA, TULA, etc. Montser at era la pepinera
intelectual de los jóvenes hidalgos de las provincias mediterráneas… Pasa
breves años. Regresa a la provincia el joven Celestino, redondeada a medias
su licenciatura en Derecho, porque los recursos son paupér imos y los estudios
son largos.
Entre sus bártulos de viaje, el cuasi doctor cordobés, trae en mente,
mercancía dilecta: latín, conocimiento de Códigos españoles, algo de Filosofía,
alguna práctica forense. San Luis, continuaba su siesta mental. En la ínsula
mediterránea, encuéntrase que se han encaramado al Gobierno mandoncil os
del mismo cuño ignaro y prepotente que le enseñara a despreciar y a odiar su
padre… Se hace periodista opositor; ir ita al siervo lugareño, que es la
continuidad proterva en los usos del Gobierno antojadizo y de la Política de

toldería. Abre su bufete de licenciado en Derecho; mandobles a diestra y
siniestra para hacer camino a la verdadera ciencia del Derecho cristiano.
Repecha incauto la correntada que se orienta desde la satrapía imperante.
Forma su hogar. Paladea a trechos el relampagueo del triunfo raro, pero es
más la tinta obscura del fracaso o del quebrado empeño, en aquel a acuarela
de su vida al comenzar. En medio de todo, difunde ante quién quiera sus luces
jurídicas; aconseja, enseña y endilga a los que aspiran a ser curiales. Es
también maestro de Derecho. Más tarde, ha de redactar un Código rural que
fué fundamental para el encauzamiento de los primeros hábitos legales en
nuestras campañas.
En un espíritu penetrante, burlón a veces, y discur e con un concepto
siempre realista de la vida. Comprende que por ahora nada va ha hacer en la
Huncavélica rendida, donde impera la rienda del vengativo Regidor. Rebelde
por idiosincrasia, aléjace a vivir en su estancia Las Peñas, del Departamento
Príngles. Mientras tanto, le había nacido su primer hijo: Tomás. En las tardes
calmas y soledosas de la estancia lejana, -imaginemos esa hora de la
conciencia, que dijera HUGO- el muchacho escucha atento y pensativo los
respiros confidentes del padre, las primeras enseñanzas de verdad. Son las
primeras letras, pero más aún, la revelación del fondo de las cosas, de los
hechos, de las actitudes; digamos de una vez: el revés del tejido de la vida… El
muchacho toma caudal de todo aquello. Se le afina la perspicacia ya aguda
como espina. Se le hace comprender tempranamente que hay monumentos de
barro demasiado humano, que hay que desconfiar de la fachendosa apariencia
que oculta la perversidad o la picardía de los personajes; el papel pintado de
ciertas leyes tendenciosas. ¡Ah!, y las tramoyas provincianas sin fin que no
escogitan siempre la línea recta para lograr un objetivo.
El niño vivaz, se aprestaría sin duda para no ser un incauto en las lides
del redondel futuro:
-¡Toreador, toreador, in garde!. .
Un día, un amigo del padre, le recuerda que es hora de enviar al
muchacho al Colegio para cursar reglamentariamente. Una pizca de
socarronería criol a le asoma al azogue de los ojos y responde a su visitante: -
¡No!, déjeme al muchacho que siga redondo sin saber leer… ¿No ve que le
estoy criando para Gobernador de San Luis?. .
Sin embargo, no creamos en la ironía del padre. El hijo concur e a la
escuela y entre los alivios de su vida trabajadora que coopera en la lucha por la
vida con el jefe de familia, se hace bachiller. Aprende de oídas la ciencia
variada y colorida que le da su progenitor y mentor; lee desordenadamente:
engulle lo que puede, fragmentariamente. Era un autodidacto instintivo y
personal. Así lo sería toda su vida, pese a su universitarismo de más tarde. “El
forzoso ejercicio de la espontaneidad, originalidad y atrevimiento –ha dicho un
Autor-, son causas que concurren a explicar, la frecuente eficacia de la cultura
personal y libre, para los grandes impulsos de invención y reforma”. Sin
embargo, muy luego apuntaría la lucecil a primera de la vocación.
RODÓ, que ha escrito agudos estudios sobre la vocación individual, nos
recuerda con inimitable elocuencia, “eso que en el ser vegetativo l aman el
sueño de los granos: la permanencia estática del grano apto para germinar”, y
que resta cuerpo leve y enjuto fuera del regazo de la tierra en espera del
momento en que le toque expandirse en planta o en flor… En el hombre
duermen las vocaciones hasta que llegue la oportunidad reveladora. Tomás
JOFRÉ sintió desde joven la vocación del Derecho.
Su padre le guía en sus primeros encontrones con los Códigos. “Sé
práctico –le dicta criollamente sentencioso-. El Código es la razón escrita;

búscala, aprende a rastrearla, y si la tienes, la encontraras en el articulado de
la ley. Por ahora aprende a encontrar el precepto que te asista y siempre,
aprende a rastrearlo. Pero hoy eso te bastará”. (Respondo de la autenticidad
del concejo).
Luego ejerció de procurador aquí en San Luis, y más tarde rindió
examen de escribano. Estudió Derecho sin maestros, conjuntamente con el
doctor Nicolás JOFRÉ, el ilustrado Rector de este Colegio que me presta
hospitalidad y que me ha narrado con emoción evocativa sus juveniles luchas
por la cultura jurídica en compañía del gran jurista que hoy recordamos. Pero a
nuestro hombre, le ha llegado la hora de vestir la toga viril. Con mirada certera
contempla el opaco porvenir local. Se siente con alientos y la voluntad le sobra.
Bien comprende que, aquí, en San Luis le ocur iría la íntima tragedia
gráficamente expresada por de AMICIS: “Hay hombres de capacidad, dotados
para el triunfo, pero que sobrepasan el propio oficio; son piezas mal apuntadas
que mandaban la bala más al á del blanco”. JOFRÉ, ansiaba nuevos y
brillantes blancos, para ejercitar su balística poderosa que en San Luis no
marcaba impactos. Aléjace el hombre en busca de nuevos rumbos y pueblos.
Es la inquietud por la mejoración del destino. Se estableció en Mercedes
(Provincia de Buenos Aires) y emprende su lucha con la pobreza y la extrañeza
del medio. Sigue el consejo realista del padre, estudia el ambiente, rastrea el
éxito, la nombradía…
Ya esta preparado para la lucha. Mientras atiende un negocio de madera
y carbón, se prepara para rendir de abogado en la Facultad de derecho de
Buenos Aires. LINCOLN también era maderero, mientras estudiaba a la ves el
Derecho de los comentarios de BLACKSTONE, instalado en un pueblo de
Illinois…LUDWIGD, su biógrafo sugestivo, lo cuenta. JOFRÉ se recibe de
abogado en 1902.
En Mercedes, siente la atracción de la Política. Vienen sus primeros
triunfos de ciudadano. Es Concejal primero e Intendente municipal después en
el floreciente pueblo bonaerense. Enseguida un salto más; es elegido diputado
de la Legislatura de La Plata en 1907.


Comienza la vida pública del doctor Tomás JOFRÉ.
Sin embargo, más que los afanes políticos para él secundarios, le
interesan y le desviven los problemas referentes a la mejoración del
mecanismo de la Justicia en la Provincia. Produce por ese tiempo un luminoso
Informe parlamentario sobre la investigación que practica en los Tribunales de
ese Estado. Conoce a fondo el Derecho procesal en sus fases teóricas y
prácticas, y ha descubierto las fal as y rémoras que hay que combatir para
lograr una justicia rápida y barata. Las malas y vetustas leyes procesales
inficionaban a toda la Justicia del país. Se siente movido a luchar por su
reforma y esa va a ser de hoy en adelante su bandera de batalla intelectual.
En 1908 es designado profesor de Derecho procesal en la Facultad de
Buenos Aires.
Tiene, ahora, el amplificador de la cátedra ilustre y de la banca
legislativa para batir el parche de su noble predicamento jurídico. ¿Cómo está
la Justicia en el país?, se inquiere febril y anhelosa. Y distiende por toda
respuesta, diríase en la mesa del laboratorio, un inmenso cuerpo fofo, caduco,
sin vida y paralítico. Son las malas y atrasadas leyes procesales mantenidas
por el espíritu conservador de abogados y Jueces, como reliquias de museo! –
lo explica y lo grita a quien quiere oírlo. Ya otro puntano ilustre, el doctor

LOBOS, había hablado con coraje en el Congreso, del fetichismo del Código
civil. ¿Qué cabría decir del espíritu tabuístico mantenido en der edor de las
leyes procesales-penales?
Y ya encontramos a JOFRÉ en su postura de combate definitiva. Antes
que él, sólo habían hablado clamantis in deserti, los doctores RIVAROLA y
GARCÍA REINOSO, los primeros agitadores de la reforma de las leyes
procesales-penales. Un aliento profundamente humano encontramos en la
prédica reformadora de JOFRÉ, en lo tocante al rito procesal-criminal. En
efecto, la reforma del proceso, lo es todo, las garantías, las libertades y los
derechos del procesado son algo sagrado por que atañen a las libertades
públicas. Ha dicho ALFIERI, que “no puede ser garantida la independencia de
una Nación si no por las leyes constitucionales y por las leyes penales”.(3)
Pero entremos en la obra del gran jurisconsulto, no sin antes decir que
encontramos en sus libros muchas veces el tono agrio ya la nota
grandilocuente, ya la rudeza del cautiverio reveladora de la gran pasión que por
sus ideales jurídicos abrigo, BECCARIA y VOLTAIRE, hablaron así cuando
tronaron contra los espeluznantes errores judiciales de su tiempo. Antes de
1909, la Legislación procesal-penal, en todo el país, adolecía de espantable
atraso en cuanto imperaba en ella el sistema del secreto de sumario.
Toléreseme aquí un poco de divulgación jurídica, pues la gran mayoría de mis
oyentes no son abogados, y la juventud debe conocer claramente en qué
consistió la obra meritoria del maestro que hoy recordamos.
El sistema del secreto del sumario, digámoslo, claramente, consiste en
mantener acorralado al presunto delincuente, inter se averiguan los hechos y
se acumulan pruebas. El defensor sólo puede intervenir tardíamente y a
medias; inter tanto el Juez y la Policía acumulan elementos de cargo, tienen
sitiado al procesado, en rigurosa incomunicación para que no pueda procurarse
pruebas de descargo. Cuando puede hablar y defenderse se encuentra con
que se le ha monumentalizado una prueba en su contra, diría el autor de
Crainquevil e.
Este sistema, se lo debemos al Derecho canónico y lo usó la Inquisición
en los delitos de herejía, y lo adoptó el Derecho medieval. VOLTAIRE, que fué
un procesalista literario, diríamos, y que en su tiempo clamó contra la barbarie
legal y los errores judiciales, describe con tocante elocuencia el sistema de la
incomunicación rigurosa del procesado:

Encerrar a un individuo en una celda, dejarlo allí solo, en medio del espanto y
la desesperación, inter ogarlo a solas cuando su memoria se encuentra extraviada por
las angustias del temor, es lo mismo que atraer a un viajero a una caverna de
bandidos para asesinarlo… Es precisamente el método de la Inquisición; la palabra
sola causa horror.(4)

Por lo que veis, no había igualdad entre la acusación y la defensa. El
Fiscal y el Juez, los únicos que tenían derecho a probar, a espaldas del reo.
Anatole France, que reflejo en sus libros maravillosos, la inquietud de todos los
problemas espirituales contemporáneos hace hablar sabia e irónicamente a su
buen abate Coingnard:

-Hijo mío: la sola idea de que han de ser Jueces los que hagan justicia, me
causa una insuperable turbación. Es fácil comprender que se hayan interesados en
declarar culpable a quién les inspiró sospechas.
El espíritu de clase tan poderoso en el os, los empuja; por eso vemos que en
todos los procesos evitan la defensa como a un importuno, y sólo le dan acceso
cuando la acusación a revestido sus armas y aderezado su rostro apareciendo al fin, a

fuerza de artificios, como una hermosa Minerva. Por el espíritu mismo de la conquista
tienen propensión a ver un culpable en todo acusado.(5)

No conozco una pintura más elocuente del sistema del secreto sumarial
inquisitivo. Una consecuencia parásita de tan enorme sistema de Instrucción
procesal, es el sistema de las pruebas legales, que consisten en lo siguiente: el
Juez, solo puede dar por demostrada la culpabilidad cuando se reúnen un
determinado número de circunstancias que marca la ley, cuyo concurso
entraña la convicción del Juez y en ausencia de las cuales debe declararse no
convencido. Rige entonces el aforismo conocido: ¡Lo que no está en los autos
no está en el mundo! Quiere decir, que por un lado se facilitaba enormemente
el poder del Juez, dejándolo obrar sin cortapisas, en la acumulación de las
pruebas, sin defensa del reo, y por el otro, sólo podía condenar cuando esas
pruebas reunían condiciones extrínsecas, sin dejarle puerta alguna a su
criterio, a su libre convicción o impresión dejada en el proceso.
Recurramos una vez más al ejemplo que nos dan los escritores y los
novelistas, que reflejan coloridamente la realidad de la vida. Por hoy,
ahorraremos las citas jurídicas en homenaje a la amenidad. Quien lea esa
impresionante evocación de la trágica existencia rusa, que es Crimen y Castigo
de DOSTOIEWSKY, se detendrá conturbado el ánimo al seguir las maniobras
inhumanas, torturantes, que emplea el Juez de instrucción Porfirio Petrovich,
para obtener del procesado Raskolnikoff unas pruebas legales que le faltan
para asentar la sentencia.(6) El Juez sabe íntimamente que Raskolnikoff es
culpable, pero no tiene aún cómo asirle. Y comienzan los inter ogatorios, la
coacción secreta, suave pero pérfida; la tortura psíquica, degradante para la
personalidad humana, horrible como el tormento de la gota de agua…Con el
sistema de las libres convicciones, ¡cuánto espectáculo asqueante nos
ahorraríamos y de que están l enos los archivos de los gabinetes secretos de la
Historia judicial!...
La antigua antinomia entre el sistema de las libres convicciones y el de
las pruebas legales, es brillantemente expuesta y explicada en todos sus
aspectos, hasta fijar el estado actual de las discusiones, por el eminente
profesor de la Universidad de Módena, E. FLORIÁN. Este escrito, se pregunta
hasta dónde debe darse ingerencia a la ley en el valor de la prueba. “Juzgará la
ley o debe juzgar el magistrado?”
A la certeza moral del hombre, se contrapone la certeza moral de la ley.
Las conclusiones del referido penalista, son más o menos en síntesis éstas: la
influencia legislativa en la determinación del convencimiento del Juez, debe ser
eliminada como método fundamental, pero tampoco debe hacerse de la libre
convicción un principio intangible, una indeleble preocupación de sistema o de
escuela. El método de las libres convicciones no puede importar la anarquía en
la estimación de la prueba.(7)
Y bien, el maestro JOFRÉ, emprendió abierta campaña para suprimir
esas enormidades judiciales. El fetichismo de los Códigos, como dijo LOBOS,
ha sido un fenómeno palpable entre los argentinos, apegados a leyes viejas,
con un amor supersticioso digno del que profesaba “la mentalidad primitiva” –
descripta por LEVY BRUHL hacia sus tabúes… JOFRÉ, no se explicaba esto, y
se propuso insuflar en la conciencia del país la necesidad de abatir viejos
reductos de la superstición jurídica, suprimir el secreto sumario, mitigar la
incomunicación rigurosa del procesado, aun ante su defensor, establecer la
igualdad en la acusación y la defensa, dar a los Jueces la facultad de usar sus
libres convicciones en la apreciación de la culpabilidad. Éstas fueron las ideas
más salientes por las que libro incansables batal as el maestro que hoy
recordamos.

Sin embargo, estos viejos ritos procesales que hoy nos parecen una
herejía jurídica y antihumana porque ya lo hemos abatido, imperaban hasta
1896 en el mundo civilizado. Le tocó a Francia como siempre, dar el ejemplo de
humanización de sus leyes. Habían l egado al Gobierno hombres de tendencias
liberales como WALDECK-ROUSSEAU, COMBÉS y CLEMENCEAU, y se
dieron a reformar su vieja Legislación. Apasionó desde el primer momento la
discusión de la reforma de sus leyes procesales penales. Se pusieron en el
tapete las cuestiones referentes al secreto sumarial, incomunicación del reo,
igualdad entre la defensa y la acusación. Era ya casi fin de siglo y la discusión
había durado varios años, surgiendo divergencias entre las dos Cámaras de
Parlamento francés sobre la manera y alcance de organizar una legislación que
armonizara la libertad de defensa de los procesados, y la estabilización del
orden y seguridad sociales. En esos debates se libraron duelos oratorios
famosos entre los que defendían el misoneísmo de los Códigos y los que
propugnaban las ideas liberales en materia procesal. Un día solemne y
memorable en la historia de las libertades públicas del mundo, fué cuando el
diputado M. CONSTANT, logró armonizar las divergencias de criterio y se
votaba la ley de 8 de diciembre de 1897 en que se establecía “que para el
abogado del acusado no hay secreto de incomunicación (Art.8), que el Juez
sumariamente tiene la obligación de advertir al procesado que no está obligado
a declarar y que tiene derecho de nombrar abogado antes de declarar”. ¡M.
CONSTANT, consiguió el más grande triunfo que haya logrado la abogacía en
el mundo!(8) El acusado podía defenderse desde el comienzo del sumario. No
sería más víctima de su ignorancia y de su aislamiento. En 1902 adoptó iguales
reformas Bélgica.
¿Y sabéis quién adoptó por primera ves tan preciosas garantías en la
Republica Argentina y en América del Sur? Fué el maestro JOFRÉ, en el
Código de procedimientos criminales de San Luis, que él proyecto y que votó la
Legislatura de San Luis en 1908, apenas diez años después que Francia daba
al mundo su singular ejemplo de humanitarismo liberal! Fué una honra para
San Luis y para su Legislatura que lo hacía ley.
El proyecto para San Luis, fué empero discutido. Se le interpolaron
algunas modificaciones que lo afearon…JOFRÉ quería la amplia publicidad del
sumario. Sin embargo, el Código que se votaba, era el más adelantado de todo
el país y quizá de la América meridional.
Enumeremos en tanto las excelencias más características del Código de
JOFRÉ: publicidad del juicio para el acusado, su defensor y Agente fiscal
desde sus comienzos, celeridad del proceso fijando términos breves,
organización de la defensa bajo formas racionales y garantidas, supresión del
querellante particular en los delitos de acción pública como una reacción contra
el sistema de la bárbara vendet a, indivisibilidad de la confesión, el
sobreseimiento provisorio previa conformidad del procesado, la excarcelación
provisoria bajo fianza aún para los delitos más graves, recusación sin causa
que pueda alegar el procesado para evitar que el juez sumariante falle la causa
si así lo prefiere, etc. A el o hay que agregar el apartamiento en todo lo posible
de la policía en la instrucción del sumario, cáncer del proceso criminal
argentino desde épocas muy anteriores.
El recurso de habeas corpus, por primera vez extendido tan
ampliamente, aún para remediar una situación creada por un auto de prisión
preventiva injusto.
Finalmente es notable el beneficio del Art. 361 del Código, al establecer
que si en el acuerdo que celebre el superior Tribunal para dictar sentencia
definitiva o al pronunciarse sobre la detención o prisión preventiva o

sobreseimiento del procesado, resultare que uno de los vocales está en
disidencia en favor del reo, se suspenderá el fal o y se l amará a un Conjuez a
integrar el Tribunal. Si resulta empate, prevalecerá el voto favorable al
acusado.
En nuestro Foro no faltaron los alarmistas, los que llamaron a su obra el
Código del defensor, haciendo argumentos –ad paverem- de que muy pocos
delincuentes pueden ser condenados en perjuicio del orden social. En cambio
podía afirmarse que los 13 Códigos restantes en el país eran Códigos del
magistrado.
Aún perdura en nuestro ambiente lego, un tufil o desconfiado alrededor
del Código liberal del doctor JOFRÉ, pero ningún espíritu serio puede
alarmarse ahora, porque su Código ha penetrado ya en nuestra entraña social,
y no ha escapado el delincuente y en cambio se han vindicado muchos
inocentes. Aquí voy a hacer referencia a una de las tantas discusiones surgidas
a su alrededor. Dícese que un abogado hábil y perspicaz puede triunfar
fácilmente con peligro de la verdadera justicia; pero esta posibilidad puede
fácilmente contrar estarse si se nombran Jueces capacitados, diligentes y
activos. En ese caso, nadie es más que nadie.


Otro de los más caros ideales de JOFRÉ, dentro de sus nobles
ambiciones de innovador fué la abolición del proceso escrito, actuado. Fué un
paladín de la oralidad procesal. En su Proyecto de código para San Luis no
pudo establecerlo. Comprendió que había que agitar primero el ambiente
jurídico del país. Sin embargo hagamos notar que en el Código viejo de San
Luis, del año 1885, del que fueron autores DARACT, del CAMPILLO y C. J.
RODRÍGUEZ, se establece el juicio oral que se practicó escasamente en
nuestro medio y sobre todo en un proceso que conmovió a nuestra sociedad.
El juicio oral, según este Código, era presidido por el Juez del crimen,
con apelación ante el superior Tribunal, lo que lo desnaturalizaba. El
inconveniente económico –según los codificadores-, era lo que les impedía
darle el verdadero desarrollo según sus ideas y convicciones. Era un juicio oral,
sólo de nombre, dijo JOFRÉ.
Hemos dicho que el maestro comprendió que era necesario agitar a este
respecto de la oralidad del juicio criminal, la opinión pública.
Dio entonces numerosas conferencias, y en su cátedra, tanto en la
Facultad de Buenos Aires como de La Plata, no cesó un instante de hacer
propaganda en su favor. En 1914 editó su libro Causas instruidas en Buenos
Aires durante los siglos XVI y XVI I, colección de procesos antiguos, fuga de
frailes, prisiones por deudas, raptos, etc., precedidos de una erudita y notable
Introducción. JOFRÉ intentó demostrar que el procedimiento colonial, seguía
superviviendo asombrosamente en nuestros Tribunales, con sus mismos
defectos y sus mismas características. Vale decir que nuestros hábitos
judiciales seguían girando en torno a viejos formulismos legales al igual que
esas orugas procesionarias, de que nos habla MAETERLINCK, que creen
avanzar porque siguen a la primera, tan torpe como las demás, sin darse
cuenta que giran alrededor del borde de un recipiente redondo…
En este libro nos dice:

Durante la época colonial se aceptó el procedimiento escrito que es un rasgo
del sistema inquisitivo, que todos los países han dejado de lado, porque además de
que se presta a la eterna morosidad judicial, aleja la investigación de las fuentes que
es donde puede ponerse al Juez en contacto con la realidad de las cosas y con la

vida. En el procedimiento oral el Juez que va a fallar, oye al testigo en plena luz,
recogiendo de sus labios la versión exacta de los hechos, en vez de irla a buscar en
las pálidas, y a veces ininteligibles páginas del expediente.

Mientras tanto, desde su banca de legislador en la Provincia de Buenos
Aires, no había cesado un instante en demostrar la necesidad de ar eglar y
corregir el mecanismo de la Justicia Provincial. Desde 1907 se venía poniendo
de manifiesto las corruptelas, la morosidad y las causas de esa mala justicia;
para él todo residía en la vetustez de las leyes procesales.
En 1907 no más, presentó un Proyecto de reforma del Código de
procedimiento penal, que fué difiriéndose indefinidamente. Entonces el
diputado doctor JOFRÉ promovió una encuesta entre profesores, jueces,
abogados y hombres de estudio. De nada le valió; el Proyecto aludido fué
pasado al archivo después de la larga espera. Fué en 1912 que el maestro
presentó un Proyecto completo de Código de procedimiento penal, el que fué
sancionado por la Cámara baja en general y en particular. Pasó al Senado y
volvió a dormir en las comisiones, en medio de ese nirvana propio de las
Legislaturas políticas y ociosas. Nada hay más desesperante para el estudioso
imbuido del bien público, que ese complot del silencio que hacen los
misoneístas y pacatos, hacia los proyectos innovadores.
Baltasar GRACIÁN, ha escrito una alegoría de la espera que podría
aplicarse ceñidamente a las dilaciones parlamentarias; podríamos recordar con
él: “En un car o y en un trono, fabricado éste de conchas de tortugas,
ar astrado aquél de rémoras, iba caminando la Espera, por los espaciosos
campos del Tiempo, al palacio de la Ocasión…”
Un buen día, el doctor JOFRÉ, anunció que iba a hacer renuncia de su
banca, cansado de luchar por su Código, que no alcanzaba sanción definitiva,
no obstante seis años de elaboración paciente, discusiones, consultas, etc.
¡Por fin fué convertido en ley a comienzos de 1915!
El maestro JOFRÉ, triunfaba sobre la tradición conservadora, sobre el
espíritu de clase, sobre la alarma de los mistagogos del antiguo culto de la ley
muerta y andrajosa. ¡Fué un triunfo de la Abogacía argentina con resonancia
en todo el país!
La hazaña del maestro JOFRÉ fué doblemente meritoria. La tradición del
país era de sancionar Códigos a tapas cer adas, confiándose en el clásico
Magíster dixit de sus autores, a menudo juristas famosos. El fundador del
precedente fué VÉLEZ, a quien nadie la discutió porque era el mayor genio civil
de su tiempo, como recuerda AVELLANEDA. JOFRÉ triunfó en el debate
contra la corriente fetichista. El Código que acababa de convertirse en ley, era
más adelantado y renovador que el de San Luis, su fruto primigenio de 1909.
Indudablemente que JOFRÉ tuvo que transigir mucho con los timoratos
y con los prudentes que estigmatizó LUCRECIO, pero recur ió, a mi juicio, a un
ardid que iba a dar resultados sanos y fecundos. No pudiendo derribar algunas
instituciones que estaban y están incrustadas en nuestros hábitos legales, se le
permitió introducir como institución optativa –de repuesto, diría Jean CRUET-
en el organismo del Código ese gran tipo de substanciación procesal que se
llama el juicio oral. Fué una concesión en homenaje al maestro, al luchador,
pero aquí residía el triunfo mismo de su batal a legislativa. El juicio oral, dentro
de un Código de procedimientos escrito, era un cabal o troyano, l amado a
destruir con su fuerza de sorpresa al enfilado ejército de las normas vetustas. Y
JOFRÉ metió en su juicio oral todas las ideas atrevidas que venía predicando
desde largos años atrás. En efecto, en diez y ocho artículos se revoluciona
todo el procedimiento tradicional; los testimonios escritos del sumario no sirven,
es un procedimiento de instancia única y para las causas graves, los Jueces

obran como Jurados y para la apreciación de la prueba no se sujetaran a regla
alguna: el acto es a puertas abiertas para todo el mundo, la acusación y la
defensa contienden abierta y libremente, el Fiscal no tiene privilegios de toga ni
de investidura, y el proceso dura apenas horas.
Casi podríamos decir que antes de ponerse el sol el reo ya sabe si es
condenado o es absuelto, realizándose un ideal que alguien proclamó. La
implantación del juicio oral en la Provincia de Buenos Aires, revolucionó el
ambiente jurídico de la República. Desde entonces hasta hoy, leemos en los
diarios, las coloridas crónicas de los procesos famosos que se ha sustanciado
por intermedio de la oralidad. Nuestra Provincia, siempre admiradora de la obra
jurídica de uno de sus hijos predilectos, adoptó también el juicio oral, mediante
ley del año 1916.
En su carácter de institución optativa ha sido usada entre nosotros con
parquedad y no muy frecuentemente, primero por modalidades retraídas de
nuestro Foro, segundo por la poca frecuencia con que a nuestros Juzgados del
crimen llegan causas resonantes que despierten interés. Siempre ocur e lo que
previó el inmortal QUEVEDO: “Al que ahorcan es por pobre”!
La Provincia de Tucumán, adoptó también el juicio oral, en materia
criminal, al adoptar el proyecto de JOFRÉ como Código de la provincia. En
estos días el senador de la RETA, ha presentado al Senado mendocino, un
Proyecto en que articula el juicio oral en materia criminal, calcando la ley del
doctor JOFRÉ(9).
En el Colegio de abogados de la Capital federal, también en estos días,
se han dado conferencias abogándose por la oralidad en el proceso criminal y
civil, y hasta se ha formado un centro de propaganda pro-oralidad.
Como veis, al maestro JOFRÉ le toca el honor de haber abierto la
primera brecha en nuestro oscurantismo legal, y por eso el doctor Absalón
ROJAS le llamó con acierto nuestro último libertador en el orden jurídico. La
oralidad se abre paso en el ambiente nacional. No podremos finalmente
terminar este esbozo a grandes rasgos de la obra innovadora de JOFRÉ, sin
recordar que su célebre Código de la Provincia de Buenos Aires, legisló el
recurso de habeas corpus, nuestra más preciosa garantía individual, en una
forma tan amplia, tan sabia, tan revolucionaria, que le colocó el más alto sitial
de los benefactores de nuestras libertades individuales. Antes, el recurso de
amparo era allí una mera expresión sonora. En el Código de la Provincia de
Buenos Aires, el recurso es aún más generoso que el de San Luis. Prevé
catorce situaciones distintas aunque la enumeración no es limitativa y declara
procedente el recurso contra toda orden ilegal o procedimiento que restrinja sin
derecho, la liberta de una persona, no importa que ella emane del Poder
Judicial, del Poder legislativo o del Poder ejecutivo.
Las leyes vetustas, como el Código procesal de la Capital federal, sólo
conceden el recurso contra las órdenes ilegales que emanan de “un funcionario
público”.
Aun hasta hoy, ciertos Jueces claman al cielo, escandalizados de la
libertad del recurso organizado por la ley Jofré, pero es el caso de que nunca
se ha abusado de él, ni ha ocur ido ningún escándalo al respecto.
¡La máxima garantía individual, resplandece, con fulgores
imperecederos en el Código del maestro, la más avanzada obra legal del país!
No es posible exponer con detalles –en esta conversación escrita, más
que todo de divulgación-, otros aspectos de la obra jurídica de JOFRÉ.
Bástenos recordar, que dejó escritos libros que son la her amienta diaria de los
hombres de ley, como Manual de Procedimientos civil y criminal, como el
Código de 1922 y como su Revista de Jurisprudencia, el Daloz argentino como

se le ha llamado, y que es el penen mostum necesarium de todas nuestras
perplejidades jurídicas.
Sin embargo, es ineludible tener que referirnos a su versación de
criminalista insigne. Planteó cuestiones nuevas que resolvió a favor de sus
tesis la Suprema corte de la Nación; intervino en procesos famosos en que
brilló a la altura del célebre Maître LABORÍ de los Tribunales franceses y fué
consultado con respecto y con preferencia por las Comisiones parlamentarias
que prepararon el Código penal de 1922. La ley de er atas de este último
Código, sancionada en 1923, fué dictada por sugerencias de una conferencia y
de unas publicaciones del maestro, en que puso de manifiesto con sabia
perspicacia y madurez de juicio, muchos lunares de la ley que podían ser de
consecuencias en la diafanidad de la interpretación.
Y bien, llegamos al final de esta rápida vista de conjunto de la vida y
principales obras del maestro. Su biografía no está exornada con los
accidentes sonoros que otorgan las posiciones públicas y los cargos oficiales.
Su vida fué más que todo mental.
Su prestigio y su fama de maestro del Derecho, se había ambientado
con perfiles seguros en todo el país. Su nombre estará ligado por muchos años
al progreso de nuestro Derecho de forma, que impuso con su acción tesonera
en todos los terrenos de la discusión y de la acción. No nos cansemos de
recordarlo: ¡fué nuestro último libertador en el orden jurídico!
El gran penalista doctor Julio HERRERA, le llamó “eximio cultor y
maestro del Derecho procesal; sabio jurisconsulto e innovador de leyes”. Como
legislador, ejerció oficio de creador. Nada más difícil que ser buen legislador.
Como lo recuerda el doctor Absalón ROJAS, en la antigüedad eso tenía algo
de enviado divino.

Moisés subió al Sinaí, para oír la voz de la eternidad y dictar el Decálogo
primordial, El legislador moderno debe ser intérprete de la voz de la muchedumbre,
especie de vidente en la entraña colectiva. Ha dicho Jean CRUET, refiriéndose al
legislador moderno “que para ser obedecido sin coacción, se verá en la necesidad
cada vez más difícil de hacer leyes excelentes, imponiéndose por su utilidad
reconocida, por su equidad evidente, por la adhesión calurosa de la conciencia social:
la ley, hoy día, -continúa- obliga por su contenido más que por su origen y si es una
buena ley, obedecerla no es un deber, es una necesidad”.(10)

El legislador JOFRÉ, gobernó y seguirá gobernando, sin insignias de
mando; en los desatinos de muchos hombres, por años y años, porque les dió
leyes sabias y previsoras. Y sobre todo, legisladores humanos como JOFRÉ,
que en sus inspiraciones pareció tener siempre presente el sarcasmo dantesco
de Oscar WILDE, cuando en La Balada de La Cárcel de Reading, recuerda que
“toda prisión que levantan los hombres, está edificada con los ladril os de la
infamia, y cerrada con los barrotes por temor de que Cristo vea cómo mutilan
los hombres a sus hermanos”!
¡Quien legisló para los pobres, para los inculpados, para los de la
ciénaga, merece la memoria enternecida de sus semejantes!
¿Qué decir del maestro, en fin? Su cátedra constituyó el objeto
primordial de sus desvelos. Formó generaciones de abogados, en quienes
depositó la levadura fecunda de un sano liberalismo. Quien asistió a sus clases
de seminario donde se elaboró un Proyecto de código procesal civil, que el
maestro aspiraba ver implantado en todo el país, para lograr la unificación de
nuestras leyes procesales, pudo seguir las evoluciones siempre juveniles de su
pensamiento. Se renovaba siempre, asimilaba las novísimas doctrinas, y

cambiaba sus gastadas teorías, en una fiebre de renovamiento y
transformación constantes.
Refiere Eugenio d’ORS, en su sabroso Flos Sophorum, que un día,
daban una fiesta sus admiradores y discípulos al viejo lord KELVIN, el gran
físico e inventor inglés, con motivo de su jubileo. Alguien le habló entonces, de
sus antiguas teorías que a tan hermosos resultados habían conducido. “Estas
teorías –contestó el sabio- ya no las admitiría hoy: he renunciado a el as”. Y
expuso ideas muy distintas, tan atrevidamente, que algunos de sus discípulos
quedaron escandalizados. “Hubo una gran consternación –ha contado R.
POINCARE que estuvo presente-. Sus discípulos no podían seguirle en su
evolución. Eran menos jóvenes que él… Lord KELVIN sonreía”.

¡Con cuánta fuerza que se representaba al espíritu del que habla, la
tocante escena descripta, allá en los días de 1927, cuando la Convención
reformadora de nuestra Constitución local, celebraba sus sesiones y cuando un
día el doctor JOFRÉ propugnaba la reforma del Ministerio fiscal; él también
había cambiado de opinión; sus discípulos no podían seguirle en la evolución!
Antes
de concluir,
evoquemos
por última vez al hombre.
Identifiquémonos por un momento con su intimidad; estaría él y nosotros quizá
en familia… todos le conocíais. De estatura tal vez mediana; el indumento
modesto y casi negligente: es que era un trabajador. Su chambergo redondo y
a menudo polvoroso, trasuntaba un criollismo innato y sin alardes. Era en
efecto un martin-fier ista fervoroso, y como variación a sus preocupaciones
jurídicas, alguna vez disertó con maestría y notable versación sobre el poema
gauchesco de HERNÁNDEZ que oyó y aprendió de memoria en su niñez en la
campaña puntana.
Su cabeza firme y poderosa, parecía comprimida al vuelo de las ideas
por una venda que hizo características su efigie popular. El ojo interno de que
nos habla Marcel PROUST, no era una mera coincidencia física; es que era
zahorí, penetrante, analista, alerta en la contemplación de los hechos y de los
problemas. Nunca olvidó a su tier a y a sus hombres. Conocía a fondo la
Historia del viejo San Luis y vinculó siempre a sus obras y a sus recuerdos, el
nombre querido de su Provincia. Imitando una figura ya difundida, podríamos
asegurar que llevaba al puntano “dentro de sí, como la custodia conserva la
hostia”. No adoptó jamás un desdén resentido, ni fué un desar aigado de sus
lares, como otros puntanos ilustres, aun cuando sus conterráneos fueran
ingratos con él… Como Anteo necesitaba de tarde en tarde el contacto con el
terrón maternal, para proseguir el tráfago de sus luchas. Era afable y modesto
en su trato. Su pedestal era bajo para el fácil contacto con la muchedumbre.
Nada de lo que fuera humano le era desconocido.
No practicó nunca la postura de filósofo hipócrita: admitió sin falsas
protestas, las amables recompensas que a veces da la vida en el camino…
Y vengo ahora aquí, a manera de una viñeta de esas que cier an en
capítulo viviente de un libro, una anécdota verísima de su vida. No la
escatimemos; la anécdota biográfica, es como una fresca flor que alegra el
toque obscuro de los solemnes retratos. La que voy a referir, envuelve la
ternura de DICKENS, el pintante humour de CHESTERTON y quizá sobra para
lograr un breve apunte de sociología del delito.
Un reportero de diario preguntó al doctor JOFRÉ:

¿Se puede saber, doctor, cuál fué “La súplica de una viejecita de
Bolívar”?
-¡Como no, como no!- contestó.

Es la anécdota siguiente, con que pensaba describir una clase curiosa
de cuatreros.

En uno de mis viajes a esta población y entre las tantas visitas que se
presentaron para consultarme asuntos relacionados con mi profesión, se presento una
viejecita de unos 70 años, la que con exclamaciones de manifiesta ansiedad, se
expreso en estos términos:
-Señor: he quedado sola en el mundo, sin más compañía que un nietito rubio,
muy lindo y muy bueno. Este nietito, huérfano de madre y como si no tuviera padre
porque anda rodando por ahí, es muy mío y como le digo es mi única compañía si mi
nietito se muere, yo moriré enseguida.
-Si el nieto es sano, señora, no tiene porque alarmarse- contesté.
-Sí es sano, señor, pero mi nieto tiene un petiso overo, con las patas derechitas
la cabeza muy bien formada. Un petiso muy lindo que es toda su alegría. Si el petiso
se muere, mi nieto se morirá de disgusto y yo de pena.
-¿Y qué puedo hacer yo para que sus temores no se realicen…?
-Es que frente a mi casa –dijo con cierto terror la viejecita- vive un gringo que
hace y vende salame y mortadela, y… ese gringo mira con malos ojos al petiso. Usted
que es bueno, doctor, ¡dígale al gringo que no vaya a carnearme al petiso!...
-Yo –dice el doctor JOFRÉ- que comprendí todo el trágico temor de la viejecita,
no sólo intervine ante el gringo para que no carneara el petiso, sino que para evitarlo le
llevé conmigo al gringo para Buenos Aires.
Allí en mi casa ¡lo tengo de cocinero! Este es el espécimen –termina el doctor-
del cuatrero italiano que roba animales para fabricar embutidos…(11)

MACAULAY, dijo con su profundo sentido histórico de las cosas, “que el
autor de una gran reforma siempre ha sido impopular en su época; pasa
generalmente la vida en la ansiedad y el peligro, e importa mucho a la
humanidad –agrega- que la memoria de estos hombres se respete y considere,
como merecen, para que la esperanza de legar un nombre ilustre, les aliente y
conforte en vida y resistan con ánimo sereno el olvido y la mala voluntad de sus
contemporáneos”.
Es preciso que rescatéis de la muerte la memoria del doctor JOFRÉ. No
basta que sus libros resten como cosas muertas en la estantería displicente de
una biblioteca de abogado, tal cual el esgrimista cuelga de su panoplia un arma
de combate diario. Es necesario el homenaje enternecido y publicó de la cal e o
del lugar, que recuerde al comprovinciano sobresaliente que hizo obra
perdurable en beneficio de las libertades privadas y públicas del pueblo
argentino.


















Notas:
(1) Disertación pronunciada el 14 de agosto de 1932, en el Ateneo de la juventud
Lafinur, de San Luis.
(2) A. MAUROIS: Aspects de la biographie : 1928.
(3) LOPEZ MORENO: Procedimiento civil y criminal; t. 2, p. 481.
(4) Citado por D. ANTOKOLETZ: Sobre la profesión de abogado. En Anales de la
Facultad de Derecho de Buenos Aires; t. IV, p. 426 y sig.
(5) ANATOLE FRANCE: Opiniones de J. Coignard ; p. 231.
(6) Citado por R. DOLL : Ensayos ; 1929 ; p. 45.
(7) E. FLORIAN: Del e prove penali; t. I. p. 319, 323, etc.
(8) D. ANTOKOLETZ : Loc. cit.
(9) Convertido en ley, en estos días.
(10) Jean CRUET: La vie du Droit; 1908; p. 223.
(11) El Pueblo ; Bolívar (B.A.); 14 de mayo de 1924.






XII

EL PODER JUDICIAL DE SAN LUIS Y SU
REFORMA(1)

Exposición de motivos

I
Señor presidente: Se dice en estos días que la era de las Constituciones
cuyo esplendor volvió a lucir a poco del Tratado de Versail es, está sufriendo
una intensa crisis. No creo, señor presidente, que se la conjure recur iendo a la
reforma constitucional periódica y frecuente, nada más que para que se diga
que se cumple con la promesa de una vistosa plataforma política de candidato
a gobernante…
PROUDHON hace cuenta, con cierto tono de asombro, del desparejo
avatar de las diez y siete Constituciones Francesas dictadas a partir del año
1799, sin contar con la reciente; y ZANCADA, el Autor español, nos refiere con
igual perplejidad, la odisea de las siete constituciones españolas promulgadas
en menos de sesenta años a esta parte.
Participo en frente de cada reforma constitucional de aquel temor que
embargaba al insigne señor del castil o de la Brède que nadie más que él
meditó sobre el espíritu de las leyes, y que dijo en cierta ocasión reflexiva:
“Verdad es… que es a veces preciso cambiar ciertas leyes, pero es caso raro
cuando éste l ega hay que tocarlas con mano temblorosa…”.
Hay un iconoclasta en cierne en todos los reformadores precipitados.
Pero creo al final de cuentas, que, cuando se encara una reforma
constitucional, se debe hacer la labor completa, mirando al porvenir lejano si se
quiere, pero evitando esta especie de ajetreo constitucional que en San Luis se
va haciendo casi decenal, con desprestigio para la estabilidad de nuestras
convicciones institucionales y republicanas.
Si el frecuente cambio de modas indica frivolidad; qué no decir de la
liviandad de cambiar cada decenio, de veste constitucional…(2)
Reformemos ahora sin melindres, pero reformemos para largo tiempo y
quieran así oírnos los gobernantes del futuro.

II
Indudablemente que si en algo se justifica la inquietud reformista, es en
lo que atañe a la organización del Poder judicial, para ampliar sus organismos,
para desarrollarlos y ponerlos a tono con las nuevas necesidades y el
perfeccionamiento de las Instituciones del país.
——————
PROYECTO DE REFORMAS
Sobre El texto actual de la Constitución… Art. 104 (Reformado).
“El Poder judicial de la Provincia será ejercido por un superior Tribunal cuyo
número de miembros fijará la ley y que podrá dividirse en Salas según lo requiera el
mejor servicio, Jueces de primera instancia, Fiscales, Defensores, Jueces de paz,
Jurados y demás funcionarios que esta Constitución establece o autoriza”.
Art. 111 (Modificado). Los miembros del superior Tribunal, Jueces de primera
instancia, Fiscales y Defensores serán nombrados por el Poder ejecutivo de ternas
elegidas y enviadas por la Legislatura, y cuando ocurra alguna vacante durante el
receso de ésta, la l enara con nombramientos en alguna vacante durante el receso de

ésta, la l enará con nombramientos en comisión que caducarán un mes después de
instalada la próxima Legislatura.
Art. 113 (Modificado).-Suprimir el último pár afo de este artículo que dice: “si el
título fuera expedido en la Provincia se requiere doble tiempo”.
Art. 114 (Modificado).-Suprimir en este artículo el pár afo que dice: “o abogado
provincial con dos años de práctica”.
Art. 118 (Reformado).-Los miembros del superior Tribunal, los Jueces de
primera instancia, Fiscales y Defensores, son inamovibles en sus puestos durante el
período por que sean elegidos, y si fueran nombrados por segunda vez, al vencimiento
de su primer período adquirirán la inmovilidad por tiempo indeterminado. En uno y otro
caso esta inmovilidad subsistirá mientras dure su buena conducta. Fíjase la edad de
sesenta años como límite máximo para ejercer la Magistratura judicial.
Art. 122 (Reformado).-Todo juicio o recurso deberá ser fal ado por el superior
Tribunal o Jueces durante el término que fije la ley. Si dentro de dichos términos no se
dictare sentencia o resolución, el Juez quedará impedido para seguir conociendo en la
causa bajo pena de nulidad de lo actuado. Vencido el plazo el Juez impedido deberá
remitir el expediente al Juez que deba subrogarlo para que dicte sentencia.
Tratándose del superior Tribunal esta disposición se aplicará al ministro o ministros
que incurrieren en retardo. El Procurador general intervendrá en estos casos y anotará
en la foja de servicios del Magistrado moroso el vencimiento del plazo a los fines de su
enjuiciamiento.
Art. 127 (Agregado).-Agregar al final del artículo vigente, lo siguiente: “Podrá
crearse además por la Legislatura, Juzgados de paz letrados en las ciudades asientos
de Juzgados de primera instancia y centros de población importantes, previo informe
favorable del superior Tribunal”.
Art. 128 (Reformado).-Los Jueces de paz letrados serán nombrados por el
Poder ejecutivo con acuerdo de la Legislatura; los Jueces de paz legos serán
nombrados directamente por el superior Tribunal.
Art.130 (Modificado).-Suprimir lo siguiente del artículo en vigencia: “vecino del
Partido contribuyente”.
Art.133 (Reformado).-Agregar después de la frase del artículo vigente: “ante un
jury compuesto”, lo siguiente: “de tres diputados abogados si los hubiere y cuatro
abogados residentes en la Provincia, sorteados públicamente de lista de la matrícula
por el superior Tribunal”.
G. S. L.

El aumento de la población en la Provincia, ha traído y traerá
indefinidamente el aumento de los litigios y la necesidad de contemplar nuevos
aspectos de la vida jurídica de nuestro pueblo. Siendo la Constitución de la
Provincia un sistema legal de normas fundamentales y básicas, el a no puede
estarse reformando sino después de largos períodos de tiempo y es por ello,
que deben contemplarse con amplitud las exigencias del futuro. A ello obedece
la necesidad de dejar a la ley reglamentaria, la fijación del número de miembros
del superior Tribunal de justicia de la Provincia, no estableciendo en la
Constitución en número determinado y fijo. Con igual propósito de dar
elasticidad a su funcionamiento y organización, se permite que dicho Tribunal
se divida en Salas, ya sea de asuntos civiles, comerciales y criminales, según
lo requiera el mejor servicio a medida que las necesidades lo exijan. Ello
explica el sentido de la reforma que se propone a este artículo (art. 104). En
cuanto al sistema de designación de los Jueces, hemos creído necesaria la
reforma que entraña nuestro Proyecto, al Art. 111. Creemos que el
nombramiento de los Magistrados judiciales por el P. e., de una terna elegida y
propuesta por la Legislatura, es el mejor sistema que consulta las necesidades,
lejos estamos de negar al P. e., esta tradicional facultad, reconocida y
sostenida por el Congreso de abogados reunido en Santa Fe, pero creemos
necesario moderarla un tanto. Ya sabemos por la ponencia respectiva,

sancionada en dicho congreso, que el ideal para la elección de los Jueces, es
la organización de los concursos teórico-prácticos de formación o
especialización de Magistrados, aconsejados por los congresos científicos
internacionales. Por el sistema que proponemos en nuestro Proyecto, toman
intervención en la designación de los Jueces dos poderes, el Ejecutivo y el
Legislativo en forma igualmente activa. La participación de la Legislatura en la
elección de la terna y propuesta de los jueces, deja de ser formalmente
consultiva como en la disposición vigente. La designación de los Jueces no
queda así librada al arbitrio exclusivo, comúnmente de una sola persona, que a
veces formula las propuestas guiada por un sentimiento amistoso o de
favoritismo inspirado por compromisos políticos casi siempre.
De gran acierto y tono realista es la opinión del eminente jurisconsulto
español, doctor Angel OSSORIO, hoy residente en el país, quien en su
magnífico libro El alma de la toga, ha dicho en el capítulo que intitula: La recluta
de la Magistratura: “No me parece buen sistema el vigente en la Argentina para
el nombramiento de Jueces y Magistrados. Sin duda alguna, el Presidente de la
Nación ha de proceder con elevación de miras y el acuerdo del Senado ha de
ser también garantía de prudencia y buena selección. Mas no se puede evitar
que, siendo poderes políticos los que hacen la designación, haya cierta
confusión entre la política y la justicia; confusión que se acentúa cuando se
advierte que no faltan casos en que los hombres pasan por la Política al
Tribunal y del Tribunal a la política. Y aunque no existiera el equívoco, el
pueblo lo sospecha y con ello se deprime el respeto a la Justicia. Esta
herramienta tan delicada y sutil necesita las apariencias de la mujer de César.
El mal se agrava en las Provincias, porque el Gobernador vive más a ras de
tierra que el Presidente de la República, los círculos políticos son más
circunscritos y la Política de campanario ejerce su influencia e inocula su
veneno con más intensidad que en la Capital federal”.(3)
Ahora, agregamos nosotros que la designación de los Jueces con
intervención directa de la Legislatura se democratiza así también, dando
participación al poder que ejerce funciones más ampliamente representativas;
se permitirá a la vez una mayor discriminación en cuanto a los méritos y
calidades de los futuros Magistrados. Este sistema ha sido entusiastamente
propugnado y discutido en las Convenciones de Córdoba de 1923 y de la
Provincia de Buenos Aires en 1936. Por ello proponemos la reforma del Art.
111.
En cuanto a los requisitos para ser Magistrado judicial, hemos creído
necesario suprimir en los Art. 113 y 114 la posibilidad de que para desempeñar
tales cargos es habilitante el título de abogado otorgado en la Provincia.
Huelgan las razones para suprimir las disposiciones aludidas a este respecto,
dado el evidente progreso del universitarismo en el país. Las disposiciones
suprimidas importaban un evidente anacronismo.
Una importante reforma aconsejada por el P. e., y la Legislatura, con
motivo de la discusión de la ley 1592, que declarara necesaria la reforma de la
Constitución, es la que se refiere a la inamovilidad de los Jueces. Esta reforma
ha motivado nuestras largas reflexiones. Nuestra Magistratura judicial ha vivido
largos años en el sistema de la semi-amovilidad. Conocemos y hemos
examinado minuciosamente los sistemas conocidos sobre la duración de los
cargos de los Jueces. Al proponer el sistema a prueba, para llegar a la
inamovilidad definitiva de los mismos, creemos colocarnos en un término medio
prudente, recurriendo, además de nuestra experiencia, a la que surge del
criterio general de la gente de curia de nuestro medio local que hemos
consultado más o menos. Al pensar en ésta delicada cuestión, se nos ha

venido insistentemente a la memoria y sin pecar de escépticos, las palabras de
SIMMERMANN citadas por SCHOPENHAUER en su conocido libro Los
fundamentos de la Moral, que dicen: “Guarda en tu corazón hasta la muerte
este pensamiento; ¡no hay en el Mundo una cosa tan rara como un buen juez!”
Anotale France hace decir a uno de sus personajes, en cierto pasaje,
que él conocía a un buen Juez, pero pintado en una tabla de Alenz… A pesar
de la rareza aludida hemos tenido y tenemos algunos buenos jueces en
nuestra Provincia, pero, para abajo, luego, la gama es variadísima en toda
clasificación.
El elenco de Magistrados que desempeña actualmente el Poder judicial
en la Provincia, es en su mayoría compuesto por hombres jóvenes, muchos de
ellos recientemente egresados de las aulas; no tendríamos en realidad, un
conjunto completo de Magistrados experimentados y probados, para pasar a
ocupar en grado inamovible los cargos, salvo excepciones. Pareciera entonces
que estamos en un período de transición en cuanto a la formación de lo que
llamaríamos la clase magistratural en nuestro medio, y nunca, entonces más
oportuno que el sistema llamado de elección a prueba, que consiste como es
sabido en designar a los funcionarios por un determinado período susceptible
de una confianza que equivale a la inamovilidad definitiva, salvo las
excepciones de regla. Aceptar el sistema de la inamovilidad completa, nos
parece prematuro y podría acar earnos er ores tal vez ir eparables.

III
En cuanto a la edad máxima para el desempeño de la Magistratura
judicial, tal como la proponemos al final del Art. 118 que proyectamos, se fija en
setenta años. Sin entrar en mayores consideraciones sobre este tema por
demás conocido, como es el límite de capacidad intelectual por la edad, nos
bastará recordar la preocupación del presidente ROOSEVELT en época
reciente, por remozar a la suprema Corte de justicia del país del Norte,
llegando hasta intentar una especie de curatela a los Jueces de más de setenta
años de aquel alto cuerpo, cuyo rechazo rotundo votó el Senado.
Agregaremos solamente que en Inglaterra, el límite de edad de los
Jueces de condado es de setenta y dos años. Rigiendo igual límite para la alta
corte de Irlanda. En cuanto a las Constituciones de los Estados
norteamericanos de Conneticut, Luisiana, Maine, Maryland, Nueva York, y
Nueva Hampshire el límite se fija en la edad de setenta años.

IV
Hemos creído conveniente por otra parte, reformar y ampliar el Art. 122
de la Constitución, poniendo un remedio a lo que se ha l amado el mal
específico de la Justicia, o sea la morosidad judicial. La abreviación de los
juicios es el desideratum de las Instituciones procesales, anhelada y
propugnada en el Foro y el Parlamento de nuestro país. No obstante, como lo
recuerda el distinguido procesalista puntano, doctor Ramiro PODETTI, “los
principios que garanticen la celeridad de los juicios, son los más descuidados
en nuestras leyes procesales”.
La aspiración teórica pero sin eficacia en la práctica, viene desde lejos
en la Legislación española, cuya justicia es no obstante, la más morosa. El
Fuero juzgó (Lib. I , Tit. I, Ley XX) decía: “El nuestro cuidado es amonestar a
todos los Jueces, que non porlenguen mucho los pleytos, que las partes no
seyan mucho agraviadas”.
Un jurista francés, BELLOT, dice: “Las funestas consecuencias de una
justicia tardía equivalen al mal de la injusticia”.

En tiempos de FELIPE IV en España, el licenciado NAVARRETE,
doctrinador y consejero de príncipes, a la usanza de ciertos escritores de la
época en su Memoria Conservación de Monarquías:

Discurso II. De la dilación de los pleitos. Una de las cosas que en mayor trabajo
tiene puestos a los labradores, y que no menos congoja causa a las demás clases es
la inmortalidad de los pleitos, en que por la malicia y calumnia de los denunciadores y
escribanos, que (como queda dicho, asesta siempre su artillería sobre los pobres),
consumen el tiempo y las haciendas; y así, sería grande utilidad hal ar medios con que
los pleitos tuvieran más breve expediente, como está mandando por leyes de los
señores emperadores Carlos V y Felipe II, los cuales dispusieron que para evitar
dilaciones cavilosas, se prosiguiese en las causas con sólo una rebeldía.(4)

Volviendo a nuestra época, agreguemos que la morosidad judicial
aplasta hasta los espíritus más fuertes, desengaña a la parte y hunde al
profesional. Hay demoras de Jueces y Tribunales que recuerdan vivamente
aquella alegoría de GRACÍAN que se titula Hombre de espera, y a la cual tan
difícilmente sería adaptarse por más espíritu filosófico que se tenga: “En un
car o y en un trono, fabricado este de conchas de tortugas, ar astrado aquél de
rémoras, iba caminando la Espera por los campos espaciosos del tiempo, al
palacio de la Ocasión. Proseguía con majestuosa pausa, como tal hechura de
la madurez, sin más apresurarse ni apasionarse; recostada en dos cojines que
le prestó la noche, Sibilas mudas del mejor consejo en el mayor sosiego”.
Recordemos a ciertos pleitos y a ciertos Jueces en sus poltronas… Es
oportuno finalmente, recordar en esta materia, a aquella investigación que votó
la Cámara de diputados de La Plata en 1912, confiando la presidencia de la
Comisión investigadora al inolvidable y talentoso comprovinciano doctor Tomás
JOFRÉ, para averiguar las causas de la morosidad judicial en la Provincia de
Buenos Aires; dicha comisión se expidió en 1916, publicándose un nutrido
volumen, titulado Justicia provincial en Cuyo Cap. III se trata de La morosidad
derivada de la persona de los Magistrados. Se hizo una amplia encuesta entre
Magistrados judiciales y abogados de notoriedad y dijeron: “La morosidad
depende de los hombres encargados de aplicar la ley y no de la ley misma”.
Los tribunales con asiento en Dolores (B.A.), eran de pésima fama y con las
mismas leyes y otros funcionarios ella cambió de repente totalmente. Esa
misma enquête, agregaba que la falta de mayor experiencia y preparación de
los Jueces, es la causa de la demora judicial (doctor H. SILGUEIRA). Debe
exigirse mayor práctica profesional y judicial de los Magistrados y no la simple
exhibición del título. Otro distinguido abogado del Foro bonaerense, aludía a
esos Jueces que son elementos rezagados, intelectos inválidos o personajes
fracasados sin ubicación, que toman la administración de justicia como un
refugio económico. Criticóse también como causa de la morosidad, los
nombramientos judiciales recaídos en abogados noveles, que venían a los
Juzgados a hacer un aprendizaje largo y sinuoso, a costa de los altos y
valiosos intereses que la Justicia tutela.
La morosidad judicial se debe, en general, a los funcionarios desidiosos
y de manera ninguna a las leyes, se adoptó como conclusión.
En un tiempo, dice la ilustrada Comisión investigadora, a que nos
venimos refiriendo- la Cámara de apelaciones del Departamento del Norte,
“¡fué un verdadero sepulcro de los juicios!”. Es que existían al í los cultivadores
del statu quo.
Muy pocos han achacado al Código de procedimientos vigente la
morosidad. En proporción menor, la Comisión acusa como causa de la demora
judicial, a la rutina imperante, como ser: Leyes que no se cumplen sobre todo,

en lo referente a los términos de los Jueces para fal ar. Los términos para los
Ministerios públicos no se notifican o no se computan. Decidía en los
secretarios actuarios, para poner las notas acusando vencimientos de términos
o notificaciones operadas. La fácil concesión de recursos infundados. La acción
de los chicaneros. La pereza de algunos abogados, cansinos de la profesión,
que no hacen sus alegatos con prontitud y regularidad. La falta de entrega de
papel sellado oportunamente. Exceso de vistas de los Ministerios públicos y
partes, cuando la ley no las ordena y que acusa la pereza del Juez.
Como se ve, la conclusión a que ar iba aquel a célebre Comisión
investigadora, hace reposar la causa de la morosidad en el factor humano, más
que en las leyes y en grado principalísimo a los Magistrados judiciales que son
los que dirigen el procedimiento.
La reforma que proyectamos al Art. 122 de la Constitución, se inspira en
una sentida necesidad y tiende a convertir una disposición meramente teórica
como la que encierra la primera parte del artículo en vigencia, en un remedio
que conceptuamos más eficaz, para combatir la morosidad judicial. No hemos
olvidado al reflexionar sobre este delicado asunto lo que dice BRYCE,
comentando la actuación de los Jueces de los Estados norteamericanos: “En
una Constitución se le obliga al Juez a ser puntual, disponiendo que si llega al
Tribunal media hora después de la fijada para la audiencia, los abogados
tienen el derecho de ponerse de acuerdo para elegir al ciudadano que
desempeñara el papel de Juez y que, desde luego, entenderá en el asunto. Y
en California, no puede percibir su sueldo, sino después de haber demostrado
que no quedan por despachar sino asuntos que le han sido sometidos dentro
de los últimos noventa días. En Idaho, existe una disposición semejante, pero
no concede a los Jueces más que treinta días”.(5)
Las Constituciones de algunas Provincias se ocupan de la morosidad
judicial más como una regla de moral judicial, por así decirlo que como sanción
contra dicha rémora. La de Córdoba, en su Art. 118, cuya cor ección se deja
librada a la ley reglamentaria; la de Santa Fe, Art.125, como disposición teórica
y la de San Luis, Art. 122, que adolece de la misma insuficiencia. La sanción
del Código penal de 1922, puso de actualidad la necesidad de cor egir la
morosidad judicial en leyes procesales especiales, desde que dicho Código
castiga en su Art. 273 el retardo de la Justicia. El artículo que ahora
proyectamos no es, pues, una originalidad caprichosa dentro de la técnica
constitucional; nos hemos inspirado para ello algo en un antecedente local,
como la ley Nº 1011 sancionada en 1926, que dicho sea de paso su aplicación
ha fracasado en la práctica por su complicación casuista y por la desmesurada
gravedad de las sanciones punitorias que establece. Más práctico nos ha
parecido el sistema adoptado por la Legislación uruguaya, examinada por el
procesalista oriental doctor A. COUTURE en su curso sobre Ley de abreviación
de los Juicios, en que se inspira en gran parte el Art. 122 que proyectamos.

V
En cuanto al sistema de enjuiciamiento de Magistrados judiciales,
creemos conveniente reformar el Art. 133, en cuanto a la composición de Jury
de enjuiciamiento. El número de doce miembros, tal como lo establece la
Constitución en vigencia, es un cuerpo demasiado pesado y solemne. Un
cuerpo tan numeroso como el que establece la disposición pertinente en
vigencia, hizo decir a un convencional de Córdoba que le convertía así en “un
arma de parada”, en una “pieza de museo”; efectivamente, para poner en
movimiento un arma de tanta magnitud, requiere del damnificado en trance de

acusar a un Juez, una gran fortaleza de ánimo o de una disposición de espíritu
a prueba de fracasos y de paciencia…
El litigante perjudicado en la mayoría de los casos, rehuye afrontarse
con tan azaroso medio de lograr el castigo de los malos Jueces. Disminuir el
número de los Jurados, es agilizar y simplificar evidentemente los trámites del
proceso, y procurar la rapidez del fallo en beneficio del remedio que se procura
y hasta la reputación del Magistrado puesta en tela de juicio. La intervención de
los abogados de la matrícula en la composición de Jury, importa colocar el
proceso en el medio ambiente que le es natural, por los intereses que se
debaten y alejándose finalmente de la Política, y asegurando su cor ecto
sustanciamiento por la idoneidad de los componentes del Jurado.

VI
En lo que respecta a la creación de la Justicia de paz letrada en la
Provincia, nos parece encomiable su preconización por varios conceptos que a
nadie escapan: seguridad, ilustración de los fal os, honestidad, etc.
Decía un informe de la comisión designada por el Colegio de abogados
de la Capital federal, consultado sobre el Proyecto de ley de justicia de paz,
presentado a la Cámara de diputados de la nación en 1921 y que suscribían los
doctores Tomás JOFRÉ, Honorio SILGUEIRA y Esteban LAMADRID:

Lejanas están las épocas en que, -decían- en una embrionaria organización
social, la justicia patriarcal era la suprema aspiración o ley. En el estado actual de
nuestra civilización, dada su creciente complejidad y las peculiaridades de nuestra vida
de relación, tienen que ser otras las exigencias de la Justicia; el hombre bueno de los
tiempos primitivos, debe ser reemplazado por el hombre sabio de los tiempos
contemporáneos. Por esto el Jurado civil ingles se encuentra en lenta decadencia y en
Estados Unidos se agita desde hace tiempo la cuestión de su reemplazo.(6)

Actualmente, la Justicia de paz letrada rige con todo éxito en las
Provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, etc. Claro está que el a debe
establecerse en forma gradual, para no comprometer la economía de la
Provincia y no dejar librada al favoritismo de la Política su instalación, por lo
que se debe exigir “el previo informe favorable” del superior Tribunal, en cada
caso, como dice nuestro Proyecto. En cuanto al nombramiento directo de los
Jueces de paz legos por el superior Tribunal, lo creemos conveniente,
prescindiendo de las ternas de las Municipalidades que viven en perpetua
acefalía o que, cuando existen, proponen personas manejables o adictas a las
situaciones políticas locales imperantes.
La actual Justicia de paz en la Provincia, adolece de un mal grave en
todo sentido. La ignorancia se une a la más notoria negligencia de sus
componentes. El ideal de la Justicia de paz en forma breve, equitativa y gratis
para resolver los pequeños conflictos que afectan a las clases desheredadas,
es en nuestra realidad un mito. Procurar la designación de los Jueces de paz
entre hombres de un mayor nivel moral e intelectual, es el supremo anhelo. El
remedio debe encontrarse y arbitrarse por medio de una nueva Ley orgánica de
la justicia de paz que urge sancionarse para corregir insuficiencias.
Para terminar este extenso Informe, debemos manifestar que creemos
conveniente, suprimir en el Art. 130 los requisitos de vecindad del Partido y
calidad de contribuyente como requisito para ser Juez de paz tal como lo
aprecia el mensaje del P. e., fundando el Proyecto de reforma. Habrá menos
cortapisas para escoger a los funcionarios más capacitados y morales.









Notas:
(1) Proyecto de reforma a la organización del Poder judicial de la Provincia,
presentado a la Convención reformadoras de la constitución, en 1941, por el Autor de
este libro, en su calidad de convencional constituyente por el Departamento Ayacucho.
(2) Después, supe aquel o de JIMENEZ DE ASUA: “Una Constitución es la vestidura
jurídico-política de un pueblo…” (Vide: Anécdotas de las Constituyentes; Buenos Aires,
1942; p. 28).
(3) Angel OSSORIO: El Alma de la toga; Buenos Aires, edición Losada; p. 156.
(4) Biblioteca de Autores Españoles, de Rivadeneira; t. XXIV, p. 535.
(5) BRYCE: El Gobierno de los Estados; p. 137.
(6) J. A.: t. VIII, p. 53, Sec. leg.








XIII

APÉNDICE DOCUMENTAL


Acuse recibo de la Constitución del 53 por el Poder ejecutivo de San Luis

¡Viva la Confederación Argentina! –El Gobierno Delegado de la Provincia de
San Luis, junio 22 de 1853. Al Excmo. Señor Director Provisorio de la Confederación
Argentina y Gral. en Jefe de sus Ejércitos, Brig. Gral. Don Justo José de URQUIZA. El
infrascripto ha sido impuesto de la respetable nota que V. E. se sirvió dirigirle con
fecha 25 de mayo p.pdo., por la cual le comunica que la Constitución política de la
Confederación Argentina, ha sido sancionada por el Congreso Gral. Constituyente, el
día 1º del mismo mes, y comunicada oficialmente a V. E. en los términos que
demuestra el ejemplar impreso, que al efecto remitía V. E. la que suscribe;
manifestando así mismo V. E. que los Representantes de la Nación han l enado su
encargo, arreglando la forma en la que debemos organizarnos: y que ahora toca a los
Argentinos, desplegar el patriotismo y las virtudes necesarias para dar a ésta Idea
cuerpo y vida. Que la Constitución escrita sería una letra muerta y nada remediaría, si
no nos empeñásemos en cumplir con un celo perseverante; y un respeto religioso los
deberes que ella nos impone. Que sólo así podremos esperar que eche raíces, y tenga
duración esta obra por tan largo tiempo anhelada, y tantas veces inter umpida.
Agrega V. E., que aunque el deseo universal de todos los pueblos de la
Confederación, ha sido l egar a este punto, y ver concentrados en una ley los intereses
nacionales: que aunque los terribles sucesos de nuestra historia nos hayan hecho
comprender a caro precio que fuera de un régimen Constitucional, todas las mayorías
son opresivas y tiránicas, todas las minorías facciosas y anárquicas, y que tengamos
ante los ojos las desgracias y ruinas que nos ha producido la desorganización. Que no
pueden ocultarse al que suscribe los inconvenientes que debe encontrar el
establecimiento de un nuevo Régimen Constitucional, en Pueblos que no tienen
hábitos legales que han sido agitados tanto tiempo por las pasiones que la guer a
enciende y por la exageración de los principios que se combatían.
Y concluye, V. E. manifestando, que el Artículo 12 del Acuerdo de San Nicolás
de los Arroyos, imponía al Director provisorio el deber de promulgar y hacer observar
la Constitución; luego que fuera sancionada; y que en cumplimiento de esta
estipulación ha expedido V. E. en esa fecha, el Decreto que manda hacerla y jurarla
por ley fundamental en todo el Territorio de la República. Y que ha determinado fijar
para la promulgación y juramento, el día 9 del ppdo., mes de julio; por que en ese día
nos presentamos al Mundo como un Pueblo independiente, y que en el mismo nos
presentaremos como una Nación constituida, quedando así ligadas, dos épocas de
nuestra vida, encerrando un período de amargas pero útiles lecciones. Que sería muy
de desear, que el acto de promulgar y jurar la Constitución concur ieran todos los
Argentinos, que se hallan hoy en el Territorio de la Patria, y aún aquel os que
habitando en los países limítrofes, no fueran detenidos por obstáculos invencibles. Y
que a este objeto recomienda V. E. al infrascripto dirija una proclamación al pueblo.
Poseído el infrascripto de estos antecedentes, y del justo entusiasmo que el os
inspiran, se congratula al divisar ya la proximidad del venturoso día, en que se l enará
el vehemente deseo que constantemente ha agitado a todos los Argentinos. El clásico
e importante Documento en que está consignada nuestra Constitución nacional, es un
momento de gloria para la Confederación Argentina y de respecto y gratitud que
enaltece al Soberano Congreso de la Nación, y a V. E. La Provincia de San Luis,
entusiasta y patriótica, saluda al Genio esclarecido, que con tino político y profunda
sabiduría, ha desempeñado el elevado encargo que tan acertadamente le confiara la
República. Las grandes virtudes y eminentes servicios de V. E., son ya del dominio de
la historia; ella acordará a V. E. el alto premio debido a su grandeza Republicana, y

ella dirá a las generaciones venideras, que el Gral. URQUIZA fué el Libertador de la
República Argentina, y la prenda de su Organización, y de su bienestar. Nada más
justo y más digno, para el infrascripto, que dedicar a V. E., en esta vez, el más
elocuente testimonio de gratitud y de adhesión, por la conducta eminentemente
patriótica y sabia que vuestra excelencia ha observado a favor de la Confederación, y
a los incesantes desvelos que con tanto interés ha consagrado al bien de la República,
dándole por resultado Constitución y facilidad como dicho término de sus fatigas, y
principio deseado de nuestra tranquilidad, elevación y gloria.
El Gobierno de esta Provincia cumplirá con el honroso deber de l evar a debido
efecto todas las resoluciones que V. E. le comunica, exhibiendo así mismo un
juramento sagrado y grande, que ligará su reputación y su nombre al del Pueblo que
representa. En ese venturoso día 9 de julio en que se declaró la República libre e
independiente, otro grandioso acontecimiento de inmensa y muy gloriosa
trascendencia para todos los argentinos, quedará ligado a él. El Gobierno de San Luis
no trepidará en acudir a la consolidación de la grandiosa obra de la Constitución
Nacional, todos sus desvelos se contraerán al fiel cumplimiento de los deberes que
ella impone. Dios guíe a V. E. muchos años [Fdo]: Mauricio DARACT. –Buenaventura
SARMIENTO, O. P.




***FIN***